Presentó el informe de su psiquiatra tratante, que registra atención desde 2018. Albertina Mangini padece ansiedad, adelgazamiento y trastornos alimentarios.
La defensa de Albertina Mangini, la funcionaria judicial de La Plata detenida en una causa por asociación ilícita, defraudación informática y lavado de activos de origen delictivo, incorporó un nuevo elemento para intentar modificar sus condiciones de detención: la acreditación de que la acusada se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde hace años.
Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina presentaron ante la Justicia un resumen de historia clínica elaborado por la psiquiatra que atendió a Mangini durante distintos períodos. El documento registra consultas entre el 24 de mayo de 2018 y el 3 de febrero de 2026 y permite reconstruir un historial de atención psiquiátrica previo a la detención y a la investigación que ahora la tiene procesada.
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La defensa sostiene que Mangini realiza tratamiento psiquiátrico desde 2017 y que, por lo tanto, no se trata de una situación generada a partir de su arresto. El resumen presentado por la profesional comienza a documentar su atención desde mayo de 2018 y describe episodios de ansiedad, alteraciones en la alimentación, adelgazamiento, insomnio y otros síntomas que fueron tratados a lo largo de los años.
El objetivo de los nuevos abogados es demostrar que Mangini necesita mantener ese seguimiento y que la continuidad del tratamiento debe ser contemplada al momento de resolver su situación procesal. La discusión puede tener dos caminos: que el tratamiento pueda continuar adecuadamente mientras permanece detenida o que, si las condiciones intramuros no permiten garantizarlo, ese elemento sea utilizado para reforzar un pedido de excarcelación o arresto domiciliario, eventualmente con permisos para concurrir a controles médicos.
El documento fue confeccionado por la profesional que se desempeñó como psiquiatra tratante de Mangini y aclara que se limita a describir las intervenciones realizadas en carácter asistencial. La primera consulta registrada fue el 24 de mayo de 2018. En aquella oportunidad, Mangini manifestó sentirse estresada por cuestiones vinculadas con su trabajo en una fiscalía.
La profesional consignó entonces síntomas de ansiedad generalizada, dificultades de concentración, anorexia, miedo inespecífico, estado de hiperalerta, insomnio y tensión muscular, además de episodios de agravamiento de esa sintomatología. En ese momento ya tomaba clonazepam, medicación que había sido indicada antes de comenzar el tratamiento con la profesional que elaboró el informe.
Durante las consultas posteriores aparecieron, según la historia clínica, otros aspectos relacionados con el miedo a la soledad y la preocupación por la pérdida de sus padres o por la ausencia de una pareja estable. En julio de 2018 se incorporó fluoxetina al esquema de tratamiento, aunque luego fue reemplazada por escitalopram debido a efectos adversos referidos por la paciente. Meses después, la profesional volvió a registrar alteraciones en los hábitos alimentarios, adelgazamiento y astenia, y decidió modificar nuevamente el esquema farmacológico. El historial muestra además períodos en los que Mangini interrumpió la medicación o dejó de concurrir a los controles.
La historia clínica recorre casi ocho años y muestra una evolución irregular. En 2019, a raíz de una ruptura de pareja, se aumentó la dosis de fluoxetina. Al año siguiente, durante una entrevista virtual realizada en septiembre de 2020, la profesional señaló que Mangini había suspendido la medicación y que se la observaba más delgada y con un cuadro de ansiedad notorio.
Durante 2021 también se registraron períodos de interrupción. En julio de ese año, la paciente concurrió a una entrevista en la que fue observada, según el informe, desmejorada tanto en lo anímico como en lo físico, con mayor ansiedad y adelgazamiento evidente. Se volvió entonces a implementar tratamiento con fluoxetina, que llegó hasta los 30 miligramos diarios.
La historia clínica vuelve a registrar posteriormente interrupciones y períodos prolongados sin consultas. En mayo de 2025 se indicó sertralina, que también fue discontinuada. La última entrevista consignada se realizó el 3 de febrero de 2026, meses antes de la detención. En esa oportunidad, Mangini manifestó que se había casado y que se encontraba suspendida de su trabajo debido a una acusación en el fuero penal.
Según el resumen, esa situación le generaba ansiedad e incertidumbre respecto de su futuro. La profesional indicó nuevamente fluoxetina y clonazepam, pero Mangini no volvió a concurrir a control. El documento deja asentado además un aspecto que la defensa deberá enfrentar: la propia psiquiatra señala que durante el período en que la atendió hubo “mala adherencia al tratamiento” y rechazo a algunos de los tratamientos psicofarmacológicos propuestos.
El nuevo planteo de la defensa se suma a otro elemento que ya fue incorporado al expediente: una pericia oficial realizada por profesionales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
El informe fue elaborado por Mariel Lucía Azcacibar, magíster y licenciada en Trabajo Social, asesora técnica de la Dirección General de Asesorías Periciales de la Suprema Corte, y María José Novillo, licenciada en Trabajo Social y perita trabajadora social de la Asesoría Pericial La Plata. Ambas profesionales analizaron la situación de Mangini y formularon una advertencia sobre los riesgos que podría enfrentar durante su detención.
“Su desarrollo laboral enmarcado en la justicia penal, en contacto con detenidos y sus familiares, la podría ubicar en situación de riesgo en detención si no se arbitraran las medidas de cuidado necesarias”, concluyeron.
La recomendación no implica que las profesionales hayan indicado que Mangini deba salir de prisión. Lo que plantearon fue la necesidad de adoptar medidas de cuidado específicas. Ese punto puede adquirir importancia en el planteo de la defensa: si esas medidas pueden implementarse dentro del establecimiento penitenciario, Mangini podría continuar detenida bajo esas condiciones. Si no fuera posible garantizar el tratamiento y las medidas de protección recomendadas intramuros, los abogados podrían utilizarlo como argumento para solicitar una morigeración.
Mangini está detenida en una investigación dirigida por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, que analiza el funcionamiento de una presunta organización criminal vinculada con el manejo de grandes volúmenes de dinero.
La hipótesis fiscal sostiene que la estructura habría captado personas en situación de vulnerabilidad y obtenido sus datos personales y biométricos, incluso mediante escaneos de ojos, para abrir cuentas en billeteras virtuales.
Esas cuentas habrían sido utilizadas posteriormente para recibir y transferir fondos. Entre las hipótesis investigadas aparece el direccionamiento de dinero proveniente, entre otras actividades, del juego ilegal y de casinos online clandestinos.
La fiscalía estableció como punto de partida un volumen de operaciones cercano a los 27.000 millones de pesos. Esa cifra corresponde al dinero que habría circulado dentro del circuito bajo investigación y no implica que todo ese monto haya sido obtenido o administrado personalmente por Mangini.
La acusación le atribuye a la funcionaria un rol vinculado con la captación de personas cuyos datos podían ser utilizados posteriormente para generar las cuentas. La investigación ya produjo varias detenciones y allanamientos y continúa con el análisis de dispositivos electrónicos, comunicaciones y movimientos financieros.
Mientras la fiscalía continúa evaluando la evidencia para definir los próximos pasos procesales, la defensa de Mangini intenta instalar otro debate: en qué condiciones puede permanecer detenida sin interrumpir un tratamiento psiquiátrico que, según la documentación presentada, tiene antecedentes de varios años.
La historia clínica acredita consultas desde 2018 y tratamientos farmacológicos sucesivos, con períodos de continuidad y también interrupciones. El diagnóstico consignado por la profesional es de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno alimentario no especificado.
A esto se suma la pericia oficial que recomendó adoptar medidas de cuidado específicas ante el riesgo que podría implicar para Mangini su permanencia en detención por su trayectoria laboral dentro de la Justicia penal.
La pericia oficial que recomendó adoptar medidas de cuidado específicas ante el riesgo que podría implicar para Mangini su permanencia en detención
Gascón y Molina buscan que esos elementos sean considerados al momento de resolver la situación de la detenida. La alternativa que plantean es que, si no puede garantizarse dentro del penal la continuidad del tratamiento y las medidas de cuidado recomendadas, la Justicia evalúe una excarcelación o un arresto domiciliario, con la posibilidad de establecer permisos específicos para controles médicos.
La decisión dependerá ahora de la evaluación judicial sobre la evidencia médica y pericial incorporada al expediente y de las condiciones concretas en las que Mangini puede continuar detenida mientras avanza la causa penal.
