Una recusación en La Plata vuelve a exponer la tensión en la Cámara Penal y suma otro capítulo al conflicto

Rival fue condenado inicialmente mediante un juicio abreviado, cuando estaba asistido por la defensa oficial. Después de su detención, cambió de abogados y designó a Fernández Camillo y Sánchez Peralta. Los defensores cuestionaron la validez del acuerdo que había derivado en la condena. El Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio oral.

El segundo debate se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, a cargo del juez Lucas Massaccesi. Durante las audiencias declararon el trabajador rural Rodolfo Gómez, los policías Diego Etchepare, César Córdoba y Martín Torres, el productor Marcelo Niclicepe y Martín Rival, hermano del acusado.

Este último sostuvo que había encontrado al ternero en una zanja de un camino rural y que lo trasladó después de conseguir autorización para llevarlo al campo de Niclicepe. Matías Rival también declaró y relató las consecuencias personales de su detención y de los meses que pasó privado de la libertad.

Finalmente, el fiscal Lucas Domsky pidió su absolución al considerar que la prueba no permitía sostener la acusación por abigeato agravado. El juez Massaccesi lo absolvió. Sin embargo, el fiscal solicitó que se investigara a Martín Rival por la posible sustracción del animal y a Matías por un eventual encubrimiento agravado. Esa nueva línea derivó en otra investigación penal.

El caso volvió así a los tribunales, esta vez con los dos hermanos bajo investigación. Según la información conocida sobre esa nueva causa, ambos se negaron a declarar ante la fiscal Mariana Albisu.

La historia de Bigotito también tuvo consecuencias económicas: tras la absolución, los abogados de Matías Rival reclamaron una reparación integral por los daños que atribuyen a la actuación estatal y apelaron la regulación de sus honorarios profesionales.

El conflicto por las tierras de City Bell

Otro de los expedientes que ayuda a comprender el clima de tensión institucional es el conflicto por terrenos de City Bell y Los Porteños, donde se proyectó el emprendimiento inmobiliario Clementina II. La disputa enfrenta a la familia Carrizo, que sostiene tener la posesión de las tierras desde hace décadas, con intereses vinculados a Astufa Fiduciaria S.A., cuyo presidente y fiduciario es Juan Sebastián Lorne Stephens.

En ese expediente intervino la Sala I de la Cámara Penal platense, integrada por María Silvia Oyhamburu, María Sofía Rezzónico Bernard y el camarista Raúl Dalto. La Sala había dispuesto la restitución del inmueble y un desalojo en un plazo de 72 horas.

Posteriormente, el juez de Garantías Pablo Raele declaró prescripta la acción penal por usurpación y consideró que la extinción del proceso impedía continuar utilizando esa causa para ejecutar la restitución del inmueble.

Lorne Stephens volvió a solicitar que se concretara el desalojo. Raele rechazó el pedido, la apelación fue declarada inadmisible y la defensa presentó una queja que regresó a la Sala I. Fue entonces cuando se planteó la recusación de Oyhamburu y Rezzónico Bernard.

La defensa argumentó que la acumulación de antecedentes y las denuncias formuladas contra las magistradas comprometían la apariencia de imparcialidad necesaria para que volvieran a resolver cuestiones relacionadas con una decisión que ellas mismas habían adoptado.

El conflicto escaló cuando Dalto, integrante de la propia Sala I, remitió a la Fiscalía una denuncia contra sus colegas por la posible comisión de delitos de acción pública, entre ellos tráfico de influencias y asociación ilícita. La presentación se vinculó con presuntas irregularidades en la elaboración de una resolución judicial y con registros informáticos incorporados a las actuaciones. La denuncia fue desestimada por el fiscal de instrucción, y, el pasado 5 de octubre, el Fiscal General departamental resolvió no hacer lugar a las revisiones deducidas y mantener dicha desestimación, al concluir que no existían elementos para sostener que las conductas denunciadas constituyeran delito.

El conflicto escaló cuando Raúl Dalto, integrante de la Sala I, remitió a la Fiscalía una denuncia contra sus colegas por la posible comisión de delitos de acción pública

Es importante precisar que esas denuncias no constituyen por sí mismas una comprobación de delitos. Su existencia forma parte del contexto institucional en el que se desarrollaron las recusaciones y los cuestionamientos a las magistradas.

El caso Killian y el pedido de jury

La tercera historia está relacionada con la muerte de Killian Natanael Omar Faruolo Casas, un niño de tres años que falleció el 26 de febrero de 2023 tras permanecer sumergido en una pileta durante una reunión familiar en Los Hornos. Su madre, Sara Elizabeth Casas, cuestionó el alcance de la investigación penal y pidió que se analizara la posible responsabilidad de otros adultos que, según sostiene, pudieron haber tenido intervención en lo ocurrido.

La causa avanzó contra la abuela paterna del niño, quien debe afrontar un juicio por homicidio culposo. La madre buscó ampliar la investigación y cuestionó decisiones judiciales que, a su criterio, impidieron profundizar otras hipótesis.

En ese contexto, presentó un pedido de jury contra las camaristas María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard, con el patrocinio de Fernández Camillo. La presentación también alcanzó al fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, por presunto mal desempeño y otras irregularidades que la denunciante atribuye a su actuación.

Entre los cuestionamientos se encuentra el rechazo de recursos vinculados con la posibilidad de investigar a otros adultos, así como las dificultades que, según Casas, encontró para ser escuchada durante el trámite judicial.

La madre del niño sostiene que un video de seguridad permite observar que había adultos en las inmediaciones de la pileta antes de la caída. Esa interpretación forma parte de sus planteos y no debe confundirse con una determinación judicial sobre responsabilidades penales adicionales.

El pedido de jury constituye una vía institucional para examinar el desempeño de los funcionarios judiciales; no equivale a una condena ni acredita por sí mismo las irregularidades denunciadas.

El punto de contacto: las recusaciones y la imparcialidad judicial

Los tres expedientes tienen objetos diferentes. Bigotito es una causa penal por la desaparición de un ternero; Lorne está relacionado con una disputa por tierras, una investigación por usurpación y la ejecución de una orden de restitución; y el caso Killian involucra la investigación de una muerte infantil y los reclamos de su madre para que se examinen otras posibles responsabilidades.

Bigotito es una causa por la desaparición de un ternero, Lorne está relacionado con una disputa por tierras y el caso Killian involucra la investigación de una muerte infantil

La conexión no consiste en que formen parte de una misma causa ni en que exista una relación judicial directa entre todos sus protagonistas. El punto en común es el cuestionamiento a decisiones de integrantes de la Justicia penal platense y el debate sobre las garantías de imparcialidad, el alcance de las recusaciones y los mecanismos de control institucional.

El punto en común es el cuestionamiento a decisiones de integrantes de la Justicia penal y el debate sobre las garantías de imparcialidad, el alcance de las recusaciones y los mecanismos de control

En el caso de la resolución más reciente, las magistradas entendieron que la defensa no había demostrado una causal legal suficiente para apartarlas. Aun así, optaron por excusarse por prudencia institucional y remitieron las actuaciones a los organismos competentes para que examinen la conducta de los abogados.

Esa decisión plantea una cuestión central: la imparcialidad judicial no solo debe existir, sino que también debe poder ser reconocida como tal por las partes. Al mismo tiempo, las recusaciones deben fundarse en motivos jurídicos concretos y no pueden convertirse en una herramienta automática para desplazar a jueces por el solo hecho de que sus decisiones resulten desfavorables.

El envío de copias al Colegio de la Abogacía de La Plata y a la Suprema Corte tampoco implica que los letrados hayan cometido una falta. Son esos organismos los que, si corresponde, deberán evaluar los antecedentes y determinar si existe materia para adoptar alguna medida.

Un conflicto institucional con varios frentes abiertos

La absolución de Matías Rival no cerró el caso Bigotito: abrió una nueva investigación sobre su hermano y sobre una eventual conducta de encubrimiento. El expediente de Lorne continúa atravesado por la discusión sobre la restitución de tierras y las consecuencias de la prescripción de la acción penal. En paralelo, Sara Casas mantiene sus reclamos para que se revise la actuación de funcionarios judiciales en la investigación por la muerte de su hijo.

En los tres escenarios, los planteos deben analizarse de acuerdo con sus antecedentes y sus propias reglas procesales. No hay elementos públicos suficientes para afirmar que las causas respondan a una maniobra común o que los cuestionamientos formulados hayan sido acreditados.

No hay elementos públicos suficientes para afirmar que las causas respondan a una maniobra común o que los cuestionamientos formulados hayan sido acreditados

Lo que sí puede observarse es que las disputas dejaron de limitarse al contenido de determinadas resoluciones y alcanzaron la relación entre abogados, magistrados y organismos de control. La resolución sobre la recusación, el apartamiento voluntario y la remisión de antecedentes al Colegio de la Abogacía y a la Suprema Corte agregan un nuevo capítulo a esa tensión en el fuero Penal de La Plata.