La Cámara de Diputados creó una comisión que investigará las muertes por fentanilo contaminado y la actuación de los organismos de control.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial que investigará las muertes vinculadas al fentanilo contaminado, tras la insistencia de los familiares de las víctimas. El cuerpo analizará la responsabilidad de organismos de control y laboratorios involucrados, buscando esclarecer los hechos y garantizar transparencia en el proceso.
Las familias afectadas habían denunciado que la conformación de la comisión estaba paralizada por maniobras políticas en el Congreso, lo que impedía avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.
La defensa de los García Furfaro busca usar a su favor una frase atribuida a una empleada de Laboratorios Ramallo que habría detectado el fentanilo contaminado.
El brote de fentanilo contaminado en La Plata provocó al menos ocho muertes con "nexo concausal" y dejó en evidencia graves fallas de HLB Pharma.
El nuevo cuerpo tendrá la tarea de investigar la cantidad total de casos confirmados y sospechosos, así como los fallecimientos aún no contabilizados oficialmente. Entre ellos se incluyen al menos 96 pacientes, 15 de ellos del Hospital Italiano de La Plata, y otros casos reportados por los familiares que aún no figuran en el listado oficial.
El presidente de la comisión, junto con un vicepresidente y un secretario, será designado entre los 31 miembros que representarán a todos los bloques de la Cámara baja. El quórum seguirá lo establecido por el artículo 108 de Diputados.
El funcionamiento de la comisión prevé la posibilidad de solicitar informes sin limitación a distintos organismos del Estado, incluyendo la ANMAT, la Aduana y el Ministerio de Seguridad. También se evaluará la actuación de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma.
Además, la comisión deberá analizar la cronología del brote de fentanilo adulterado, desde su detección hasta la primera notificación, determinando causas y responsabilidades dentro del sistema sanitario público y privado. El objetivo es elaborar un informe final que contenga conclusiones claras y recomendaciones.
Para las familias de las víctimas, este avance representa un paso esperado después de semanas de presión. El plazo para la elaboración del informe final se fijó hasta el 9 de diciembre de 2025, fecha en la que la comisión deberá presentar sus conclusiones sobre el accionar de los organismos de control y las responsabilidades de los laboratorios implicados.
Mientras tanto, los familiares siguen insistiendo en que la investigación sea profunda y transparente. Denuncian que algunas muertes podrían no estar aún incluidas en los listados oficiales y piden que cada caso sea investigado minuciosamente.