En una denuncia sin precedentes, abogados de La Plata apuntaron contra los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) por supuesta corrupción judicial, tráfico de influencias y fallos que favorecerían al oficialismo. El escrito al que accedió 0221.com.ar cuestiona decisiones sobre el Consejo de la Magistratura, el DNU de Milei y la causa Vialidad, y plantea un patrón de alineamiento político.
La denuncia penal es contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los acusan de prevaricato y tráfico de influencias por una serie de fallos que, según los denunciantes, evidencian una estrategia de alineamiento con el Poder Ejecutivo y sectores económicos concentrados.
Los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta, todos matriculados ante la Cámara Federal de Apelaciones platense, presentaron el escrito invocando su rol como ciudadanos y solicitando ser tenidos como amicus curiae. Denuncian que las decisiones del máximo tribunal "socavan las bases del sistema democrático".
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Los abogados denunciantes en sintonía fina con las calles de La Plata.
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"Defección estratégica", el eje de la acusación
El concepto central de la presentación es la "defección estratégica", una teoría elaborada por la politóloga Gretchen Helmke y el constitucionalista Leandro Wolfson. Describe la conducta de jueces que, frente a un poder político en decadencia, modifican sus fallos para alinearse con el nuevo poder emergente y preservar su influencia institucional.
La denuncia afirma que este comportamiento es evidente en tres fallos recientes: la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 sobre el Consejo de la Magistratura; la convalidación del Decreto 137/2025 de Javier Milei para designar jueces sin intervención del Senado; y la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, pocos días después de lanzar su candidatura bonaerense.
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Parte de la denuncia de abogados de La Plata contra los jueces de la Corte Suprema federal.
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Consejo de la Magistratura: cinco años de espera y fallo inmediato
Uno de los puntos más polémicos es el fallo del 17 de diciembre de 2021, donde la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080, que regulaba el Consejo de la Magistratura desde 2006. Aunque la demanda había sido iniciada en 2016, la resolución llegó tras más de cinco años, pero fue ejecutada de manera inmediata.
Los denunciantes cuestionan la rapidez con la que se implementó el fallo y sostienen que el máximo tribunal "asumió funciones legislativas" al reponer una norma anterior a la reforma de 1994. También destacan que dos de los magistrados, Maqueda y Lorenzetti, habían convalidado el modelo anterior en 2014.
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El catedrático García-Mansilla tuvo un paso fugaz por la Corte nacional,
Juramento sin Senado: el caso García-Mansilla
Otro hecho bajo sospecha es la aceptación por parte de la Corte del Decreto 137/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei designó por decreto a los juristas Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla. Aunque el Senado rechazó las nominaciones, la Corte tomó juramento a García-Mansilla, considerando que "se cumplieron las formalidades".
La denuncia tilda la maniobra de inconstitucional y cita al exjuez Juan Carlos Maqueda, quien consideró el decreto "horrible" y "al borde de la inconstitucionalidad". Según el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, la designación de jueces supremos requiere aval del Senado, lo cual no se habría cumplido.
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Cristina y el balcón, una imagen que pone nerviso al poder concentrado.
Causa Vialidad: un fallo con efecto electoral
El punto más sensible de la denuncia es la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El fallo se conoció pocos días después de que la expresidenta anunciara su candidatura a las elecciones 2025. Los abogados denuncian una "maniobra política" destinada a condicionar el proceso electoral.
Aseguran que el caso fue resuelto en tiempo récord, cuando el promedio de la Corte para causas nuevas supera los cuatro años. Como agravante, citan declaraciones públicas del juez Lorenzetti, quien días antes del fallo adelantó su inminente publicación.
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La esquina de 7 y 50 le dijo varias veces "no" a Javier Milei tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023.
Fallos postergados: Malvinas, jubilados y el DNU 70/23
Para sustentar la denuncia, los abogados enumeran casos de alto impacto que la Corte mantiene congelados:
- Crímenes en Malvinas: once recursos extraordinarios por torturas a soldados conscriptos no fueron tratados
- DNU 70/23: a pesar de fallos parciales de tribunales inferiores, la Corte evitó pronunciarse, interpretado como respaldo al Ejecutivo
- Jubilaciones y conflictos laborales: la Corte benefició a grandes empresas, mientras cientos de causas siguen sin resolverse
Los letrados denuncian un uso "discrecional y político" del calendario judicial, favoreciendo causas funcionales al gobierno y postergando aquellas de interés ciudadano.
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Cientos de miles de argentinos, organizados o silvestres, marcharon en apoyo a la líder opositora y en contra de su proscripción.
Consecuencias penales e institucionales
La denuncia reclama la investigación penal de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti por los delitos de prevaricato (art. 269 del Código Penal) y tráfico de influencias (art. 256 bis). Acusan a los jueces de haber dictado fallos contrarios a derecho con fines políticos.
A nivel institucional, el escrito advierte sobre un grave deterioro de la legitimidad judicial y la manipulación del sistema legal en favor de intereses no republicanos. "No se trata de errores, sino de una estrategia de poder", afirman.
Un hecho sin precedentes en clima de alta tensión
La denuncia contra los jueces de la Corte Suprema constituye un episodio sin antecedentes recientes. Aunque aún resta que el fuero federal evalúe su viabilidad, su sola existencia refleja un clima de tensión institucional y cuestionamientos crecientes sobre el rol del máximo tribunal.
La Corte no ha emitido declaraciones al respecto, pero en los pasillos del Palacio de Tribunales reconocen que el caso ya se convirtió en parte de la historia judicial argentina.
