Un destacado profesional de la rama penal asumió la defensa de cara al juicio político que se desarrollará en La Plata. Habrá más abogados platenses.
Luego del sorteo de los conjueces abogados que analizarán las denuncias que pesan sobre la jueza Julieta Makintach, apartada del juicio oral por la muerte de Diego Maradona, la magistrada (cesante en funciones) definió quiénes estarán a cargo de su defensa en el jury que tramitará en La Plata, tal como informó este medio.
Fuentes del proceso confirmaron a 0221.com.ar que los letrados ya presentaron ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados la designación como defensores de la magistrada que se vio en el centro de una fuerte polémica que derivó en la nulidad de todo lo actuado en las audiencias del juicio oral por la muerte del Diez.
La magistrada tomó la palabra en plena audiencia dirigiéndose directamente a los abogados, familiares del exfutbolista e imputados.
En ese contexto, la defensa estará a cargo del equipo jurídico encabezado por el destacado penalista Darío Saldaño, acompañado por los letrados Ramiro Sánchez Gamino y Luciano Rappazzo.
El trío de abogados platenses se verá las caras junto a otros abogados con matrícula en el Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP): Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Grillo Ciocchini fueron sorteados como conjueces titulares del jury, lo que los coloca entre los cinco profesionales que decidirán si Makintach debe ser apartada de su cargo. Los otros tres titulares elegidos fueron Fabián Ramón González, de Morón; y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco, ambos de Lomas de Zamora.
En tanto, los tres conjueces suplentes que completan el jurado son Alberto Biglieri, de Lomas de Zamora; Lisandro Benito, de Junín; y Guillermo Andrés Marcos, de Bahía Blanca; quienes podrán intervenir en caso de que alguno de los titulares deba ser reemplazado por recusación o excusación.
El proceso de enjuiciamiento se activa tras la denuncia que el procurador Julio Conte Grand presentó ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, a partir de las pruebas recabadas por la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de San Isidro.
Entre los elementos centrales está la participación de Makintach en un documental que —según otras partes del Tribunal— evidenció un sesgo previo en el abordaje del caso y vulneró la imparcialidad del juicio. Esa intervención fue considerada tan grave que derivó en la nulidad total del debate oral.
El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por conjueces abogados y legisladores bonaerenses, tiene las mismas facultades que la ley otorga a un tribunal ordinario. Está habilitado para disponer la suspensión de la jueza mientras dure el proceso, ordenar medidas para valorar la verosimilitud de las denuncias o, directamente, destituir a Makintach si se prueba que incurrió en alguna de las faltas previstas por la normativa vigente.
Se trata de un procedimiento de naturaleza política más que penal, cuya finalidad es preservar el correcto funcionamiento del Poder Judicial mediante el control de la conducta de sus miembros. No analiza la comisión de delitos penales, sino que determina si el comportamiento de un juez es compatible con la responsabilidad institucional que conlleva su función.
El caso de Makintach no solo generó controversias en los pasillos del fuero penal de San Isidro, sino que tuvo amplias repercusiones mediáticas al estar vinculado con la figura de Maradona. Su rol en el documental "Justicia Divina", grabado mientras se desarrollaba el juicio por la presunta responsabilidad médica en la muerte del exfutbolista, fue considerado incompatible con la imparcialidad exigida a todo juez.
Sus colegas en el Tribunal Oral N°3 de San Isidro, así como las partes intervinientes, cuestionaron severamente esa conducta. El resultado fue una decisión sin precedentes: declarar la nulidad de todo el juicio y activar un proceso que podría culminar con la expulsión de la jueza del Poder Judicial bonaerense.
Conte Grand, máximo responsable del Ministerio Público Fiscal (MPF), fue quien finalmente presentó la acusación formal, entendiendo que había elementos suficientes para iniciar el proceso disciplinario. La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados dio curso al planteo, y con el sorteo de conjueces el caso entra ahora en una nueva etapa.
El juicio político a jueces y funcionarios judiciales está previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional y en el artículo 73, inciso 2, de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En el ámbito bonaerense, se trata de un mecanismo específico para analizar si un magistrado sigue cumpliendo con los requisitos éticos y funcionales que demanda el cargo.
El juicio político a jueces y funcionarios judiciales es un mecanismo específico para analizar si un magistrado sigue cumpliendo con los requisitos éticos y funcionales que demanda el cargo.
La composición del Jurado de Enjuiciamiento combina a legisladores y abogados de la matrícula, quienes acceden a esa función mediante sorteo. La legitimidad del proceso radica en su carácter excepcional: solo se activa cuando la conducta de un juez es considerada, a priori, incompatible con el ejercicio de sus funciones. En este caso, el centro de la discusión no está en las decisiones técnicas o procesales de Makintach, sino en su exposición pública y su eventual pérdida de objetividad frente a una causa de alto impacto social. La participación activa en un documental sobre un juicio en curso podría configurar una grave afectación a la imparcialidad judicial.
El Jurado ya está en funciones y tendrá a su cargo la recepción de pruebas, las audiencias y finalmente el dictado de una resolución que podría incluir sanciones disciplinarias o la destitución de Makintach. El proceso no tiene plazos estrictos, pero desde el entorno del jury se espera que haya definiciones concretas antes de fin de año.
La mirada ahora está puesta en la actuación de los conjueces sorteados, especialmente de los abogados titulares, entre los que sobresalen los dos representantes de La Plata. Su rol será examinar con criterio técnico y ético las acciones de la magistrada y emitir un fallo que siente un precedente sobre los límites del accionar público de los jueces. Mientras tanto, Makintach sigue siendo conocida mediáticamente como "la jueza de D10S", pero su permanencia en el cargo ya no dependerá de los medios ni del documental, sino del juicio político que acaba de ponerse en marcha.