El juicio oral en La Plata por la maniobra que desapoderó a un hombre mayor de una propiedad suma pruebas clave. Un conflicto familiar convertido en expediente.
El eco de viejas disputas familiares resonó esta semana en los pasillos del fuero Correccional de La Plata. Allí se desarrolla el juicio oral para M.C.R. y M.D.I., acusadas de defraudar a R.I. en febrero de 2011 mediante la venta del 50% de un departamento, aprovechando —según la fiscalía— su estado senil.
La operación se firmó en una escribanía de la ciudad, bajo la intervención del notario N.R.S., y generó desde entonces un litigio que dividió a la familia. Las denunciantes fueron S.I. y D.I., hijas de la presunta víctima, quienes sostuvieron desde el inicio que su papá no comprendía el alcance de la transacción.
El implicado fue imputado por prometer trámites exprés de ANSES, por los que cobraba miles de dólares. Ahora lo investigan por estafas.
La causa se prolongó durante 14 años entre incidentes, apelaciones y demoras. Finalmente llegó a juicio oral este 2025 y se desarrolla en el Juzgado Correccional N°3, a cargo de la jueza Belén Piccone, con la acusación impulsada por la fiscal Silvina Langone. El proceso está previsto para durar varias audiencias y ya dejó en claro que el eje central será determinar el grado de lucidez que tenía Iglesias al momento de firmar.
En la audiencia anterior, psicólogos forenses ofrecieron un testimonio que puede ser decisivo: confirmaron que para la fecha de la operación, R.I. presentaba un "deterioro cognitivo importante" que le impedía comprender la magnitud y la dimensión del acto jurídico que estaba realizando. "Más allá de que pudiera ejecutar la acción de firmar, no tenía la capacidad de discernir las consecuencias de ese acto", explicaron fuentes judiciales. Ese diagnóstico avala la hipótesis fiscal de que el hombre fue inducido a realizar una venta de la cual no entendía sus implicancias patrimoniales.
Psicólogos forenses confirmaron que para la fecha de la operación, R.I. presentaba un "deterioro cognitivo importante" que le impedía comprender la magnitud y la dimensión del acto jurídico
Para las hijas del hombre que empujaron el proceso desde 2011, escuchar a los peritos fue un punto de reparación simbólica. Ellas siempre sostuvieron que la firma de su papá no era el resultado de una voluntad libre, sino el producto de una manipulación en el marco de su enfermedad.
El debate no se detiene. Según confirmó una fuente judicial a 0221.com.ar, este viernes se presentarán dos testigos que podrían aportar más contexto sobre cómo se gestó la operación. Las partes esperan que esas declaraciones permitan reconstruir la escena en la que R.I. fue trasladado a la escribanía para firmar la venta a favor de M.D.I..
La jueza se prepara para escuchar a personas cercanas al círculo familiar y administrativo de los imputados. Se trata de testigos que, por su cercanía con los hechos, podrían echar luz sobre si hubo presión, inducción o aprovechamiento del estado de vulnerabilidad del hombre. La audiencia promete ser intensa: el tono de las preguntas y repreguntas de la fiscal Langone y de las defensas anticipa un cruce fuerte en el que se jugará buena parte de la credibilidad de la acusación.
El caso no sólo plantea un delito contra la propiedad, también pone de relieve cómo los vínculos familiares pueden quebrarse en torno al patrimonio y a la fragilidad de la vejez. Para las hijas, el departamento en disputa no era un mero bien inmueble, sino parte del legado de su padre. Para la fiscalía, fue el instrumento elegido por las imputadas para consumar una defraudación.
La jueza Piccone tiene sobre su escritorio un dilema delicado: deberá analizar si la conducta de las apuntadas encuadra en el tipo penal de defraudación, evaluando además las particularidades de la edad y estado de salud del hombre que firmó. En ese contexto, los peritajes psicológicos cobran una relevancia central, porque marcan el límite entre un acto válido y uno viciado por incapacidad.
La defensa, por su parte, insiste en que el hombre podía comprender lo que hacía y que la operación no fue más que una decisión patrimonial válida. Sin embargo, el peso del informe pericial ya inclinó el debate hacia un terreno más complejo para las acusadas.
Otro capítulo que todavía falta explorar en detalle es el papel del escribano N.R.S., quien rubricó la escritura. Para la acusación omitió advertir los signos de deterioro cognitivo que presentaba Iglesias. El notario espera por su condena en el marco de un juicio abreviado.
La expectativa sobre la resolución es alta. En caso de ser condenadas, las acusadas podrían enfrentar una pena severa. Más allá de la pena, lo que se disputa es el reconocimiento judicial de que hubo un acto de despojo. Para las hijas, esa declaración tendría un peso simbólico decisivo, porque significaría que el sistema judicial reconoció que su padre no fue consciente de haber entregado el 50% del departamento familiar.
El juicio seguirá durante las próximas semanas hasta agotar las audiencias previstas. La última palabra la tendrá la jueza Piccone, que deberá dictar sentencia y cerrar un expediente que durante más de una década permaneció abierto como una herida en el seno de una familia.