Con amplio respaldo, el Senado aprobó el aumento a las jubilaciones. La oposición advierte por la crisis social y el Gobierno amenaza con vetarlo.
El Senado de la Nación vive este jueves una jornada intensa tras aprobar en general el proyecto que establece una suba en las jubilaciones, un reclamo que viene creciendo en todo el país. La iniciativa fue promovida por bloques kirchneristas y dialoguistas, sin dictamen previo y dentro de una sesión especial convocada desde las 14.
La votación resultó favorable para los impulsores del proyecto, con 52 votos afirmativos, cero en contra y cuatro abstenciones. Mientras tanto, los senadores del oficialismo se retiraron del recinto y no participaron de la votación. Desde la oposición sostienen que la medida no solo es urgente, sino que está respaldada por fuentes de financiamiento claras. La moratoria previsional, otros de los ítems que se trataron, también fue aprobada.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró el Gobierno rechazará cualquier incremento que ponga en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.
Desde junio, ANSES aplica una suba del 2,78% en jubilaciones, pensiones y AUH. Se mantiene el bono de $70.000 y actualizan topes de ingresos familiares.
Durante la jornada, también se discutieron otras iniciativas, como la declaración de la emergencia en discapacidad, y un debate preliminar sobre el juicio por la estatización de YPF, que quedó en segundo plano por el fuerte foco en el tema jubilatorio.
En paralelo, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Aunque el encuentro estaba agendado desde hace días, cobró un nuevo valor político ante la avanzada opositora en el Congreso. A la par, gobernadores de la ex Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión virtual con sus senadores, donde acordaron no apoyar el proyecto.
Estos mandatarios alertaron que la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 2,5% del PBI y aseguraron que su aprobación significaría un "bombazo" a las finanzas públicas. En ese marco, crecen las versiones sobre un posible veto presidencial si la ley se aprueba en su totalidad.
Actualmente, los legisladores analizan artículo por artículo la redacción final del proyecto. Una vez concluido ese proceso, se someterá a una nueva votación para determinar si la propuesta se convierte en ley, abriendo la puerta a una nueva disputa entre el Congreso y el Ejecutivo.
Con el oficialismo en minoría y la oposición decidida a avanzar, la tensión institucional escala. La respuesta del Gobierno será clave para definir si la medida logra implementarse o si la pulseada se traslada al terreno del veto, donde el presidente Milei podría tomar una decisión que profundice aún más la grieta.