El proyecto busca garantizar asistencia psicológica, establecer protocolos y evitar que los pedidos de ayuda afecten la carrera en la Policía Bonaerense.
La salud mental de los integrantes de la Policía Bonaerense volvió a instalarse en la agenda de la Legislatura provincial. Una nueva iniciativa busca crear un régimen específico para prevenir el suicidio, garantizar asistencia psicológica y acompañar a los efectivos que atraviesen situaciones de crisis.
El proyecto contempla mecanismos de intervención temprana, protocolos para actuar ante episodios críticos y herramientas de seguimiento de los tratamientos. También apunta a eliminar las barreras que pueden llevar a los uniformados a evitar una consulta profesional por temor a consecuencias laborales.
El dato surge de un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos, que contabilizó 165 fallecimientos por accidentes de tránsito en la provincia.
El Presupuesto 2027 bonaerense contempla 549.369 cargos, 500 más que en 2026, con cambios en distintas áreas y refuerzos para Salud y el Servicio Penitenciario.
Uno de los puntos centrales es que los policías puedan solicitar atención psicológica sin autorización previa de sus superiores. Además, establece que realizar un tratamiento de salud mental no podrá convertirse por sí mismo en un antecedente desfavorable ni justificar sanciones disciplinarias.
El proyecto fue presentado por el senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, quien impulsa la creación de un Régimen Provincial de Prevención, Atención y Seguimiento de la Salud Mental del Personal Policial. El legislador sostuvo que la exposición habitual a situaciones de violencia, riesgo y elevada intensidad emocional puede tener consecuencias sobre el bienestar psíquico de los agentes.
La iniciativa también establece que los diagnósticos de salud mental o los antecedentes de tratamientos psicológicos no podrán determinar automáticamente la pérdida de aptitud para el servicio. Esa evaluación continuará bajo la responsabilidad de las juntas médicas, mientras que los efectivos en recuperación podrán acceder a mecanismos de reincorporación progresiva.
Otro de los aspectos previstos es la confidencialidad de la información sanitaria. El texto propone limitar su comunicación a los mandos superiores y organismos administrativos, además de incorporar contenidos sobre primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio e identificación de señales de alarma en las instancias de formación policial.
El planteo se suma a otros antecedentes legislativos sobre la problemática. En enero de 2026, el diputado de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, había presentado un pedido de informes para conocer las estadísticas oficiales de suicidios dentro de la fuerza y las políticas de prevención implementadas por el Gobierno bonaerense.
La preocupación también tiene como antecedente un dato difundido por el Ministerio de Seguridad provincial. Durante 2024 se registraron 37 suicidios de efectivos policiales, frente a ocho fallecimientos en acto de servicio. Petrecca había presentado previamente otro pedido de informes para conocer las condiciones de atención, las licencias psiquiátricas y el funcionamiento de los dispositivos de asistencia.
En paralelo, el senador bonaerense de Unión y Libertad, Sergio Vargas, impulsó un proyecto para crear un Programa Integral de Salud Mental destinado al personal policial y penitenciario. Su propuesta también apuntó a evitar que los tratamientos impliquen una reducción de los ingresos de los agentes, una situación que puede convertirse en un obstáculo para buscar ayuda profesional.
