Estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades de las universidades se suman a la Marcha Federal Universitaria en reclamo de más financiamiento.
19:44
18:20
18:00
17:14
17:08
15:50
14:30
13:43
13:28
13:10
12:56
11:33
11:25
10:19
9:17
8:53
12:10
10:08
7:04
20:15
19:10
Este miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y los legisladores nacionales de La Plata tuvieron un rol clave.
En este escenario, Carolina Piparo, referente de La Libertad Avanza, se alineó con la postura del oficialismo y votó en contra de la ratificación de la ley. Su decisión se corresponde con la estrategia del Gobierno, que buscaba sostener el veto presidencial sin éxito.
En contraposición, Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, acompañó con su voto afirmativo el rechazo al veto. También se manifestaron a favor Florencio Randazzo, de Hacemos Coalición Federal, y Martín Tetaz, diputado radical. Ambos coincidieron en la necesidad de respaldar a las universidades públicas frente a un contexto presupuestario crítico que viene generando reclamos en todo el país.
Por el lado de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto y Máximo Kirchner votaron de manera afirmativa, consolidando la postura del peronismo en defensa del sistema universitario. Con este bloque, el rechazo al veto se aseguró una amplia mayoría.
La Cámara de Diputados dio un paso clave al rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei y ratificar la Ley de Financiamiento Universitario. Con 174 votos afirmativos, 67 en contra y 2 abstenciones, la oposición logró imponerse y devolver la iniciativa al Senado, donde ya cuenta con una mayoría de dos tercios que le garantiza la continuidad del proyecto. La norma contempla un aumento en los recursos destinados a las universidades y la apertura de las paritarias en el sector académico.
El oficialismo de La Libertad Avanza, acompañado por el PRO, llegó a la sesión con menos fuerza política tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre frente al peronismo. Ese resultado, sumado a una serie de reveses parlamentarios en los últimos meses, dejó al Gobierno en una posición frágil para sostener los vetos, que requerían al menos un tercio de los votos para mantenerse firmes en Diputados.
Este revés representa un duro golpe para la administración de Milei, que enfrenta un escenario legislativo cada vez más adverso en la antesala de las elecciones de octubre.
La Cámara de Diputados dio un contundente respaldo a la Ley de Emergencia Pediátrica al rechazar el veto del presidente Javier Milei con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. El apoyo opositor contó incluso con legisladores que hasta hace poco se alineaban con el oficialismo, lo que dejó a La Libertad Avanza sin margen de maniobra para evitar el revés. El resultado reflejó la creciente fragmentación interna del espacio libertario tras las tensiones por los recientes acuerdos políticos.
La iniciativa aprobada contempla una serie de medidas destinadas a mejorar la situación crítica que atraviesa el sistema pediátrico. Entre ellas, se incluye la recomposición salarial del personal de salud, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, la habilitación de compras directas de insumos y el financiamiento de contingencia. Además, la norma refuerza el régimen de residencias médicas, con el objetivo de sostener la formación de profesionales en un área especialmente sensible.
Ahora la discusión pasará al Senado, donde los libertarios llegan con una posición mucho más débil y pocas chances de frenar la insistencia opositora. La expectativa está puesta en que la Cámara alta convierta en definitiva la ley.
El secretario adjunto de Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, advirtió que la continuidad de las universidades públicas depende de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. En el marco de la masiva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, reclamó a legisladores que rechacen el veto presidencial y alertó sobre el riesgo de un cierre total.
"La marcha de hoy marca un antes y un después para las universidades públicas y para la educación en todo el país", dijo referente gremial y, en ese sentido, subrayó la importancia de la Ley de Financiamiento Universitario, señalando que sin su aprobación “lo más probable es que las universidades públicas no puedan abrir sus puertas el año que viene".
Durante la movilización en la Plaza de los Dos Congresos, Anró llamó a los legisladores a escuchar "a docentes, no docentes y a toda la comunidad universitaria" que exige garantizar el financiamiento. Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el veto a la ley: "No podemos permitir que este Gobierno siga avanzando sobre la voluntad del pueblo ni sobre los derechos que hemos conquistado".
El Gobierno nacional y su principales espadas en el Congreso redoblaron las negociaciones con los diputados dialoguistas con el objetivo de mantener los vetos de Milei, entre ellos el de la Ley de Financiamiento Universitario.
El diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, destacó previo a la sesión en la cámara baja la importancia del equilibrio fiscal para evitar que se acelere la inflación. Advirtió que el Ejecutivo "está haciendo el esfuerzo para darle todo lo que se puede" al Hospital Garrahan y las universidades.
"Les estamos dando a las universidades lo que se le puede dar, dentro del presupuesto, para que el déficit cero no caiga. Nunca vamos a permitir que el déficit cero caiga porque es central para que no haya inflación y no aumente la pobreza", señaló el legislador nacional en declaraciones a Radio Rivadavia.
En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja añadió: "Veremos qué resultados tienen todos los trabajos políticos que se hacen alrededor de los vetos. Se está trabajando para que los vetos no se caigan". "En ese caso el esfuerzo que la sociedad está haciendo dejaría de tener sentido y se volvería a caer en esa suerte de trampa mortal para el progreso que es el kirchnerismo. Estamos haciendo el esfuerzo posible para que eso no ocurra", cerró finalmente advirtiendo que si cae el déficit cero "la Argentina volvería para atrás".
Mientras que el subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, también lanzó duras declaraciones en su cuenta de X. "Por primera vez un Gobierno sube 8% el presupuesto en educación (en términos reales) y dispone $4,8 billones para financiamiento universitario. Nada les importa a los que quieren sembrar el caos para obtener una ventajita electoral...", sentenció el número 2 del vocero presidencial Manuel Adorni.
La Cámara baja sesionará este miércoles horas de masiva Marcha Federal Universitaria que se realizará en las puertas del Congreso, para rechazar el ajuste impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei.
La sesión, que tendrá lugar tras un pedido especial encabezado por el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez; contará con el acompañamiento de diversos espacios opositores como Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda para abrir el recinto, con los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum. Sin embargo, el verdadero desafío será conseguir los dos tercios de los votos presentes para tratar los vetos, ya que ambos temas carecen de despacho de comisión y así lo exige la Constitución nacional.
La Libertad Avanza (LLA) apuesta a la ausencia de legisladores de otros espacios para que sus 37 diputados, junto a la mayoría del PRO, parte de la Liga del Interior y otros bloques provinciales, consigan más de un tercio de los presentes y así sostener los vetos de Milei. Por su parte, la oposición sumará casi la totalidad de los 98 diputados de UxP, doce de Democracia para Siempre, quince de Encuentro Federal, seis de la Coalición Cívica y cuatro del Frente de Izquierda. La ausencia de Juan Carlos Giordano, actualmente en una misión humanitaria en Gaza, reducirá levemente ese número.
Las fuerzas de seguridad nacionales llevarán adelante un imponente operativo de seguridad en las puertas del Congreso argentino, pero no aplicarán el polémico Protocolo Antipiquetes. A horas de la realización de la tercera Marcha Federal Universitaria que convocará a miles de personas, el Gobierno prepara un imponente operativo.
En medio del clima de tensión que se vive por estas horas a raíz de la masiva movilización que tendrá lugar esta tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se replicará en otros puntos del país, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que más de 1.100 policías serán apostados en los alrededores de la institución y tienen previsto instalar vallados en las para evitar contactos con los manifestantes.
El megaoperativo será encabezado por un comando unificado coordinado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, según indicaron las autoridades nacionales, los efectivos solo intervendrán si los manifestantes intentan derribar las vallas.
En total, serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de la GNA, 90 de la PNA y unos 30 de la PSA. Los agentes se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.
La Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP) anunció un paro de 24 horas en coincidencia con la marcha de este miércoles. "Convocamos a la sociedad a movilizarse junto a la comunidad educativa, para exigir que se garantice el funcionamiento de universidades, hospitales y el derecho a la educación superior", expresaron en un comunicado.
Entre los principales reclamos de los educadores figuran la ampliación de becas estudiantiles, la recomposición salarial de los trabajadores, más presupuesto para las universidades y mayor financiamiento para la ciencia y la tecnología. Los gremios advirtieron que estos sectores se encuentran en una crisis presupuestaria sin precedentes.
La movilización se enmarca en un contexto de creciente conflictividad social, con la educación y la salud en el centro del debate político. La consigna central de la jornada será "más recursos para garantizar el funcionamiento" de instituciones educativas y hospitales públicos.
El presidente Javier Milei remitió al Congreso el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que había sido aprobada en Diputados a principios de agosto. La norma, impulsada por el radicalismo disidente y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), actualizaba los gastos de funcionamiento por inflación y reabría las paritarias del sector.
La iniciativa había obtenido 158 votos afirmativos en Diputados, una mayoría amplia pero insuficiente para alcanzar los dos tercios necesarios para sortear un veto presidencial. Ahora, la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial prevista para el próximo miércoles.
La ley vetada establecía que los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y partidas para investigación se actualicen automáticamente por inflación. Además, ordenaba convocar paritarias dentro de los tres meses para recomponer salarios docentes y no docentes y aumentar las becas, entre otros puntos.
En la Casa Rosada rechazaron la iniciativa argumentando que su costo fiscal era demasiado elevado y que pondría en riesgo el superávit, piedra angular del plan económico del Gobierno. Según el Ejecutivo, el proyecto no cumplía con el Artículo N°38 de la Ley N°24.156, que exige detallar las fuentes de financiamiento de gastos no previstos en el presupuesto.
El veto señala que los mecanismos propuestos para sustentar la ley, como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado o la reasignación de partidas, resultan "genéricos" y no garantizan ni la suficiencia ni la disponibilidad de los recursos. El Gobierno advirtió en ese marco que la implementación de la norma generaría un aumento significativo del gasto público, con un costo estimado para 2025 superior a un billón de pesos y ello pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.