La Suprema Corte de Justicia mantiene paralizado el caso de Ricardo Gorostiza, internado en estado crítico en Punta Cana, mientras su familia espera respuestas.
El caso de Ricardo Gorostiza, un argentino de 73 años internado en estado crítico en Punta Cana, puso en evidencia la lentitud y las trabas del sistema judicial bonaerense. Mientras la vida del paciente pende de un hilo, la causa permanece detenida en la Suprema Corte de Justicia sin respuestas claras.
La Suprema Corte, integrada por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, es la encargada de definir los pasos a seguir en este expediente. Desde el inicio, su actuación es clave para que se garantice la cobertura de la aseguradora y el acceso a tratamientos vitales como la hemodiálisis.
Desde La Plata, la familia de un turista denuncia que Interassist Argentina cortó la cobertura mientras está internado en Punta Cana.
Interassist Argentina deberá garantizarle la diálisis al turista argentino y la Justicia de La Plata solicitó que la causa se eleve a la Suprema Corte.
La familia de Gorostiza denuncia que la empresa Interassist Argentina S.A., que cobró una póliza con cobertura de hasta USD 200.000, incumple las órdenes judiciales dictadas para garantizar la atención médica. A pesar de la medida cautelar parcial dictada por el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata, la empresa no cumplió con la prestación de hemodiálisis.
El expediente, a cargo de la Dra. Silvia Pelossi, se convirtió en un laberinto judicial. En lugar de dar resolución rápida al amparo, la magistrada promovió un "conflicto de competencia" que paralizó la causa y luego exigió pruebas "técnico-científicas" para autorizar un avión sanitario, algo insólito ante la gravedad del cuadro médico.
Hace ya 12 días que la causa espera una definición en la Secretaría Laboral de la Suprema Corte, conducida por la Dra. Analía Di Tomasso. El abogado de la familia, Diego Cotleroff, presentó dos prontos despacho -el 25 y 28 de octubre- sin recibir ninguna respuesta formal.
Mientras tanto, la familia enfrenta gastos que superan los 100.000 dólares. Fueron ellos quienes debieron comprar y trasladar plaquetas por su cuenta, viajando cinco horas hasta Santo Domingo. "La burocracia está matando a mi padre", denuncia su hija, desesperada por la inacción judicial.
El caso expone la falta de coordinación entre tribunales y la Suprema Corte en situaciones de urgencia médica. Cada demora puede tener consecuencias irreversibles, y la familia de Gorostiza se convierte en víctima directa de la lentitud institucional.
Desde el 1° de octubre, cuando Gorostiza sufrió una descompensación y permaneció más de cinco horas sin ser ingresado a terapia intensiva, el paciente atravesó un cuadro crítico de influenza A, neumonía e insuficiencia renal aguda. El seguro contratado cubre hasta 200.000 dólares, pero la demora en la autorización complicó su atención.
Tres días después, Gorostiza mostró cierta mejoría en sala común, pero el 7 de octubre sufrió convulsiones y un edema pulmonar que lo obligaron a volver a terapia intensiva. A casi un mes de aquel episodio, la familia sigue esperando que la Suprema Corte y los jueces Torres, Kogan y Soria tomen medidas efectivas para garantizar la vida del paciente.