La fiscal pidió la prisión preventiva de Albertina Mangini y otros detenidos por una causa en La Plata que investiga movimientos por $27.000 millones.
La fiscal Betina Lacki pidió la prisión preventiva de la funcionaria judicial de La Plata Albertina Mangini y los demás detenidos en la causa por la presunta megaestafa con billeteras virtuales. La investigación detectó movimientos por $27.000 millones y ahora el juez Agustín Crispo deberá definir la situación procesal de los acusados.
La investigación por la presunta organización que habría movilizado $27.000 millones a través de un circuito de cuentas digitales sumó un nuevo capítulo. La fiscal Betina Lacki solicitó que las detenciones de Albertina Mangini y los demás acusados se conviertan en prisiones preventivas.
El nuevo detenido quedó procesado en La Plata tras negarse a declarar. Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenshlag siguen prófugos.
El planteo de la titular de la UFI N° 2 de La Plata será analizado por el Juzgado de Garantías N° 6, a cargo de Agustín Crispo, quien deberá determinar si existen elementos suficientes para mantener privados de su libertad a los imputados bajo esa medida cautelar.
El pedido alcanza a los detenidos durante la pesquisa. En paralelo, Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenshlag permanecen prófugos y son buscados por los investigadores.
La causa avanzó durante las últimas semanas con allanamientos, nuevas detenciones y análisis de movimientos financieros y dispositivos electrónicos. La fiscalía intenta reconstruir cómo funcionaba la presunta estructura y qué participación habría tenido cada uno de sus integrantes.
La investigación comenzó a partir de una denuncia que permitió detectar una presunta maniobra en la que se habrían utilizado datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, a esas personas se les ofrecía dinero a cambio de entregar documentación, fotografías y datos biométricos, incluido el escaneo de los ojos.
Una vez creadas las cuentas, los verdaderos titulares habrían dejado de tener el control sobre ellas. Según la acusación, terceros las utilizaban para recibir y transferir dinero mediante distintas operaciones financieras.
La fiscalía sostiene que parte de esos fondos tendría origen en actividades ilegales, entre ellas el juego online clandestino, y que posteriormente habría sido desplazada a través de diferentes movimientos financieros.
En el expediente aparece un volumen aproximado de $27.000 millones. Se trata del dinero que los investigadores lograron detectar dentro del circuito analizado y no significa que esa suma haya sido apropiada personalmente por alguno de los acusados.
La investigación busca determinar quiénes participaron de cada tramo de la operatoria y si existía una estructura de mayor alcance por encima de los sospechosos identificados.
Albertina Mangini es una funcionaria del Ministerio Público bonaerense que desarrollaba tareas vinculadas con la Justicia penal y el Patronato de Liberados.
Según la hipótesis fiscal, habría tenido un papel relacionado con la captación de personas cuyos datos posteriormente podían ser utilizados para abrir cuentas digitales.
La pesquisa se inició a partir del relato de una persona que afirmó haber recibido una propuesta de dinero para entregar sus datos y someterse a un procedimiento de identificación biométrica. Según la acusación, Mangini habría utilizado contactos derivados de su actividad laboral para acercarse a personas que podían encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Mangini fue detenida el 13 de agosto. Posteriormente, la Cámara Penal de La Plata rechazó un hábeas corpus presentado por su defensa y confirmó la continuidad de la detención mientras avanzaba la investigación. Ahora, Lacki volvió a poner a la funcionaria en el centro del expediente al solicitar formalmente su prisión preventiva.
Mientras la fiscalía pretende que continúe detenida, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina plantearon una alternativa para Mangini: que cumpla arresto domiciliario por sus problemas de salud.
La defensa incorporó distintos informes médicos, psicológicos y psiquiátricos para intentar acreditar que las condiciones de encierro están afectando el estado físico y mental de la funcionaria.
Uno de los documentos centrales es el resumen de la historia clínica elaborado por su psiquiatra tratante, que registra atención desde 2018 hasta febrero de 2026. Allí figuran antecedentes de ansiedad, dificultades de concentración, alteraciones alimentarias, adelgazamiento e insomnio.
El diagnóstico consignado es de trastorno de ansiedad generalizada y trastorno alimentario no especificado. La defensa remarca que se trata de un tratamiento iniciado antes de la causa y sostiene que no surgió exclusivamente como consecuencia de la detención.
A ese documento se suma una pericia oficial realizada por profesionales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que recomendó adoptar medidas de cuidado para Mangini durante el encierro.
El informe no establece que deba cumplir arresto domiciliario. La discusión planteada por sus abogados es si las medidas de cuidado y la continuidad del tratamiento pueden garantizarse dentro del establecimiento penitenciario.
En caso de que eso no sea posible, la defensa pretende que el juez contemple el arresto domiciliario y eventualmente autorice los traslados necesarios para que la funcionaria continúe con sus controles médicos.
La investigación también mantiene la búsqueda de Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenshlag, los dos sospechosos que permanecen prófugos.
En el caso de Taubenshlag, sus abogados presentaron un pedido de eximición de prisión y reclamaron conocer las pruebas que fundamentaron la orden de detención.
La defensa anticipó que, si la eximición es rechazada pero se le permite acceder a los elementos de cargo, Taubenshlag se presentará espontáneamente ante la Justicia.
Entre los detenidos también se encuentran Ignacio Marchioni, Mauro Perrota y Ezequiel Cigliano, además de Mangini. Tal como informó este medio, Cigliano fue indagado recientemente y optó por no declarar.
Ahora, todos quedaron alcanzados por el pedido de prisión preventiva formulado por Lacki. El juez Crispo deberá resolver si las detenciones se convierten en prisiones preventivas o si alguno de los acusados puede acceder a una medida menos gravosa.
En el caso de Mangini, además, quedará pendiente otra cuestión: las condiciones en las que deberá permanecer detenida y si su estado de salud permite que continúe en un establecimiento penitenciario mientras avanza la causa.
