Una denuncia penal por presunto espionaje ilegal y torturas a exferiantes del Parque Saavedra de La Plata recayó sobre nueve uniformados que en el año 2018 formaban parte de la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar. La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del juez Ernesto Kreplak.
Según la documentación judicial a la que accedió este medio fueron denunciados lo uniformados Leonel Julita; Walter Agustín Bertuzzi; Miguel Cuniccella; Sergio Agüero; Luciano Paredes; Lucas Delgado; Nicolás Andrés Charras; Lorena Paola Giulianoy Diego Campana.
Todavía hay tiempo de entregar alimentos, artículos de limpieza e higiene, pañales y agua. El transporte de la UNLP partirá a las 16.
Trabajadores de prensa y estudiantes harán un camarazo en La Plata este viernes en repudio a la represión en el Congreso y el ataque al fotógrafo Pablo Grillo.
Esta denuncia se da en el marco del juicio oral que se les siguen a ex feriantes del Parque Saavedra de La Plata, acusados de asociación ilícita y extorsión. En el marco de ese debate que sigue su trámite en el fuero ordinario, surgieron indicios de actividades ilegales por parte del personal policial y de posibles casos de torturas a dos de las mujeres que son juzgadas.
“Es dable destacar que las tareas de inteligencia que se realizaron sin siquiera orden judicial, se extendieron por un prolongado lapso temporal, desde el día 25 de octubre de 2018 al 04 de diciembre de ese mismo año, incluyendo la compulsa de diversos sistemas informáticos, algunos específicamente vedado para su utilización sin orden que lo requiera específicamente, agentes encubiertos, seguimiento de personas, y un sin número de vulneraciones de derechos y garantías constitucionales; sin hallar en esencia nada sustancial, pero dando pie con creativos cuadros e imaginativas fotografías con referencias a los allanamientos y detenciones”, se detalla en el escrito presentado por la abogada Solange Barnetche Alonso y su colega Ignacio Fernández Camillo.
Para los letrados “esta clarísima mancomunión en la redacción de un documento público para sostener la realización de inteligencia ilegal con la finalidad de armar causas directamente vinculadas a lo que establecido por diversos funcionarios que se encuentra acreditado” en otra causa que tramita en el juzgado del juez Kreplak “hace a una posible asociación ilícita conformada al menos por los funcionarios policiales, debiendo indagar la posible participación de más personas en la misma, y en la cual el Auxiliar de Inteligencia Tercero Walter Agustín Bertuzzi funcionaba como Jefe, compartiendo dicha dirección con el Jefe de la Delegación de la Policía Federal de La Plata, Leonel Julita, cumpliendo las tareas de campo esencialmente los Oficiales Agüero y Cuniccella”.
Además, los abogados aportaron capturas de pantalla de las redes sociales del oficial Bertuzzi “quien abierta y manifiestamente se expresa contra el peronismo y a favor de la última dictadura cívico militar, especialmente de Jorge Rafael Videla en el marco de sus acciones genocidas”.
En otro tramo de la denuncia se hace referencia a las torturas que sufrieron Claudia Elizabeth Monti y Alicia Alejandra Lauge, en su estadía por aproximadamente siete meses en la Delegación de La Plata de la Policía Federal. Ambas declararon en el juicio oral a cargo del juez Emir Caputo Tártara. Sus relatos generan escalofríos.
La historia de Claudia Monti generó repercusiones tras su declaración. La mujer, madre de tres hijos, colaboró durante dos meses como cocinera en un merendero y olla popular a cambio de alimentos para su familia. Su marido estaba enfermo y ella se puso al frente como jefa de hogar. También trabajaba en dos boliches.
En la tarde del 14 de diciembre de 2018 ella llegó hasta el comedor a preparar la merienda de esa jornada para los chicos, pero se encontró con la zona repleta de policías. Estaban allanando el lugar, tras identificarse, fue empujada adentro de la vivienda y de allí a una comisaría donde estuvo detenida siete meses.
Durante ese tiempo fue quemada con agua caliente y obligada a bañarse delante de personal policial masculino. Luego la trasladaron a la Alcaidía de Melchor Romero donde fue golpeada por mujeres penitenciarias y encerradas en celdas de castigo, en la jerga carcelaria conocida como “buzón”, donde se vive el peor de los confinamientos, un claro caso de tortura. “Me decían por la mirilla de la puerta que podían hacer lo que querían conmigo”.
Mientras estuvo detenida se contagió una bacteria. Tardaron dos meses en llevarla para atención médica y le quedaron secuelas en su salud para toda la vida. Además, tuvo que comenzar tratamiento psicológico, pero lo abandonó por falta de recursos económicos.
La mujer nunca trabajó en la feria, jamás tuvo un puesto, solo iba al comedor a cocinar.
Tras escuchar este testimonio el fiscal de juicio solicitó que se extraigan copias del testimonio y se remitan a una fiscalía para que se abra la investigación correspondiente debido al calvario sufrido por la mujer.
Alicia Lauge es feriante hace más de 27 años. Tuvo puestos en varias ferias de La Plata. Era una de las integrantes de la ONG de puesteros del parque. De lunes a viernes trabaja de cuidadora domiciliaria y los fines de semana montaba su gazebo. Es jefa de familia con cuatro hijos y una nieta.
Ella trabajaba en la feria de 1 y 38. Cuando ese lugar se desalojó “la Municipalidad de La Plata otorgaba cupos en la feria de Parque Saavedra”, señaló la acusada, que se dedicaba a la venta de medias y repasadores.
Cuando la feria del parque comenzó a normalizarse se buscó los servicios de una contadora pública para los trámites del monotributo. Ella era la encargada de recolectar el dinero y llevarlo al estudio de la profesional para los pagos del impuesto. Ese fue uno de los argumentos para su detención.
“Yo tenía mi contadora, yo ya era monotributista, la contratación de la contadora fue voluntaria, me ofrecí a ayudar con esa tarea de llevarle el dinero” explicó, y se largó a llorar al momento de relatar el allanamiento a su vivienda y su posterior detención: “En mi lote hay dos casas, la mía y la de mis hijos, la orden de allanamiento era para una sola vivienda, pero requisaron las dos”.
Alicia estuvo siete meses detenida en una comisaría en una misma celda con hombres. “Me trataban como a una delincuente, hasta se negaban a llevarme al baño”. Le otorgaron el arresto domiciliario por problemas de salud. Desde que salió de la cárcel está bajo tratamiento psicológico y además tiene ataques de pánico.
“Nuestras defendidas en ese proceso expusieron con mucho detalle las torturas que padecieron, tratándose de una serie de vejámenes, humillaciones, malos tratos, que, por su intensidad y sostenimiento durante un lapso de tiempo prolongado, configuran el delito de torturas”, afirmaron los abogados denunciantes.
Los letrados requirieron que se investigue al personal policial por los delitos de “falsificación de documento público calificado, inteligencia ilegal, asociación ilícita, torturas calificadas y omisión de informar el conocimiento de las torturas padecidas por una persona por parte de un Juez”.