En una sala cargada de silencio y tensiones familiares irresueltas, comenzó en La Plata un juicio oral que promete remover viejas heridas. Se trata de una acusación por defraudación patrimonial cometida en febrero de 2011, cuando una mujer llevó a su esposo, Roberto Iglesias, a firmar la venta del 50 por ciento de un departamento a favor de una sobrina, aprovechando -según sostiene la acusación- el estado senil del hombre.
Las damnificadas fueron Silvina y Daniela, hijas de Iglesias, quienes iniciaron la denuncia poco después de la operación inmobiliaria y que ahora, 14 años más tarde, llegan a ver el caso en debate oral y público. En el banquillo se encuentran Marciana Cáceres Raviolo, viuda del hombre, y Mariana Di Ielsi, la sobrina beneficiada en la maniobra.
La historia tiene como escenario un departamento que Iglesias poseía y que terminó siendo eje de un conflicto familiar con ribetes judiciales. La operación se firmó en una escribanía de La Plata, bajo la responsabilidad de Nelio Roberto Sisterna, notario que rubricó la escritura. Según la acusación, el trámite se realizó con premura, en una jornada en la que Iglesias ya no se encontraba en condiciones de comprender el alcance de la venta. El profesional aceptó su responsabilidad y fue condenado en juicio abreviado.
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El escribano Sisterna aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y espera por el dictado de la condena en La Plata
El departamento, como suele ocurrir en casos de herencias y patrimonios compartidos, no era sólo ladrillos y papeles: representaba para las hijas la memoria de su padre y un bien legítimo de la familia. Esa firma cuestionada fue, para ellas, el inicio de una lucha judicial que se extendió más de una década.
El juicio y sus protagonistas
El proceso se lleva adelante en el Juzgado Correccional N° 3 de La Plata, bajo la dirección de la jueza Belén Piccone. La fiscal de juicio es Silvina Langone, quien sostiene la acusación contra Cáceres Raviolo y Di Ielsi.
La imputación es clara: defraudación en perjuicio de un incapaz. Los alegatos apuntan a que Cáceres Raviolo, en su rol de esposa, aprovechó la vulnerabilidad de Iglesias, mientras que Di Ielsi se benefició directamente con la operación. La fiscal Langone se propone demostrar que no se trató de un simple acto administrativo, sino de una maniobra urdida para desapoderar al hombre.
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Silvina Langone, fiscal de juicio de La Plata, a cargo de la acusación en el debate
AGLP
Más allá de los expedientes y las carátulas, la causa arrastra un trasfondo íntimo: hijas enfrentadas con la esposa de su padre en un litigio donde los recuerdos y el patrimonio se entrelazan. El paso del tiempo no borró el rencor ni la sensación de injusticia.
No obstante, la calificación penal proyecta una condena que busca dejar un mensaje sobre la gravedad de este tipo de maniobras, donde la vulnerabilidad de una persona mayor se convierte en el núcleo de un delito.
Ocho audiencias para una verdad
El juicio recién comienza y promete desplegar un largo recorrido probatorio. Declararán testigos, peritos y se revisarán documentos para reconstruir la escena de aquel febrero de 2011. Las hijas de Iglesias esperan que la Justicia reconozca, aunque tarde, que su padre fue víctima de un despojo.
La jueza Piccone será quien, al final de las audiencias, tenga la última palabra. Entre los pasillos del fuero correccional de La Plata se percibe que el caso no es uno más: refleja un drama familiar que estalló en un expediente judicial y que ahora busca encontrar su desenlace en el terreno de la verdad procesal.
