La justicia Penal de La Plata se negó a inhibir los bienes de las autoridades del Colegio Lincoln, que fueron procesadas por la muerte de Lucas Lin en la pileta de colonia de vacaciones que funciona durante el verano en el campo de deportes de la institución. El dramático episodio ocurrió el 5 de febrero de 2019 y hace tan solo dos días se cumplió el primer aniversario de la tragedia.
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La lista de autoridades procesadas la integran, Osvaldo Ramos, la accionista Roxana Costa, la representante legal Mónica Cauteruccio y el dueño de la escuela, Rubén Gerardo Monreal, asistido por el abogado penalista Juan José Losinno. Sobre ellos recayó un pedido de inhibición general de bienes. Temen que se desprendan dolosamente (con intención) de su patrimonio para evitar pagar las indemnizaciones del caso que, eventualmente, pueden dictar los magistrados intervinientes, pero el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi no hizo lugar al planteo.
El magistrado garante entendió que "sobre este tipo de medidas debe efectuarse una interpretación restrictiva en virtud de la afectación que puede llegar a causar el hecho de inmovilizar los bienes de la persona jurídica titular del establecimiento educativo 'Colegio Lincoln', el cual podría redundar en un menoscabo del funcionamiento de la institución con su correspondiente perjuicio sobre los educandos", según se desprende de la resolución a la que accedió 0221.com.ar, que fue firmada el pasado 5 de febrero, el día que se cumplió un año de la tragedia. En la resolución el magistrado señaló también que la familia Lin no inició un expediente en el fuero Civil y Comercial. Por esos motivos no hizo lugar al planteo. "El delito endilgado", homicidio culposo, "no prevé una pena pecuniaria" se destaca en otro pasaje de la resolución y aclara que "visto que aun los representantes no han iniciado la vía Civil correspondiente" el planteo no puede prosperar.
El expediente penal está en plena etapa de definiciones. El juez Silva Pelossi debe determinar si prospera o no el pedido de juicio oral realizado por la fiscal Cecilia Corfield para los once procesados. En la lista de sospechosos se anotan autoridades de la institución, guardavidas y empleados municipales.
El 5 de febrero de 2019, Lucas y un grupo de compañeros fueron a la colonia del Colegio Lincoln. El pequeño murió ahogado alrededor de las 15.30 en una pileta de grandes dimensiones, en un lugar donde no había cámaras de monitoreo.
Si bien cuando llegó la fiscal "había colocada una soga para indicar el lugar de la pileta a partir del cual cambiaba la profundidad", varios testigos aseguraron que "no había ninguna soga puesta cuando murió el nene", de acuerdo a los voceros judiciales.
La declaración de un policía y de una exempleada de la colonia de vacaciones complicaron la situación de las autoridades de la institución. De sus versiones se desprenden dos datos centrales: el lugar no contaba con una camilla de traslados ante posibles emergencias y las autoridades se manejaron con "frialdad" respecto a la familia de la víctima. Según se lee e interpreta de las declaraciones que ya forman parte del expediente, Lucas fue transportado en brazos desde la pileta hasta una oficina para continuar con las tareas de reanimación. En el predio no hay camillas de traslado, una omisión de elementos de seguridad que apunta directamente a la responsabilidad de los propietarios, quienes deben contar con todas las medidas de seguridad exigidas en el marco normativo.
Las normas de la ciencia forense indican que el cuerpo no puede ser movido del lugar hasta la llegada de los peritos. En este caso puntual el cadáver del menor no fue resguardado, eso implica, potencialmente, una posible contaminación de la escena del crimen.
Otro de los testigos describió que le llamó la atención que "nadie del establecimiento se acercó a los padres del nene (…), la frialdad con que manejaron la situación con los padres". Una de las exempleadas de la colonia confirmó que al día siguiente del trágico episodio, quienes estuvieron al momento de hecho se reunieron con una psicóloga del colegio para hablar del tema y liberar tensiones, pero la profesional intentó enfocar a los trabajadores (futuros testigos del proceso) en que "el colegio no tenía nada que ver con lo que había pasado". También confirmó que les pidieron que el lunes siguiente volvieran a trabajar y expresó: "Estábamos todos llorando, no habíamos hecho el duelo, cero respeto a la familia (de Lucas), cero respeto a nosotros".
Esta declaración le da musculatura procesal a la conducta de los directivos de la empresa educativa, quienes también están señalados de entorpecer la investigación. Tal como informó este medio, desde el Colegio enviaron a la fiscal, información errónea del plantel de personal, lo que significó demoras en las notificaciones emanadas desde la fiscalía. Los datos que contiene el documento son nombres y apellidos de los docentes, con sus respectivos domicilios, números de documento de identidad y teléfonos celulares. El informe fue escrutado en sede judicial. Detectaron que los domicilios estaban desactualizados y los números de teléfonos "adulterados".