La joven atesoraba dinero para su fiesta de 15, pero allanaron a sus papás y ahora reclama que la Justicia de La Plata le devuelva la alcancía secuestrada.
Corría el año 2018 y la adolescente planeaba su fiesta de cumpleaños, el soñado evento de los 15 años, pero una redada policial en su vivienda de La Plata le truncó el sueño y ahora con la absolución de sus padres reclama que le devuelvan sus ahorros secuestrados en el procedimiento.
Esta dramática página de una historia compleja fue narrada por el padre de la joven durante el juicio oral que se desarrolló en el fuero penal local, en el marco del debate público en el que fueron absueltos todos los acusados. Desde entonces la joven y sus padres reclaman la devolución de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento registrado en una propiedad de la localidad de Altos de San Lorenzo donde funcionaba un comedor y merendero comunitario.
Durante su declaración en el juicio el padre de la joven aseveró que "también se llevaron el chanchito con los ahorros de mi hija para su cumpleaños de 15".
Los seis acusados fueron absueltos y reclaman desde diciembre pasado la devolución de todo lo secuestrado: teléfonos celulares, computadoras, dinero, documentación y la alcancía con los ahorros de la entonces quinceañera.
El juicio oral comenzó el 11 de octubre. Ese día declararon cuatro de los acusados. Sus relatos fueron desgarradores, generaron consecuencias judiciales que están en pleno proceso de investigación y por el que se esperan resultados concretos.
La primera en declarar fue Estela Martínez, secretaria de la asociación civil “Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos”, entidad que nucleaba a un grupo de feriantes. La mujer dijo que toda la vida se dedicó a esa actividad, que es hija de feriantes. En 2015 empezó como “mantera” en Parque Saavedra. Según narró, con el tiempo desde la Comuna pidieron que los feriantes se ordenen con mesas y gazebos. “Nosotros acatamos las órdenes del Municipio”, declaró.
“Durante meses trabajamos en conjunto con el Municipio, jamás hubo problemas, armamos la ONG, en un momento llegamos a ser más de 400 feriantes, jamás intervino la policía, nunca lastimamos a nadie, nunca apretamos a nadie”, señaló la mujer que estuvo con arresto domiciliario y tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Martínez señaló que cada fin de semana recaudaban unos 100 mil pesos que se utilizaban para el mantenimiento, el armado y el traslado de los puestos de venta y los baños. Y con el excedente sostenían una olla popular y merendero que funcionaban en su casa de Altos de San Lorenzo, una de las barriadas más populosas y carecientes del Gran La Plata.
Además, refirió que los feriantes la eligieron a ella y a su esposo para ser el nexo con las autoridades municipales. Se realizó una asamblea en el Parque, se labró un acta y se confeccionó un poder de representación firmado ante un escribano público.
“Siempre tuvimos contacto con Pablo Álvarez”, dijo en relación a un funcionario municipal. La mujer aseveró que la Municipalidad de La Plata proveyó baños químicos para el funcionamiento de la feria.
La historia de Claudia Monti generó repercusiones tras su declaración. La mujer, madre de tres hijos, colaboró durante dos meses como cocinera en el merendero y la olla popular de Huertas y Javier Martínez a cambio de alimentos para su familia. Su marido estaba enfermo y ella se puso al frente como jefa de hogar. También cantaba en eventos y trabajaba en dos boliches.
En la tarde del 14 de diciembre de 2018 llegó hasta el comedor para preparar la merienda de esa jornada para los chicos, pero se encontró con la zona repleta de policías que allanaban el lugar. Tras identificarse fue llevada a empujones dentro de la vivienda y de allí a una comisaría. Estuvo presa siete meses.
Durante ese tiempo fue quemada con agua caliente y obligada a bañarse delante de personal policial masculino. Luego la trasladaron a la Alcaidía de Melchor Romero donde fue golpeada por mujeres penitenciarias y encerrada en celdas de castigo, en la jerga carcelaria conocidas como “buzón”, donde se vive el peor de los confinamientos. “Me decían por la mirilla de la puerta que podían hacer lo que querían conmigo”, relató.
Mientras estuvo detenida contrajo una bacteria. Tardaron dos meses en trasladarla para la atención médica y quedó con secuelas sanitarias para toda la vida. Además, tuvo que comenzar el tratamiento psicológico, pero lo abandonó poque no podía pagarlo. La mujer nunca trabajó en la feria, jamás tuvo un puesto, solo iba al comedor a cocinar.
Tras escuchar este testimonio el fiscal de juicio solicitó que se extraigan copias del testimonio y se remitan a una fiscalía para que se abra la investigación correspondiente debido al calvario sufrido por la mujer. Además, en su alegato desistió de acusarla y fue sobreseída.
Alicia Lauge es feriante hace más de 27 años. Tuvo puestos en varios lugares de La Plata. Era una de las integrantes de la asociación civil. De lunes a viernes trabaja como cuidadora domiciliaria y los fines de semana montaba su puesto. Es jefa de familia con cuatro hijos y una nieta.
Ella feriaba en la plaza de 1 y 38. Cuando ese lugar se desalojó “la Municipalidad de La Plata otorgaba cupos en la feria de Parque Saavedra”, señaló la acusada, que se dedicaba a la venta de medias y repasadores.
Cuando la feria del Parque comenzó a normalizarse se buscó los servicios de una contadora para los trámites del monotributo social. Ella era la encargada de recolectar el dinero y llevarlo al estudio de la profesional para los pagos del impuesto. Ese fue uno de los argumentos para su detención.
“Yo tenía mi contadora, yo ya era monotributista, la contratación de la contadora fue voluntaria, me ofrecí a ayudar con esa tarea de llevarle el dinero” explicó y se largó a llorar al momento de relatar el allanamiento a su vivienda y su posterior detención: “En mi lote hay dos casas, la mía y la de mis hijos, la orden de allanamiento era para una sola vivienda, pero requisaron las dos”.
Alicia estuvo siete meses detenida en una comisaría en una misma celda con hombres. “Me trataban como a una delincuente, hasta se negaban a llevarme al baño”. Le otorgaron el arresto domiciliario por problemas de salud. Desde que salió de la cárcel está bajo tratamiento psicológico y además tiene ataques de pánico.
Javier Huerta es padre de tres hijas. Es “silletero”, pintor profesional especializado en grandes superficies de altura. En su piel lleva tatuado imágenes que aluden al club de sus amores, Gimnasia y Esgrima La Plata. Su madre era feriante en la tradicional “feria hippie” de Plaza Italia. En el año 2016, cuando comenzó a faltar el trabajo durante el gobierno de Cambiemos, sumaba ingresos como “mantero” en Parque Saavedra.
Aseguró que el funcionario municipal Pablo Álvarez ayudó a en la organización y que mantuvieron reuniones con funcionarios como Darío Ganduglia (denunciante en esta causa), Emanuel Reyes y Roberto Di Grazia. “Nos pedían que nos organicemos, fue así que empezamos a instalar gazebos, mesas, percheros” para dejar de lado el sistema de mantero, recordó.
“Yo soy peronista, la feria y los feriantes somos una familia y nos abrazamos entre nosotros”, explicó el ex acusado de ser el líder de la presunta empresa criminal. Huerta aseveró que cumplieron con cada paso que le pedían desde la Municipalidad de La Plata para poder funcionar como feria a la espera de una reubicación en un predio cerrado, para salir del espacio público.
Además, aportó como prueba los permisos que la propia comuna les entregaba para funcionar y una medida cautelar que los avalaba para seguir con la actividad, dictada por un juzgado Contencioso Administrativo de La Plata.
En relación al cobro de un canon dijo que no era compulsivo y que se podía trabajar sin pagar. Además, los que pagaban podían hacerlo con dinero o con mercadería que luego era destinada para el mantenimiento del comedor barrial. Al igual que su pareja aseveró que el dinero recaudado era para el mantenimiento de los stands, su traslado, el armado al inicio de la feria y el desarmado al finalizar.
A preguntas del fiscal reconoció que no entregaban ningún recibo, pero llevaban anotaciones en un cuaderno que fue secuestrado en el allanamiento. "También se llevaron el chanchito con los ahorros de mi hija para su cumpleaños de 15", se quejó el acusado al recordar el operativo.
Tras la resolución absolutoria, el fiscal de juicio recurrió el veredicto ante el Tribunal de Casación bonaerense. Sostiene que el juez no valoró las pruebas de manera correcta. Para el representante del Ministerio público el juez incurrió en una “arbitraria apreciación del plexo convictivo, y de modo extenso e indiscriminado ha relativizado y descontextualizando los testimonios” de algunos de los feriantes que declararon en el debate. “para desvalorar los testimonios (…) el sentenciante recurrió a medios que han importado, a criterio de esta parte, un quebrantamiento de las reglas de la lógica”, se quejó el fiscal.
El expediente viajó a Casación que deberá analizar el planteo del funcionario judicial. Uno de los escenarios posibles es que se dicte la nulidad del debate y se vuelva a realizar. Otro posible es que se ordene al juez dictar un nuevo veredicto, pero la defensa confía en que se confirme la resolución.
Mientras esto ocurre los abogados Ignacio Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly, reclaman que la justicia devuelva los elementos secuestrados, entre ellos, los ahorros de una joven que tenía el sueño de una fiesta para su cumpleaños de 15 y quedó trunco.