Para superar ese obstáculo, el equipo de Lacki avanzó con: análisis de reportes bancarios, trazabilidad de direcciones IP, cruces de líneas telefónicas, desgrabaciones de intervenciones.
Ese trabajo permitió reconstruir una hipótesis firme: la existencia de una estructura organizada que operó al menos entre fines de 2023 y agosto de 2024.
El rol clave de la funcionaria imputada
En el centro de la escena aparece una funcionaria judicial que se desempeñaba en el Patronato de Liberados y que, de acuerdo a la fiscalía, cumplía el rol de "captación" dentro de la organización.
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La funcionaria judicial de La Plata trabajó en este edificio, no es fiscal, es abogada, cumpió funciones en el Patronato de Liberados.
AGLP
El expediente describe un patrón reiterado: la imputada ofrecía dinero -generalmente 80 mil pesos- a personas en situación de vulnerabilidad económica para que entregaran sus datos personales y biométricos.
Las víctimas eran citadas en un bar de la zona de 7 y 56, en pleno centro platense, donde operadores tomaban fotografías, escaneaban rostros y abrían cuentas digitales a su nombre sin pleno consentimiento.
El dato no es menor: la funcionaria habría utilizado su posición dentro del sistema judicial para acceder a personas bajo supervisión o en contextos de fragilidad social, lo que refuerza la hipótesis de abuso de función pública.
Víctimas vulnerables y maniobras millonarias
Uno de los casos testigo es el de una trabajadora que percibía ingresos modestos y que accedió a la maniobra por necesidad económica. Su testimonio resultó clave para la investigación.
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Betina Lacki, la fiscal que lleva adelante la investigación y logró allanar varias propiedades.
Según declaró, le ofrecieron dinero por "escanearle el ojo" y aportar su DNI. Tiempo después, descubrió movimientos financieros millonarios a su nombre, incompatibles con su situación.
A partir de sus cuentas, los investigadores detectaron transferencias por más de 172 millones de pesos en aproximadamente un año, lo que evidencia la escala de la operatoria.
Este volumen de dinero confirma que no se trataba de maniobras aisladas, sino de una estructura aceitada con capacidad de mover grandes sumas.
El engranaje: cuentas "mula" y casino ilegal
La investigación judicial reconstruye con precisión el circuito del dinero.
Primero, las cuentas abiertas con datos de terceros funcionaban como "cuentas recaudadoras". Luego, los fondos eran canalizados hacia un casino online ilegal, identificado como el origen de los activos ilícitos.
Ese paso era clave: el dinero ingresaba como transferencias individuales y salía como supuestas "ganancias de juego", perdiendo trazabilidad.
Posteriormente, los fondos eran redistribuidos a través de distintos operadores mediante un patrón técnico particular: transferencias con montos terminados en “.12” centavos.
Ese detalle funcionaba como una marca interna que indicaba que el dinero ya había sido "limpiado" y estaba listo para ser integrado al circuito legal.
Una estructura criminal con roles definidos
El documento judicial describe una organización con división funcional clara:
- Captación: a cargo de la funcionaria imputada
- Operación: liderada por un hombre identificado como nodo central
- Dispersión: ejecutada por varios receptores que atomizaban los fondos
La fiscal sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una asociación ilícita con permanencia en el tiempo y coordinación entre sus miembros.
Incluso se detectó el uso de correos electrónicos como "telsinocas7", un anagrama de "casino", lo que revela intentos rudimentarios de ocultamiento.
El nexo indirecto con el escándalo en AFA
Aunque el expediente no menciona directamente a la Asociación del Fútbol Argentino, aparece un punto de contacto que amplifica la gravedad del caso.
La investigación identifica la posible utilización de estructuras financieras para integrar fondos al circuito legal, entre ellas Sur Finanzas.
Fuera del expediente, es sabido que esta firma ha tenido vínculos comerciales relevantes con la AFA y clubes del fútbol argentino, lo que abre interrogantes sobre la eventual proyección del dinero investigado.
En ese esquema, el dinero ya "licuado" en el casino ilegal podría haber sido canalizado hacia estructuras societarias o financieras con apariencia legítima, completando así el circuito de lavado.
Una fiscal que avanzó sin exposición mediática
Uno de los aspectos más destacados del caso es el trabajo de la fiscal Betina Lacki, quien llevó adelante la investigación con bajo perfil, pero con una rigurosidad técnica notable.
Lejos de filtraciones o avances apresurados, la causa se consolidó sobre: evidencia digital, testimonios cruzados, informes de entidades financieras y análisis de telecomunicaciones.
El resultado es un expediente robusto, con indicios "graves, precisos y concordantes", según define el propio documento.
Tribunales 13 y 47 Suprema Corte 2
La Procuración bajo la lupa
El caso impacta de lleno en la estructura del Ministerio Público bonaerense, encabezado por Julio Conte Grand.
No es un episodio aislado: se suma a una serie de escándalos que han erosionado la credibilidad del sistema judicial en La Plata, desde la megacausa conocida como "la banda de los jueces" hasta irregularidades en fiscalías clave.
La imputación de una funcionaria de la Procuración reaviva los cuestionamientos sobre los controles internos y la integridad institucional.
Lo que viene: más víctimas y posibles imputaciones
La fiscalía ya cuenta con al menos dos víctimas formalmente identificadas, pero no descarta que el número sea mucho mayor.
El propio expediente advierte que la oferta de dinero incluía la posibilidad de sumar familiares, lo que sugiere un alcance potencialmente masivo de la maniobra.
Con los allanamientos realizados en La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Córdoba, el objetivo ahora es analizar los secuestros de dispositivos y documentación que permitan reconstruir la totalidad del circuito.
Un caso que puede escalar
La causa se encuentra en plena etapa de profundización. La calificación provisoria incluye: asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos.
Pero el expediente deja abierta la puerta a nuevas imputaciones, en función de la prueba que surja de los allanamientos.
Si se confirma la magnitud del esquema y sus conexiones financieras, el caso podría convertirse en uno de los escándalos judiciales más relevantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.
Por ahora, lo que quedó claro es que detrás de simples billeteras virtuales se escondía -según la hipótesis fiscal- una maquinaria sofisticada de captación, fraude y reciclaje de dinero ilegal. Y que esa maquinaria, durante meses, operó desde el corazón mismo del sistema judicial.
