Familiares de las víctimas del fentanilo aduleterado denuncian maniobras políticas que bloquean la creación de la Comisión Investigadora en el Congreso.
Las familias afectadas por la tragedia del fentanilo adulterado en La Plata advirtieron que la conformación de la Comisión Investigadora en el Congreso está paralizada. Según denunciaron, las maniobras políticas en el Parlamento bloquean cualquier avance y ponen en riesgo la posibilidad de que la comisión llegue a funcionar.
En un comunicado de prensa, remarcaron que la demora "impide avanzar en la búsqueda de verdad y justicia" y cuestionaron que la creación de la comisión "no es un lujo, sino una necesidad básica para esclarecer responsabilidades políticas y contribuir con la justicia".
El brote de fentanilo contaminado en La Plata provocó al menos ocho muertes con "nexo concausal" y dejó en evidencia graves fallas de HLB Pharma.
La Justicia Federal continuará interrogando a trabajadores de Laboratorios Ramallo vinculados a la producción y control de los lotes adulterados de fentanilo.
El reclamo apunta directamente al funcionamiento del Congreso. Las familias denunciaron que en lugar de urgencia y compromiso, encontraron "maniobras dilatorias y un doble juego político que bloquea cualquier avance real". Según remarcaron, el oficialismo mantiene un discurso público de reconocimiento de la tragedia, pero al mismo tiempo frena el tratamiento efectivo.
Actualmente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Nicolás Mayoraz, quedó como cabecera de los expedientes vinculados a la investigación. Fue una decisión del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque históricamente estos proyectos recaen en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.
De acuerdo al comunicado de las familias, el pasado jueves 4 de septiembre, en una reunión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no pudo emitirse dictamen justamente porque Asuntos Constitucionales no fue convocada. A pesar de la ausencia de Mayoraz por ser convencional constituyente en su provincia, las familias remarcaron que otras autoridades como las vicepresidencias podrían convocar para habilitar el tratamiento.
"La parálisis de este tema no responde a limitaciones técnicas, sino a una decisión política deliberada y enmascarada", denunciaron las familias, quienes remarcaron que el dictamen quedó trabado en una comisión que no se reúne.
Además, apuntaron contra Mayoraz y José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, por no abrir los debates de proyectos que no provienen del oficialismo. En ese esquema, aseguraron, Asuntos Constitucionales funciona como un "pívot de bloqueo institucional" que posterga cualquier avance.
El comunicado también advierte sobre los plazos legislativos. "El 10 de diciembre se renuevan bancas en la Cámara de Diputados, y los plazos de investigación se acortan, ya no se llega a los 90 días que proponen los proyectos en discusión", señalaron.
En paralelo, recordaron que si el pleno de diputados decide emplazar el tema en una sesión especial, deberían reunirse ambas comisiones para dictaminar y constituir la Comisión Investigadora, un proceso que puede tardar hasta 20 días. En esas condiciones, advirtieron, "la comisión corre serio riesgo de no llegar a funcionar nunca".
En la Justicia, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, lleva adelante la causa por el fentanilo contaminado, que ya tiene a 17 personas imputadas. Se trata de directivos, técnicos y empleados de Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A., sospechados de haber fabricado las ampollas contaminadas, entre ellas las del lote 31202, vinculado a la muerte de al menos 96 pacientes, 15 de ellos atendidos en el Hospital Italiano de La Plata.
Además, otras familias denuncian muertes que podrían estar vinculadas al fentanilo contaminado, aunque aún no aparecen en los listados oficiales. Uno de esos casos es el de Leonel Ayala, un joven de 32 años de Florencio Varela. Su hermano, Alejandro, abogado y vocero de las familias, fue quien firmó el comunicado difundido.