El veto de Milei a la Ley de Financiamiento
Javier Milei remitió al Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada en Diputados a principios de agosto. La norma, impulsada por el radicalismo disidente y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), actualizaba los gastos de funcionamiento por inflación y reabría las paritarias del sector.
La iniciativa había obtenido 158 votos afirmativos en Diputados, una mayoría amplia pero insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios para sortear un veto presidencial. Ahora, la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial prevista para el próximo miércoles.
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La ley vetada establecía que los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y partidas para investigación se actualicen automáticamente por inflación. Además, ordenaba convocar paritarias dentro de los tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes y aumentar las becas, entre otros puntos.
Desde la Casa Rosada rechazaron la iniciativa argumentando que su costo fiscal era demasiado elevado y que pondría en riesgo el superávit, piedra angular del plan económico del Gobierno. Según el Ejecutivo, el proyecto no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige detallar las fuentes de financiamiento de gastos no previstos en el presupuesto.
El veto señala que los mecanismos propuestos para financiar la ley, como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado o la reasignación de partidas, resultan "genéricos" y no garantizan ni la suficiencia ni la disponibilidad de los recursos.
El Gobierno advirtió que la implementación de la norma generaría un aumento significativo del gasto público, con un costo estimado para 2025 superior a un billón de pesos. Esto, según el Ejecutivo, pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
