La Justicia condenó a los papás de un hombre por el "despojo" de una casa en La Plata en la que vivía junto a su familia y fijó un millonario resarcimiento.
La Justicia de La Plata condenó a una pareja a devolverle la casa a su hijo y su familia y ahora también le impuso el pago de una indemnización por $30 millones a raíz de los daños derivados por el despojo. Los magistrados, sin embargo, rechazaron otros reclamos.
La condena fue emitida por un juzgado civil y comercial platense tras la denuncia realizada por el hombre que ocupaba el inmueble junto a su pareja y sus dos hijas. De acuerdo con la presentación, el conflicto se originó en una propiedad que, según los reclamantes, había sido entregada dentro del grupo familiar desde hacía más de 14 años.
El Gobierno consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza desalojos y limita expropiaciones. Así quedó la ley tras la votación en el Senado Nacional.
La Justicia ordenó la detención de cuatro imputados. Una mujer había sido arrestada en su hogar y ahora otros dos se entregaron en la DDI de La Plata.
La pareja, que actualmente tiene 47 y 48 años, vivía allí cuando el vínculo con los padres del hombre comenzó a deteriorarse. La situación llegó finalmente a un punto crítico la tarde del 15 de febrero de 2024 cuando, según lo establecido en el expediente, los demandados aprovecharon que la familia no se encontraba en la casa, ingresaron con ayuda de un profesional y cambiaron las cerraduras. De esa manera, los ocupantes quedaron impedidos de ingresar a su hogar.
La familia inició entonces una acción posesoria para recuperar el inmueble y, en marzo de 2025, otro juzgado civil hizo lugar al reclamo y ordenó la restitución de la propiedad. La Cámara de Apelaciones, en tanto, confirmó esa decisión en junio de ese mismo año.
Ahora, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº19 tomó aquel fallo como un elemento central para resolver la nueva demanda y consideró acreditado que los padres habían privado de la vivienda a quienes la ocupaban mediante una conducta contraria a derecho. Los demandados, de 72 y 81 años afirmaron que el inmueble había pertenecido a un familiar y que existía un préstamo de uso en favor de dos hijos. También señalaron que ingresaron porque encontraron la casa abierta, observaron movimiento de personas desconocidas y tenían una llave y cuestionaron la sentencia que ordenó la restitución mencionando conflictos familiares previos, denuncias y pedidos de protección. La jueza, sin embargo, distinguió esas cuestiones del ingreso a la casa y consideró probado que el cambio de cerraduras impidió el acceso de la familia.
La demanda también incluyó reclamos por la pérdida transitoria del hogar, gastos de reubicación, alquiler, bienes, reformas, lucro cesante y consecuencias de distintas denuncias penales. Sin embargo, el juzgado limitó la reparación a los daños que pudo vincular directamente con el despojo. La magistrada rechazó los reclamos por gastos de reubicación, alquiler, pérdida o deterioro de bienes y reformas porque no se presentaron pruebas suficientes. También descartó el lucro cesante reclamado por uno de los adultos, debido a que la pericia contable no contaba con documentación que respaldara el cálculo.
En cuanto a las denuncias por usurpación y amenazas realizadas por los padres, el fallo tampoco consideró acreditado que fueran falsas. La jueza señaló que denunciar o solicitar medidas de protección forma parte de los derechos de cualquier persona y que, para generar una obligación de indemnizar, debe existir una decisión judicial que demuestre la falsedad de los hechos y la intención de causar daño.
La pericia psicológica a los cuatro integrantes de la familia concluyó que el despojo de la vivienda y la ruptura de los vínculos familiares generó consecuencias emocionales. En los dos adultos determinó una incapacidad psíquica del 25% y en uno de ellos el informe describió un cuadro compatible con estrés postraumático, acompañado por sentimientos de inseguridad, temor e incertidumbre. En la otra integrante de la pareja detectó una reacción emocional de características depresivas vinculada con la pérdida del hogar y la falta de control sobre lo ocurrido. Respecto de las niñas, la pericia no estableció porcentajes de incapacidad porque sus procesos psíquicos todavía se encuentran en formación, aunque sí registró tristeza, incertidumbre, sentimientos de despojo y afectación por la pérdida de sus pertenencias, su mascota y el entorno familiar.
La Justicia condenó a los papás del denunciante a pagar una indemnización a toda la familia por $30 millones
Por esos daños, la Justicia otorgó $10 millones a uno de los adultos y $12 millones a la otra integrante de la pareja, sumas a las que además se agregaron $3 millones por daño moral para cada adulto y $1 millón para cada una de las niñas, hasta alcanzar los $30 millones de la condena.
Los demandados deberán abonar las sumas establecidas dentro de los 10 días posteriores a que la sentencia quede firme. Las costas del proceso quedaron a su cargo, mientras que la regulación de los honorarios profesionales fue postergada para una etapa posterior.
