En las últimas horas se conoció unas medida del Gobierno nacional que beneficia a represores y genocidas. La reacción en la Provincia.
El presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich no renovaron las recompensas para quienes aporten información sobre represores y genocidas, una polémica decisión que enseguida ocasionó la respuesta de las autoridades de la gestión de Axel Kicillof.
Fue el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, quien se manifestó al respecto en las redes sociales.
La ministra de Seguridad y el ministro de Defensa prepararon un paquete de leyes en medio de la escalada de violencia en Rosario.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó el envío de una nueva Ley de Imputabilidad al Congreso y recibió el apoyo del presidente.
"El ministro de Defensa Luis Petri inició el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental que se encarga de colaborar con la justicia en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Estas decisiones respecto del crimen más grave que pueda existir, como es el genocidio, muestran que 'el que las hace las paga' es solo un slogan y puro marketing", disparó el funcionario provincial.
"No solo buscan impunidad, sino que le mienten en la cara a todos los argentinos. Sean más serios en la lucha contra el delito y el crimen organizado. Sobre todo si queremos terminar de verdad con el flagelo del narcotráfico", cerró el ministro bonaerense.
Según se supo en las últimas horas, de los 36 acusados de esos crímenes a los que busca la Justicia, hay uno solo, Aníbal Miguel Sánchez, por el que el Poder Ejecutivo todavía ofrece dinero a quienes acerquen información certera y confidencial sobre su posible paradero.
La decisión del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich fue dejar de ofrecer recompensas para encontrar a 21 acusados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran prófugos de la justicia federal, entre los que se encuentran expolicías, exmilitares y civiles que son buscados por todo el país.
La cartera los dio de baja del programa que premia a quienes entreguen información que permita dar con su paradero en una decisión que afecta directamente la búsqueda de justicia sobre esos delitos, un compromiso asumido por el Estado argentino en el ámbito nacional e internacional.
La decisión fue tomada por Bullrich el mismo 24 de marzo, en coincidencia con los 48 años del golpe cívico militar, cuando se cumplió un año de la decisión administrativa de su antecesor, Aníbal Fernández, de prorrogar el ofrecimiento de recompensas.