La empresaria Roxana Aloise está imputada y podría afrontar reclamos millonarios. El foco se posa ahora sobre la sucesión de su padre y los bienes compartidos.
Patrimonio compartido, bienes hipotecados y una posible ola de juicios civiles contra la familia Aloise es lo que se avizora en un futuro cercano tras el voraz incendio y derrumbe en La Plata que redujo a escombros un depósito de electrodomésticos en diagonal 77 entre 3 y 48, en pleno centro de la capital provincial.
El fuego no solo dejó pérdidas materiales valuadas en más de un millón y medio de dólares y una estructura edilicia comprometida, sino que también activó una nueva y compleja etapa judicial. En el centro de la tormenta se encuentra Roxana Aloise, titular de la firma Al Tecno S.A., única imputada hasta el momento por el delito de "incendio y otros estragos", bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Un ingeniero civil alertó sobre los riesgos para los edificios linderos al depósito que se incendió en La Plata. Dijo que el calor pudo dañar las estructuras.
Pero el frente penal no será el único: ahora asoman, con fuerza, los posibles reclamos civiles que podrían afectar no sólo su patrimonio personal, sino también los bienes compartidos dentro de la sucesión aún abierta de su padre, Vicente Aloise.
El inmueble donde funcionaba el depósito incendiado —sin habilitación municipal y sin cobertura de seguro— pertenece formalmente a la sucesión de Vicente Aloise, en la que Roxana fue nombrada heredera junto a su madre, Élida Betty Gabutti, y sus dos hermanos, Oscar Alberto y María Alejandra Carmen Aloise. Por eso, los posibles demandantes —entre ellos vecinos con viviendas afectadas, propietarios de vehículos destruidos y la empresa de energía por el daño al cableado eléctrico— podrían avanzar no sólo contra Al Tecno S.A. y Roxana como persona física, sino también contra la totalidad del acervo hereditario.
El patrimonio actualmente en la mira de la Justicia está compuesto por una serie de bienes inmuebles, algunos con deudas y conflictos legales preexistentes. En total, hay cuatro propiedades identificadas:
Este último, además, arrastra una pesada carga: una hipoteca constituida en favor de la petrolera nacional YPF, como parte de una deuda originaria cercana a los 4 millones de pesos que data de la época en la que el lugar funcionaba como estación de servicio. La hipoteca está en proceso de ejecución ante el mismo juzgado civil donde se tramita la sucesión y los montos reclamados aumentan día a día debido a intereses, costas y otros gastos judiciales.
A esto se suma un dato no menor: los loteos de un campo en Magdalena (alrededor de 104 hectáreas) y dos automóviles que estaban a nombre de Aloise padre ya no forman parte del acervo, dado que fueron vendidos por la familia años atrás. Vicente Aloise no dejó testamentos ni cobrara jubilación alguna del Estado, según consta en la sucesión que tramita en la justicia en lo Civil y Comercial de La Plata.
Desde el punto de vista jurídico, la situación es particularmente delicada. Aunque la única imputada penalmente es Roxana y la operadora directa de la firma Al Tecno S.A. —que acopiaba electrodomésticos sin habilitación ni seguro en el predio siniestrado—, los bienes sucesorios están integrados por todos los herederos, y eso abre una ventana para que los reclamos se canalicen contra la totalidad del acervo hereditario.
"Los damnificados pueden ir contra el conjunto de bienes de la sucesión, sin importar que los otros herederos no hayan tenido participación en la actividad comercial de Roxana", explicó una fuente judicial. En caso de que esas demandas prosperen, los hermanos y la mamá de la empresaria podrían verse obligados a responder con sus cuotas partes de los bienes heredados, aunque luego podrían iniciar acciones de repetición para recuperar ese dinero de parte de la empresaria imputada.
En ese sentido, el foco de la responsabilidad patrimonial gira ahora en torno al concepto de responsabilidad solidaria del acervo, aunque esté dividido entre varias personas. La Justicia no distingue responsabilidades internas a la hora de hacer efectiva una sentencia.
"Si se condena al acervo, se embargan y rematan los bienes. Después, los herederos podrán litigar entre ellos, pero primero hay que pagar", sintetizó una fuente consultada por 0221.com.ar.