La iniciativa busca crear un dispositivo de salud específico para el personal de la Policía Bonaerense ante el aumento de casos de suicidios en las fuerzas.
La preocupación por los suicidios en la Policía Bonaerense volvió a instalarse en agenda y abrió el debate sobre la salud mental dentro de las fuerzas. En ese contexto, avanza una propuesta para crear un dispositivo específico de contención y acompañamiento para los efectivos.
En los últimos años, los episodios de integrantes de fuerzas de seguridad que deciden quitarse la vida se volvieron más frecuentes. Detrás de esos casos, suelen repetirse situaciones de estrés extremo, dificultades económicas, extensas jornadas laborales y una fuerte presión operativa.
La medida surge de una causa impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro.
Dos proyectos proponen incorporar contenidos de seguridad vial en todos los niveles educativos para reducir los accidentes en la provincia de Buenos Aires.
A esto se suma la falta de herramientas institucionales para abordar estos padecimientos, que muchas veces permanecen invisibilizados. Según advierten, el temor a sanciones o a perder ingresos lleva a muchos agentes a ocultar su situación, lo que agrava los cuadros de salud mental.
En ese marco, el senador bonaerense Sergio Vargas presentó un proyecto de ley para crear un Programa Integral de Salud Mental destinado al personal de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires.
"Esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía", sostuvo el legislador. Además, advirtió que los efectivos enfrentan "riesgo psicosocial crítico" por la exposición constante a situaciones traumáticas.
La iniciativa propone la implementación de un dispositivo obligatorio para los agentes en actividad, con posibilidad de extenderlo a retirados y sus familias. El objetivo es prevenir factores de riesgo, detectar de manera temprana situaciones de padecimiento mental y garantizar intervenciones confidenciales y oportunas.
El proyecto también apunta a modificar una de las principales barreras actuales: cuando a un efectivo se le retira el arma por motivos psicológicos, pierde ingresos adicionales como horas extra. "El resultado es trágico: el uniformado oculta su depresión para no sufrir un recorte salarial", explicó Vargas.
De avanzar en la Legislatura, el programa buscará establecer un sistema permanente de atención, capacitación y seguimiento, con informes anuales sobre su implementación. La meta es clara: generar condiciones laborales más saludables y evitar nuevos casos en una problemática que crece y preocupa dentro de la fuerza.