Conductores de La Plata se manifestaron en el Parque San Martín para exigir controles sobre las aplicaciones de transporte de pasajeros.
Remiseros habilitados se manifestaron en La Plata para exigir controles sobre las aplicaciones de transporte de pasajeros que, según sostienen, operan sin cumplir las normas vigentes. La protesta se realizó este miércoles a las 9 en el Parque San Martín, ubicado en 25 entre 54 y 55. "Pedimos escucha y decisión por parte de las autoridades", señalaron.
Los choferes plantearon un rechazo a las empresas extranjeras que, según señalan, precarizan el empleo y ponen en riesgo la seguridad del servicio. Los organizadores también reclamaron igualdad de condiciones, cumplimiento de la ley y protección de las fuentes laborales y sostuvieron además que el transporte de pasajeros se encuentra regulada por normas municipales, provinciales y nacionales y pidieron "igualdad de condiciones para todos, trabajo digno y respeto por los trabajadores y seguridad para los pasajeros".
Los conductores concentraron frente a la Municipalidad de La Plata para reclamar una regulación de las apps y denunciar multas y secuestros de vehículos.
Representantes del sector y funcionarios de La Plata iniciaron conversaciones para elaborar un esquema normativo que contemple la prestación del servicio.
El reclamo se produce mientras la Asociación de Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA) mantiene conversaciones con autoridades municipales y del Concejo Deliberante para avanzar en una posible regulación de las plataformas de transporte como Uber y DiDi.
Durante una reunión reciente, las partes acordaron conformar una mesa de diálogo permanente para analizar la actividad, discutir el acceso a datos estadísticos y abrir instancias de intercambio con las empresas involucradas. También abordaron la situación de los conductores que trabajan mediante aplicaciones y las condiciones en las que desarrollan sus tareas.
El titular de ACCAURA, Pablo León, aseguró a 0221.com.ar que "las autoridades coincidieron con nosotros en que esto vino para quedarse, que la realidad supera a las leyes y que es necesario legislar, por la masividad que tiene nuestra actividad". La entidad también manifestó preocupación por el incremento de los controles y operativos sobre los conductores. Según expusieron durante la audiencia, más de 10.000 personas trabajan actualmente en la región mediante estas plataformas, por lo que consideraron necesario generar herramientas que aporten previsibilidad y resguarden los puestos laborales.
Las partes acordaron continuar las conversaciones y realizar una nueva reunión durante la segunda quincena de junio. Desde la organización señalaron que el proceso regulatorio recién comienza, aunque consideraron que "puede acelerarse empujado por la misma realidad" y concluyeron: "Estamos por buen camino, confiamos en eso".
En La Plata se debate un nuevo marco integral para regular Uber, DiDi, Cabify y otras aplicaciones de transporte. El proyecto, impulsado por Unión por la Patria (UxP), cuenta con cierto consenso entre oficialismo y oposición y apunta a darle un encuadre legal definitivo a un servicio que actualmente funciona en un limbo regulatorio.
El texto establece que todas las plataformas deberán registrarse en la Municipalidad de La Plata y cumplir un marco regulatorio integral. Entre las exigencias se incluye ajustarse a la Ley de Contratos de Trabajo, garantizar espacios de descanso y entregar información actualizada sobre choferes, vehículos y sistemas internos de control.
Los conductores deberán presentar DNI, licencia de conducir vigente, antecedentes penales, documentación del vehículo, seguro y verificación técnica vehicular (VTV). Además, la normativa fija topes de antigüedad de 15 años para autos y de 10 años para motos y también contempla que taxistas y remiseros puedan incorporarse a las aplicaciones siempre que cumplan con los mismos requisitos establecidos para el resto de los conductores.
De aprobarse el proyecto, el Municipio quedará a cargo del control del sistema y tendrá facultades para solicitar documentación, realizar inspecciones y aplicar sanciones. Las empresas conservarán libertad para fijar tarifas, aunque los usuarios deberán aceptar el precio antes de iniciar cada viaje para garantizar transparencia.