HLB Pharma, vinculado a la tragedia del fentanilo, había sido denunciado por narcotráfico y montaba un laboratorio en la Triple Frontera con máquinas chinas.
Uno de los laboratorios señalados por distribuir el fentanilo que ya causó al menos 52 muertes en el país había sido denunciado meses antes por presunta venta de drogas. La acusación, anónima y dirigida a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), fue tomada por la Justicia y ahora forma parte de la causa que instruye el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
Todo apunta a HLB Pharma y al grupo Ramallo, ambos controlados por los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro, quienes lograron construir un imperio farmacéutico con conexiones políticas y negocios internacionales. Según reveló La Nación, el entramado incluye inversiones en Paraguay, vínculos con funcionarios y hasta una fábrica en la Triple Frontera.
Ya son 52 las víctimas fatales en el país por la administración de lotes contaminados de fentanilo. La Justicia sigue investigando a laboratorios y droguerías.
Tenía 18 años, sufrió un accidente y murió tras recibir fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata. Su familia exige justicia.
La denuncia por narcotráfico fue presentada ante una fiscalía de Rosario y derivó en una investigación preliminar sobre la firma, que ya enfrentaba otros señalamientos por calidad deficiente en sus productos. La causa fue anexada a la investigación principal tras las muertes por fentanilo adulterado.
Además de las plantas en San Isidro y Ramallo, los García Furfaro avanzaron con la construcción de un laboratorio en Ciudad del Este, en un parque industrial estratégico de Paraguay. La obra quedó frenada tras el escándalo, aunque está en una etapa avanzada y equipada con maquinaria importada desde China bajo el régimen SIRA.
Ese régimen les permitió acceder al dólar oficial para importar equipamiento valuado en millones de dólares, triangulando operaciones con Panamá. Sin embargo, una denuncia de la Aduana en 2023 por sobrefacturación de medicamentos y maquinaria derivó en otra causa penal, que tramita en el fuero económico bajo el juez Pablo Yadarola.
El laboratorio paraguayo, instalado en el "Complejo Empresarial Global" sobre la ruta PY02, está destinado a producir productos biológicos, pero expertos advirtieron que ese tipo de tecnología también puede facilitar la elaboración de drogas sintéticas como el fentanilo. Las máquinas no estaban destinadas a Argentina, lo cual violaría normas de importación.
Según la investigación, entre los socios aparece Ignacio Méndez Azarraga Pérez, un empresario español con una deuda millonaria en su país y vínculos con la empresa Axiom Ingeniería. También se identificó a Mario Emilio Ochoa Arango, un guatemalteco apodado "el mexicano", como representante latinoamericano del fabricante de la maquinaria.
Los García Furfaro tienen antecedentes judiciales. Ariel, el principal referente del grupo, estuvo preso por intento de homicidio y durante su condena estudió abogacía. Tras recuperar la libertad, se vinculó con Jorge Salinas, investigado por el caso de la efedrina. De hecho, muchos trabajadores de sus laboratorios actuales fueron reclutados en Rosario.
La expansión del grupo incluyó la adquisición de la droguería Alfarma, que según registros judiciales manejaba una facturación de más de $7.600 millones mensuales. También hay nexos con personajes involucrados en otras causas sensibles, como la explosión del laboratorio Apolo y operaciones con Mario Segovia, el llamado "rey de la efedrina".
Las conexiones políticas también son objeto de análisis judicial. Según se investiga, un llamado del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, habría interferido en una causa contra la empresa. La provincia, a su vez, era uno de los principales compradores de insumos a través de Alfarma y otras firmas del grupo.