El Cuerpo Médico de la Corte Suprema analiza 20 historias clínicas para determinar si los decesos se vinculan al fentanilo contaminado.
Este lunes se iniciaron las pericias de 20 historias clínicas de personas que fallecieron, aparentemente, tras el suministro de fentanilo contaminado elaborado en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.. La tarea está a cargo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, que busca establecer si los decesos estuvieron relacionados con fallas multiorgánicas provocadas por el opioide.
Los estudios permitirán determinar si el fentanilo estaba contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia, halladas en ampollas incautadas. El informe definitivo del Instituto Malbrán será determinante para confirmar cómo se produjo la adulteración y qué responsabilidad tuvieron los laboratorios en el proceso.
Luis Ayala, padre de una de las víctimas del fentanilo adulterado, criticó al empresario y reclamó que se esclarezca la cadena de responsabilidades.
El empresario, dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., se refirió públicamente al caso del fentanilo adulterado y negó responsabilidad directa en las muertes.
De confirmarse la relación directa entre las muertes y el producto defectuoso, el juez federal Ernesto Kreplak podría imputar a Ariel García Furfaro, dueño de ambas firmas, y a todo su equipo de trabajo.
Un documento de la ANMAT reveló que en diciembre de 2024, apenas seis días antes de que se comenzara a elaborar el fentanilo, ya se habían detectado graves irregularidades en el laboratorio Ramallo.
La inspección, realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de ese año, evidenció deficiencias críticas en el sistema de calidad farmacéutico, la validación de procesos, la documentación, la producción, los recursos humanos y el control de calidad.
El informe advertía que esas falencias comprometían la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos fabricados, lo que anticipaba el riesgo que luego se materializó con la distribución del opioide contaminado.
Pese a los hallazgos de la ANMAT, el operativo de control fue informado recién en febrero de 2025, cuando el fentanilo ya había sido administrado a miles de pacientes en distintos centros de salud, desencadenando la crisis sanitaria que hoy investiga la Justicia.