Los estudios estarán a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo especializado que depende del Ministerio Público Fiscal y que funciona con asistencia técnica de la Policía Federal Argentina.
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La querella sostiene que Johana Ramallo fue víctima de "narcofemicidio"
Según explicó entonces, entre los archivos habría imágenes de una camioneta blanca, armas, drogas y registros tomados en una zona que identificó como cercana a Punta Lara o Palo Blanco. A partir de esas manifestaciones, la querella solicitó el secuestro inmediato del teléfono celular utilizado por el testigo y posteriormente se dispuso también el secuestro de un iPad vinculado al aparato.
Una pericia con dificultades técnicas
De acuerdo con documentación incorporada al expediente, los técnicos de la DATIP lograron avanzar sobre uno de los dispositivos, pero encontraron dificultades para acceder completamente al teléfono celular.
Según informó la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N°2, el equipo corresponde a un iPhone 17 Pro Max con un sistema operativo que todavía no es compatible con algunas de las herramientas forenses disponibles. Por ese motivo, será necesaria una autenticación biométrica para intentar concretar la extracción completa de los datos almacenados en el dispositivo.
La información que pueda surgir de esos análisis es seguida con atención tanto por la acusación como por la querella, ya que podría aportar elementos hasta ahora desconocidos en una causa que continúa sin respuestas definitivas sobre qué ocurrió con Johana.
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Marta Ramallo, la madre de Johana, quiere saber cómo murió su hija y si existen responsables.
Marcos Gómez / AGLP
El malestar de la querella
Mientras se preparaban las pericias surgió un nuevo conflicto procesal. Los abogados de Marta Ramallo, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, solicitaron la intervención de un perito de parte para supervisar los trabajos técnicos sobre los dispositivos secuestrados.
La petición no encontró oposición por parte de la Fiscalía. Incluso, en una presentación formal, el Ministerio Público Fiscal manifestó expresamente que no tenía objeciones respecto de la participación del especialista propuesto por la querella.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°2 rechazó el pedido al considerar que la designación no había sido informada oportunamente durante la audiencia en la que se dispuso el secuestro de los aparatos.
La decisión generó malestar entre los representantes de Marta Ramallo, quienes plantearon formalmente sus quejas y solicitaron que la medida sea revisada. En su presentación advirtieron que la exclusión de un perito de parte podría afectar el control de una prueba que consideran de enorme importancia para el futuro de la investigación.
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Los abogados Andrés Noetzly e Ignacio Fernández Camillo representan a Marta Ramallo en el juicio oral que se desarrolla en La Plata.
AGLP
Además, reclamaron que la extracción de información no se limite únicamente a las fotografías y videos mencionados por Novarini durante su declaración, sino que permita identificar cualquier elemento relacionado con Johana Ramallo.
El pedido a Alejo Ramos Padilla
Paralelamente, la querella presentó un escrito ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien tuvo a su cargo la investigación principal del caso y continúa interviniendo en el expediente que busca determinar qué ocurrió con Johana.
En esa presentación, los abogados solicitaron que el magistrado ordene también el secuestro judicial de los mismos dispositivos y disponga una serie de medidas periciales propias dentro de la causa que investiga la muerte de la joven.
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Alejo Ramos Padilla, el juez Federal de La Plata, a cargo de la causa principal por la muerte de Johana Ramallo
AGLP
El planteo apunta a que se realice una extracción más amplia de información, incluyendo aplicaciones de mensajería y redes sociales, siempre circunscripta a datos que puedan guardar relación con la desaparición de Johana y con los hechos ocurridos posteriormente.
Para la querella, la muerte de la joven constituye un "narcofemicidio", hipótesis que sostiene y que busca seguir investigando en el expediente que permanece abierto.
Un juicio que no indaga la muerte
El avance sobre los dispositivos de Novarini se produce en el marco del juicio oral que se desarrolla en La Plata contra ocho acusados por delitos vinculados al contexto en que desapareció Johana.
En el banquillo se encuentran Carlos Rodríguez ("El Cabezón"), Hernán D'Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos están siendo juzgados por delitos como trata de personas, explotación sexual, comercio de estupefacientes, encubrimiento agravado y falso testimonio.
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Sin embargo, es un aspecto que la familia de la víctima y los propios investigadores remarcan desde hace tiempo: ninguno de los acusados está siendo juzgado por la muerte de Johana Ramallo. De hecho, actualmente no existe ninguna persona imputada ni procesada por el fallecimiento de la joven.
A casi nueve años de su desaparición, la Justicia todavía no logró establecer si Johana fue asesinada o si murió por otras causas. Tampoco pudo reconstruir con precisión qué ocurrió durante las horas posteriores a la última vez que fue vista con vida.
Lo que sí se encuentra acreditado es que su cuerpo fue ocultado y fragmentado. Los restos recuperados aparecieron en distintos hallazgos realizados sobre la costa de Berisso y permitieron su identificación recién en 2019.
En ese escenario de incertidumbre, las pericias que comienzan este miércoles sobre el celular y el iPad de Javier Novarini aparecen como una de las medidas de prueba más relevantes incorporadas al caso en los últimos meses y podrían abrir una nueva línea de investigación sobre uno de los expedientes más complejos y sensibles de la historia judicial reciente de La Plata.
