Luego que la UBA adelantara su decisión de recurrir a la Justicia, la UNLP rechazó la decisión del Gobierno y evalúa los pasos a seguir con su equipo jurídico.
Tras la promulgación con suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario decidida por el gobierno de Javier Milei, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantiene una postura prudente sin adelantar sus pasos a seguir, aunque rechazando de plano la decisión explicitada en el decreto presidencial.
Como se informó en las últimas hora, la Universidad de Buenos Aires (UBA) adelantó que iniciará acciones judiciales. Su Consejo Superior resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional, tras la suspensión de la Ley N°27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La institución denunció que el decreto que frena su aplicación vulnera la Constitución y agrava la crisis del sistema universitario público.
Ante la demora del Ejecutivo, la UBA recurre a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En la segunda jornada de paro, se mantienen suspendidas las clases la UNLP en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ante la consulta de 0221.com.ar sobre esa situación, voceros de la UNLP indicaron que antes de tomar una decisión se estudiará el impacto legal y presupuestario de la medida: "El equipo jurídico analiza cómo resguardar los intereses institucionales", indicaron.
Para fundamentar esa cautela, señalaron que aún no cuentan con la información técnica necesaria para evaluar una posible presentación judicial como la que resolvió impulsar la UBA. "Mientras tanto, su equipo jurídico estudia la mejor estrategia para defender los intereses de la institución".
De todos modos, remarcaron un posicionamiento general respecto al decreto de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, que a la vez suspende su aplicación concreta. "Lo que está claro es que la UNLP, al igual que todas las universidades, rechaza los términos del decreto", dijeron.
Lo que está claro es que la UNLP, al igual que todas las universidades, rechaza los términos del decreto
Tras la promulgación -y simultánea suspensión- de la Ley, la UNLP adoptó así una postura de cautela y análisis. "En primer término, la UNLP no cuenta con la información técnica suficiente que le permita evaluar la conveniencia de una presentación conjunta con la UBA, básicamente porque se desconocen los términos y alcances de esa eventual presentación", detallaron en la Universidad. No obstante, también aclararon que el servicio jurídico de la Presidencia de la UNLP, junto con especialistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, analiza las implicancias legales de la medida dispuesta por el Gobierno nacional y estudia las alternativas posibles. "Se trata de un tema jurídicamente muy delicado -explicaron-, por eso se evaluará con profundidad cuál es la mejor estrategia para defender los intereses de la Universidad de La Plata".
En la conducción universitaria remarcaron además que aún no se ha tratado el Presupuesto 2026, un elemento clave para dimensionar los eventuales impactos que la suspensión de la norma podría tener sobre el sistema universitario. "Vamos a esperar y analizar bien. Hay que tener en cuenta que todavía no se ha discutido el Presupuesto, un punto importante al momento de evaluar los eventuales perjuicios para el sistema universitario", apuntaron.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, establece un nuevo esquema de recursos para las universidades públicas y una recomposición salarial para el personal docente y no docente. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes en el Presupuesto.
La decisión del Gobierno generó una fuerte reacción en el ámbito académico. La UBA decidió iniciar acciones judiciales para exigir la inmediata aplicación de la norma, al considerar que la suspensión "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos" y "vulnera derechos constitucionales".