Cada llamado supone el despliegue de un veloz operativo para confirmar o descartar la información. En cada caso, decenas de efectivos y fuerzas especializadas en la temática trabajan con celeridad para salvaguardar la vida de los estudiantes y, en medio de ello, gastan importantes sumas de dinero.
Cada operativo le cuesta a la Provincia entre 25 y 30 mil pesos, explicaron a 0221.com.ar calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En la cartera que conduce Cristian Ritondo explican: "Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica poner en movimiento la brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona".
La realidad es compleja y, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, aún no se han podido individualizar los responsables de los llamados que mantienen en vilo a La Plata, Berisso y Ensenada.
El mecanismo es siempre el mismo, explicaron a este medio los voceros del Ministerio de Seguridad provincial. Lo primero es recibir un llamado al 911 a partir del cual se disparan las alarmas y los operarios del servicio de emergencias avisan, de inmediato, a la Dirección Provincial de Explosivos, que se hace presente en cada establecimiento en un móvil con dos peritos expertos en explosivos.
Esos agentes serán los encargados de estudiar cada milímetro del lugar en busca del material explosivo. "En todos los casos se utiliza un camión especial que cuenta con un contenedor nabco, preparado para trasladar artefactos explosivos", cuentan los especialistas.
En ese marco, y con la intervención de efectivos de la comisaría más cercana al lugar, se lleva a cabo la evacuación del edificio amenazado. A partir de entonces se realiza la inspección del espacio y luego, si es que nada fue hallado en el lugar, los investigadores labran las actas correspondientes sobre el operativo realizado.
Todo implica más de una hora de policías, agentes de tránsito y directivos escolares abocados a las tareas de control y resguardo de los alumnos, lo que genera serios trastornos en el dictado de las clases.
Se trata de una realidad compleja y preocupante. Las falsas denuncias, que comenzaron pocos días atrás, se han multiplicado a lo largo de la última semana. Los investigadores parece superados por la situación y, mientras tantos, cada vez son más los padres que exigen una solución inmediata.