Abogados platenses denunciaron a tres jueces de la Corte Suprema por prevaricato y tráfico de influencias. El caso lo tomó el juez federal más cuestionado.
La denuncia penal presentada por abogados de La Plata contra tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- por presuntos delitos de prevaricato y tráfico de influencias será tramitada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo.
El magistrado es uno de los más cuestionados del fuero federal y fue propuesto por el presidente Javier Milei como integrante del propio máximo tribunal, en una postulación que quedó en pausa tras no obtener aval del Senado.
La inseguridad no da respiro. Ahora un grupo de delincuentes irrumpió en una casa de Barrio Norte, sorprendió a su dueña y la atacó con inusitada violencia.
Este giro inesperado dentro del sistema judicial genera una delicada situación institucional: Lijo deberá investigar a tres jueces que avalaron su propia designación mediante el controvertido Decreto 137/2025, hoy bajo severas críticas del ámbito jurídico.
Ariel Lijo ingresó al fuero federal a comienzos del siglo XXI y ganó notoriedad por intervenir en causas vinculadas a corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, su desempeño ha sido duramente cuestionado por auditorías del Consejo de la Magistratura, informes de la Cámara Federal y organizaciones como ACIJ, que lo posicionan como el juez con peores índices de gestión penal.
Entre las principales críticas que enfrenta figuran:
Un informe interno de la Cámara Federal señala que la gestión de su juzgado "está por debajo del estándar mínimo exigible para un juez federal". A estas deficiencias se suman sospechas por supuestos vínculos con estudios jurídicos allegados al poder político de turno.
La presentación judicial fue realizada por los abogados platenses Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta. Acusan a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti de haber incurrido en delitos penales mediante una serie de fallos "direccionados políticamente" y contrarios a derecho.
Entre los hechos denunciados se destacan:
Según los denunciantes, estos fallos responden a una "lógica de defección estratégica", donde los magistrados alinean sus decisiones con el poder político para consolidar su posición o favorecer intereses personales.
Más allá de su bajo rendimiento como magistrado, Lijo aparece involucrado indirectamente en la denuncia, ya que fue beneficiario del polémico decreto convalidado por la propia Corte. Tanto Rosatti como Rosenkrantz defendieron públicamente su nombramiento durante el proceso parlamentario. Esta cercanía alimenta cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Con su situación judicial aún indefinida, Lijo deberá ahora decidir si le da impulso a la denuncia o si la deriva o archiva. El hecho de que sea juez y parte genera serias dudas en el ámbito jurídico y podría derivar en pedidos de recusación por falta de objetividad.
La causa todavía se encuentra en etapa preliminar. Pero su destino genera sospechas en los tribunales, dada la historia de expedientes sensibles que duermen en los despachos de Comodoro Py. Que la denuncia contra tres miembros de la Corte Suprema haya recaído en el juzgado de Ariel Lijo no hace más que alimentar las dudas sobre el futuro del caso.
Por ahora, los denunciantes aguardan una respuesta procesal. Sin embargo, en los pasillos del Poder Judicial ya se preguntan si esta causa -como tantas otras- no está destinada a quedar archivada antes de empezar.