Médicos bonaerenses denunciaron a autoridades de la entidad por defraudación, malversación y asociación ilícita vinculadas al Hotel Grand Brizo.
Un numeroso grupo de médicos bonaerenses presentó una denuncia penal contra autoridades de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires por presuntas maniobras de defraudación, malversación y asociación ilícita vinculadas a la construcción del Hotel Grand Brizo en La Plata y contratos con el grupo Puente Hermanos.
Los profesionales formalizaron la presentación ante la Justicia y solicitaron que se investiguen las presuntas maniobras fraudulentas que habrían tenido lugar en el marco del desarrollo del lujoso alojamiento ubicado en pleno centro de la capital provincial y que abrió sus puertas en febrero de 2019. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, a cargo del fiscal Juan Menucci; y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N°2, cuyo titular es el juez Eduardo Silva Pelossi.
Con música en vivo, DJ set, gastronomía y vermuts de autor, el Hotel Grand Brizo invita a celebrar el primer atardecer de la primavera en las alturas.
Los homicidios mostraron un descenso interanual del 17%, según datos oficiales, mientras las estafas virtuales crecieron y cambiaron el mapa del delito.
En la presentación a la que accedió 0221.com.ar se imputan presuntos delitos de acción pública contemplados en el Código Penal de la Nación. Entre ellos, se mencionan la defraudación y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (Artículos N°173 inciso 7° y N°174 inciso 5°), la asociación ilícita (Artículo N°210), la malversación de caudales públicos (Artículos N°260 y N°261) y la falsedad ideológica de instrumento público (Artículo N°293).
Según el escrito, las maniobras habrían sido articuladas entre autoridades de la Caja y sociedades comerciales vinculadas al denominado grupo Puente Hermanos, con el objetivo de justificar pagos millonarios por servicios que, de acuerdo a la denuncia, no se habrían prestado efectivamente. Los denunciantes sostienen que estos hechos habrían generado un perjuicio directo al patrimonio de los médicos afiliados, al desviar aportes obligatorios hacia intereses privados mediante un esquema de facturación presuntamente irregular.
El eje de la denuncia gira en torno a la construcción del reconocido Hotel. De acuerdo al planteo, la entidad contrató a empresas del citado grupo para realizar la "Auditoría de Obra" del emprendimiento, que tenía como finalidad corrobora el accionar de la constructora y autorizar los pagos correspondientes.
El grupo está integrado por Puente Hermanos Inversiones S.A., Puente Hnos. Holding (Argentina) S.A., Puente Hnos. MAE S.A. y Puente Inversiones y Servicios S.A. y, de acuerdo con la presentación judicial, las sociedades comparten domicilio legal en Tucumán 1, piso 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), así como directivos y objeto social. La retribución pactada para estas firmas habría sido equivalente al 7,98% del valor de cada certificado de obra emitido, sin embargo la denuncia afirma que no existirían informes técnicos, actas de inspección ni documentación que respalde la efectiva realización de las tareas de auditoría, lo que configuraría una simulación contractual para justificar la salida de fondos.
Además, se detalla la existencia de un contrato de mandato original, tres adendas posteriores por ampliaciones y mayores costos, una cesión contractual y una cuarta adenda vinculada a la tercera etapa de la obra, junto con facturas emitidas en concepto de "Auditoría de Obra".
La denuncia apunta contra quienes ocuparon los cargos de presidente, secretario y tesorero del directorio de la Caja durante el período investigado. Entre los mencionados se encuentran Héctor Sainz, quien ejercía la presidencia al inicio de las obras y continúa en funciones: y el doctor Tomás Cayetano Campenni, quien lo sucedió en el cargo y falleció en 2025.
En el escrito presentado por los denunciantes –que cuentan con el patrocinio de los abogados Ignacio Fernández Camillo, Fabio Nielsen y Diego Alonso– se sostiene que los miembros del Directorio tendrían responsabilidad personal y solidaria por los actos de la institución y que los hechos denunciados habrían sido desarrollados y conocidos por las máximas autoridades.
En el petitorio final se solicita una investigación judicial profunda para determinar las responsabilidades penales de los directivos involucrados y de las sociedades comerciales participantes. Asimismo, se requirió el libramiento de oficios a distintos organismos, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro de Reincidencia y las Fiscalías Generales de la provincia, a fin de reunir información societaria, contable y antecedentes que permitan avanzar en la investigación penal preparatoria.