La investigación en La Plata por la presunta organización que habría utilizado datos personales y biométricos para abrir billeteras virtuales y mover fondos de origen presuntamente ilegal sumó una novedad clave: Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los dos sospechosos que permanecían prófugos, se presentó ante la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, y será indagado en las próximas horas para determinar qué explicación dará sobre las operaciones que la pesquisa le atribuye y cuál habría sido su participación dentro del circuito investigado.
Con su entrega, queda un solo prófugo en el expediente: Catriel Taubenschlag. Hasta ahora, la investigación había avanzado con cuatro personas detenidas y procesadas y con Campoli Sillero y Taubenschlag como los dos acusados que permanecían fuera del alcance de la Justicia.
Campoli Sillero es analista en sistemas de computación y oriundo de Mar del Plata. Los investigadores lo ubican dentro del tramo financiero de la presunta estructura. Su nombre aparece asociado al recorrido de los fondos que analiza la fiscalía y también figura como cliente de LB Finanzas. Además, aparece registrado en Sur Finanzas, un antecedente que los investigadores incorporaron al análisis de sus movimientos.
Su situación procesal, sin embargo, deberá definirse a partir de la indagatoria y de la valoración judicial de la evidencia reunida. La investigación no implica por sí misma una condena y será la Justicia la que determine qué hechos pueden serle atribuidos.
La invetigación en La Plata avanza a paso firme por impulso de la UFIJ 2.
El origen de la causa en La Plata
El expediente comenzó a tomar forma a partir de la denuncia de una empleada de maestranza vinculada al Patronato de Liberados. Según la hipótesis de la fiscalía, la mujer habría sido contactada para entregar sus datos personales y someterse a un procedimiento de captura de información biométrica a cambio de dinero.
La pesquisa reconstruyó a partir de allí un mecanismo que habría permitido utilizar la identidad de personas vulnerables para abrir cuentas bancarias y billeteras virtuales. La acusación sostiene que se ofrecían alrededor de 80.000 pesos a determinadas personas a cambio de su DNI, fotografías y un supuesto escaneo de los ojos.
Con esos datos, siempre según la hipótesis investigativa, se habrían generado cuentas digitales a nombre de terceros que luego eran utilizadas para recibir, transferir y fragmentar grandes sumas de dinero. Una de las operatorias reconstruidas por los investigadores registra movimientos por unos 172 millones de pesos durante aproximadamente un año en una de esas cuentas.
Juan Ignacio Campoli Sillero será indagado en La Plata.
La particularidad del caso es que las personas cuyos datos habrían sido utilizados no necesariamente eran quienes manejaban posteriormente el dinero. Funcionaban, de acuerdo con la investigación, como intermediarios o “mulas financieras”: sus identidades quedaban asociadas a las cuentas mientras el dinero era administrado por otras personas.
La causa apunta a determinar quiénes captaban a esas personas, quiénes abrían y administraban las cuentas y quiénes recibían finalmente los fondos.
El circuito que lleva al juego ilegal
La fiscalía sostiene que parte del dinero habría estado relacionado con una estructura de juego online clandestino. Según esa hipótesis, los fondos ingresaban a cuentas abiertas a nombre de terceros, eran derivados hacia distintos operadores y posteriormente podían regresar al circuito financiero bajo la apariencia de operaciones vinculadas a créditos o ganancias de juego.
La fiscal Betina Lacki avanza sin pausa con la investigación que escandalizó al Poder Judicial de La Plata.
La investigación analiza así dos extremos de una misma operatoria: por un lado, la captación de personas cuyos datos podían ser utilizados para abrir cuentas; por otro, el movimiento y transformación de los fondos.
En ese circuito aparece Mauro Perrotta, a quien los investigadores vinculan con uno de los paneles de juego clandestino. La Justicia también detectó una billetera Ualá abierta con datos de una de las personas que habría sido captada, asociada a un teléfono atribuido a Perrotta, además de comunicaciones y otros elementos que fueron incorporados al expediente.
La hipótesis fiscal también contempla una modalidad conocida como “pitufeo” o smurfing, que consiste en fragmentar y distribuir fondos a través de numerosas cuentas y operaciones para dificultar la reconstrucción de su origen y destino.
Los $27 mil millones bajo análisis
Uno de los datos que dimensiona la investigación es el volumen de dinero que aparece en los informes financieros incorporados al expediente. En particular, una cuenta de Haz Pagos vinculada a Ignacio Marchioni registró créditos por aproximadamente 13.574 millones de pesos y débitos por una suma prácticamente idéntica, lo que representa un flujo bruto de unos 27.149 millones de pesos.
La funcionaria judicial de La Plata, Albertina Mangini, fue una de las primeras detenidas que tuvo la causa.
Ese monto no significa que una sola persona haya tenido en su poder esa cantidad de dinero ni que la totalidad haya sido judicialmente determinada como ilícita. Se trata del volumen de movimientos que los investigadores reconstruyeron y que forma parte de la hipótesis que ahora debe ser probada.
La pesquisa también detectó movimientos vinculados con operaciones de criptoactivos y analiza diferentes cuentas y billeteras para establecer quiénes eran los beneficiarios finales.
En ese tramo aparece Ignacio Leonel Marchioni, quien ya tenía antecedentes investigativos vinculados al circuito de Sur Finanzas. En la resolución mediante la cual el juez Agustín Crispo dictó las prisiones preventivas, el magistrado consideró que existían elementos para vincular a Marchioni con una asociación ilícita y con el lavado de activos, aunque no encontró en esa instancia elementos suficientes para atribuirle directamente la defraudación mediante uso indebido de datos. Ahora la entrega de Campoli Sillero abre una nueva etapa para reconstruir ese tramo financiero.
Qué resolvió la Justicia sobre los principales acusados
El expediente avanzó durante agosto y septiembre con una serie de allanamientos y detenciones. Entre los primeros detenidos estuvo la funcionaria judicial Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Marchioni. Luego fue detenido Cristian Alejandro Cigliano, quien se negó a declarar y quedó formalmente vinculado al proceso.
Mangini ocupaba funciones en el Ministerio Público Fiscal bonaerense y trabajaba en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. La fiscalía sostiene que habría aprovechado sus contactos con personas vulnerables para captar a quienes luego aportarían sus datos personales y biométricos.
La causa tiene cinco detenidos, tres de ellos con prisión preventiva.
Ignacio Amiconi | AGLP
La defensa de Mangini cuestionó esa hipótesis y, entre otros planteos, pidió modificar sus condiciones de detención por razones vinculadas con su estado de salud.
El juez Agustín Crispo, finalmente convirtió en prisión preventiva las detenciones de Mangini, Perrotta y Marchioni y dispuso además la inhibición general de bienes de los tres. La medida es cautelar y no constituye una condena.
En el caso de Mangini, Crispo consideró que existían elementos para sostener, en esta etapa, su presunta participación en una asociación ilícita y en la defraudación mediante uso indebido de datos. En cambio, entendió que todavía no había elementos suficientes para sostener su participación en el lavado de activos.
Ahora la lupa queda puesta sobre Campoli Sillero
La entrega de Campoli Sillero puede aportar información sobre uno de los tramos que la fiscalía intenta reconstruir desde el inicio de la causa: qué recorrido hacían los fondos una vez que salían de las cuentas abiertas a nombre de terceros.
El analista de sistemas de Mar del Plata aparece mencionado dentro de ese circuito financiero. Los investigadores también incorporaron a la pesquisa sus antecedentes como cliente de LB Finanzas y su registro en Sur Finanzas.
La utilización de billeteras virtuales, una de las claves en la maniobra investigada en la justicia Penal de La Plata.
En el expediente, su nombre aparece junto al de otros acusados vinculados con la etapa financiera de la operatoria. La fiscalía buscará ahora conocer su versión y confrontarla con la información obtenida de cuentas bancarias, billeteras virtuales, comunicaciones y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos.
Su indagatoria será, por lo tanto, un nuevo paso para determinar si los movimientos que aparecen asociados a su nombre pueden ser explicados mediante operaciones lícitas o si, como sostiene la hipótesis acusatoria, formaron parte del circuito financiero de la organización investigada.
Mientras tanto, Catriel Taubenschlag continúa prófugo. Su defensa ya había presentado un pedido de eximición de prisión y había reclamado conocer los elementos de prueba que sustentan la orden de detención.
Con la entrega de Campoli Sillero, la investigación queda ahora concentrada en la búsqueda de una sola persona y, al mismo tiempo, en el análisis del enorme volumen de información financiera y digital que puede determinar hasta dónde llegó la presunta organización.
