La investigación por la muerte del niño Lucas Kevin Lin, quien se ahogó en la pileta cubierta del campo de deportes del colegio Lincoln, sumó un nuevo movimiento procesal en el expediente. Rubén Monreal, dueño de la institución, designó un nuevo abogado defensor, el destacado penalista platense Juan José Losinno quien aseguró en diálogo con 0221.com.ar que su asistido en materia penal es "inocente" y aclaró que se negó a declarar ante la fiscal porque no sabe de qué se lo acusa. Además, en un tiro por elevación y sin mencionarlos, hizo referencia a la labor de los abogados de la familia del pequeño.
Para el letrado "Monreal es ajeno a cualquier responsabilidad penal" y en esa línea aclaró que "su negativa a declarar se debe a que la fiscal (Cecilia Corfield) no describe cuál habría sido su ilícito accionar". El letrado resaltó que "su silencio no debe ser tomado como un silencio cómplice u oscurantista, es la imposibilidad de responder lo que no se imputa".
La defensa ya comenzó a reunir los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales de casos de muertes en natatorios y las responsabilidades penales de los dueños o administradores de los predios en los que se produjeron los fatales desenlaces. En esa línea Losinno llevará a los estrados dos antecedentes.
El primero es sobre la muerte de un menor en la colonia de vacaciones del club All Boys, un expediente que llegó a la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación Penal, quienes el 15 de julio de 2010 dictaminaron que "no cabe atribuir responsabilidad penal por el fallecimiento de una menor en el natatorio en el marco de las clases dadas en una colonia de vacaciones al presidente de la sociedad concesionaria ni al coordinador de deportes de la colonia, pues tanto la profesora como la guardavidas tenían un campo relevante de autonomía en las tareas asignadas y sus comportamientos crearon un riesgo jurídicamente desaprobado dentro de la práctica natatoria de la víctima, en virtud de su negligencia descuido o inobservancia de las reglas que permiten a esa actividad integrarse en lo socialmente aceptado".
El segundo ocurrió en La Plata. Se trata de la fatídica muerte de Lautaro Soto, quien se ahogó en la colonia de vacaciones del Club Universitario el 11 de diciembre del año 2000. En este caso Casación bonaerense, la máxima instancia Penal de la provincia de Buenos Aires, tampoco encontró responsables a las autoridades del club y confirmó la condena para el exfutbolista Eduardo Marasco, quien era el encargado de la colonia de vacaciones.
Para el defensor estos antecedentes jurisprudenciales de los máximos tribunales penales del país y de la provincia de Buenos Aires "en modo alguno extienden la responsabilidad penal a los presidentes de las sociedades o presidentes de clubes, por lo que surge claro que el propietario del predio o accionista del Colegio Lincoln donde se desencadenaron los hechos que hoy se investigan tampoco tiene responsabilidad 'penal' en el homicidio culposo del niño Lin". "No se pretende eludir responsabilidades civiles que deberán ser correctamente dilucidadas en el fuero correspondiente, pero extender la misma al fuero penal genera una expectativa de condena que de ningún modo guarda fundamento legal y que a la larga produce sensaciones de impunidad que no son tales", aclaró en ese sentido el abogado en diálogo con este medio.
El defensor reiteró que no está demostrada ni probada la responsabilidad de Monreal en la muerte de Lucas Lin. "La imputación penal que se realiza sin demostración ni siquiera indiciaria de que Monreal hubiere realzado actos u omisiones conectados con el resultado por causalidad o por relación de determinación se correspondería con una responsabilidad objetiva ajena al ámbito penal", señaló Losinno.
"Cada uno deberá hacerse cargo de lo sucedido y el colegio Lincoln responderá honrando la larga trayectoria en el ámbito educativo platense que registra desde hace más de 50 años", señaló el abogado.
En ese marco, también se refirió a la labor de la fiscal Corfield y señaló que "la investigación, como afirma la fiscal en el auto de imputación, se encuentra finalizada y ampliar las imputaciones iniciales a los directivos de la sociedad es arbitrario, ilegal e implica una violación al deber de objetividad que debe guardar". Para Losinno esta situación genera en las víctimas "una falsa creencia de responsabilidades penales que no existen, así los particulares damnificados solicitan detenciones por homicidio por dolo eventual, cárcel, clausuras, prohibiciones de salida del país y otras medidas que en nada ayudan al esclarecimiento de la verdad".
Sin mencionarlos, se refirió además al rol de los abogados Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz, quienes representan en el expediente a la familia Lin. "Los abogados y fiscales debemos ser cautos al momento de actuar. El artículo 13 de las Normas Éticas se establece que es contrario a la dignidad del abogado fomentar conflictos o pleitos y que no debe estimular las pasiones de sus clientes y se abstendrá de compartirlas. Intentar incluir en la causa a quienes resultan manifiestamente ajenas al hecho delictivo solo entorpece el procedimiento, alarga los tiempos de juzgamiento y genera situaciones que, repito, en nada ayudan al averiguamiento de la verdad y provocan un dispendio jurisdiccional inútil", añadió antes de cerrar asegurando que "la Justicia debe llegar en forma rápida y justa en los ámbitos que correspondan sin pretender que la responsabilidad civil se transforme en penal".
Por este hecho fueron procesados el director de la colonia, Osvaldo Ramos; la accionista del colegio, Roxana Costa; la representante legal de la institución, Mónica Cauteruccio; y el dueño de la escuela, Rubén Gerardo Monreal.
En la misma situación procesal se encuentran el encargado de la Colonia, Marcos Echaniz, quien en su declaración indagatoria por el delito de "homicidio culposo" apuntó a las autoridades de la escuela. Sostuvo que recibió sugerencias para que declare una versión distinta a lo que había ocurrido, para que el seguro de responsabilidad civil corriera con los gastos de indemnizaciones. Otro de los acusados es el guardavida Martín Argüelles, señalado por "abandono de persona seguido de muerte" y la tercera es Carolina Muro, sindicada también por el mismo delito y quien pidió la nulidad de su procesamiento, una disposición que fue rechazada por el juez Guillermo Atencio. En su declaración, Muro también complicó a las autoridades.
La lista de procesados la completan los empleados municipales Myriam Salinas, Diego de Luca, María Daniela Tost Teruggi y Fernando Parodi.
Lucas murió ahogado en la colonia de vacaciones que la institución tiene en San Carlos, cuando cayó al agua y se sumergió sin poder volver a salir. El caso causó una fuerte conmoción en la ciudad, motivó marchas y reclamos. Sus familiares todavía siguen pidiendo que se haga justicia y a dos meses de la tragedia el papá del pequeño, Min Lin, dialogó con 0221.com.ar y reveló encontrarse "partido" tras la fatídica muerte de su hijo.
