Los investigadores deberán registrar la cantidad de viviendas y grupos familiares que accedieron a loteos ilegales, además de las características edilícicas.
La Justicia ordenó realizar un censo casa por casa en los desarrollos vinculados al Grupo Delsud que son investigados en el marco de la causa por los loteos ilegales en La Plata. La medida estará a cargo de la Dirección Departamental de Investigación (DDI) local y buscará determinar cuántas familias viven allí, desde cuándo y bajo qué modalidad accedieron a las parcelas.
Los investigadores deberán registrar la cantidad de viviendas y grupos familiares, además de las características de las construcciones. De acuerdo con la resolución, se deberá precisar si quienes viven allí son propietarios, compradores, poseedores, inquilinos o si se encuentran bajo otra modalidad.
En los casos de propietarios o compradores, el relevamiento deberá reconstruir cómo se concretó cada operación. La directiva también contempla identificar, cuando corresponda, al escribano o notario que intervino. La pesquisa tiene entre sus principales puntos de interés los desarrollos Sophenia, ubicado en Arana, y Garden, situado sobre la Ruta 36 entre 425 y 427.
La investigación intenta determinar cómo funcionaron la promoción, comercialización, financiación y administración de los proyectos. La hipótesis judicial sostiene que se habrían vendido terrenos como parte de desarrollos que no contaban con las condiciones legales necesarias para ser subdivididos, escriturados o urbanizados, y también analiza la intervención de sociedades y personas.
La medida fue dispuesta cuando las cuatro personas alcanzadas por órdenes de detención ya quedaron a disposición de la Justicia. La última en entregarse fue Nadia Antonella Lima, quien se presentó en la sede de la DDI platense a casi 4 días de la resolución que solicitaba su arresto. Antes había sido detenida Milena del Sol Dell’Aqua y se habían entregado Francisco Alberto Vila Basualdo y Eugenia Martínez.
Las detenciones habían sido ordenadas por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, a pedido del fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5. La resolución atribuye diez presuntas estafas a Vila Basualdo y Martínez, ocho a Lima como coautora y una participación necesaria en seis hechos a Dell’Aqua. Martínez también está imputada por presunto uso de documentación pública falsa.
Lima fue indagada el lunes en la Fiscalía y se negó a declarar. Vila Basualdo y Martínez, representados por el abogado Marcelo Peña, también hicieron uso de ese derecho y solicitaron continuar el proceso en libertad. Lima aguardará la resolución de un planteo excarcelatorio antes de evaluar si pide una audiencia para declarar.
A principios de 2026, la investigación había derivado en 16 allanamientos en domicilios y oficinas vinculados con distintas entidades. Los procedimientos incluyeron las dependencias del Grupo Delsud, que estaban en 37 entre 117 y 118 y luego se trasladaron a 51 entre 8 y 9. Allí se reunió material para avanzar con la pesquisa. Durante los operativos, los investigadores secuestraron celulares, computadoras, tablets, planos, escrituras y otros documentos relacionados con las operaciones inmobiliarias investigadas.
