El fiscal analiza informes sobre el incendio del depósito de diagonal 77 y 48. Dudas sobre la habilitación del predio y el manejo familiar del inmueble.
El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta dará esta semana un paso decisivo en la investigación penal por el voraz incendio y derrumbe del depósito ubicado en diagonal 77 y 48, en pleno centro de la ciudad deLa Plata. Todos los detalles al día de la investigación en curso.
A partir de los informes preliminares de los peritos de Bomberos, el representante del Ministerio Público comenzará a delinear con mayor precisión la hipótesis del origen del fuego que, el miércoles pasado, provocó una emergencia urbana de alto impacto, tanto por su magnitud como por las sospechas que se dispararon en torno al predio.
Avanza la investigación para determinar cómo se originó el incendio y derrumbe en el depósito de La Plata y ya hay al menos una explicación posible.
El informe de los especialistas tras el incendio y derrumbe del depósito en La Plata determinó que hay riesgo de colapso y se dispuso alojamientos en hoteles.
Según pudo saber 0221.com.ar, la investigación entró en una etapa dirimente. Los primeros análisis técnicos indican que el foco ígneo se habría originado en una oficina de la planta baja, por un cortocircuito.
Sin embargo, el fiscal no descarta ninguna hipótesis: desde un accidente eléctrico hasta una negligencia humana o incluso la intervención de terceros, aunque esta última opción hoy se encuentra debilitada por la falta de elementos objetivos.
En base a los peritajes realizados por personal especializado del cuerpo de Bomberos, el fuego habría comenzado en una oficina ubicada en el sector de ingreso al depósito, donde se detectaron signos compatibles con un recalentamiento de material eléctrico.
Para los expertos, esto pudo deberse a una sobrecarga o a una falla técnica en algún dispositivo que aún se intenta identificar a través de los restos recolectados.
Aun así, la complejidad del análisis es alta: muchos de los elementos quedaron destruidos por la intensidad del fuego y el posterior derrumbe de la estructura. De hecho, el edificio debió ser vallado por completo debido al riesgo de colapso.
En las últimas horas, especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UNLP comenzaron a colaborar con las tareas de evaluación estructural y dictaminaron que será necesaria una demolición controlada.
En paralelo, el equipo de investigación criminal de la Policía Federal -con su unidad canina USAR- trabajó en el lugar con perros entrenados para la búsqueda de víctimas. No se detectaron cuerpos entre los escombros, lo que confirmó que no había personas en el lugar al momento del incendio.
Sin embargo, la ausencia de cámaras de seguridad en la cuadra y la falta de sereno dentro del inmueble obstaculiza la reconstrucción detallada de los minutos previos al siniestro.
Uno de los datos más inquietantes para los investigadores es que el depósito había sido clausurado por la Municipalidad de La Plata el pasado 25 de junio, apenas dos semanas antes del incendio, por falta de habilitación y condiciones mínimas de seguridad edilicia. Pese a ello, el espacio seguía operando al momento del siniestro, lo que abre serios interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de las medidas administrativas dispuestas por el área de Control Urbano.
En este punto, el fiscal Condomí Alcorta no descarta avanzar con imputaciones por desobediencia o incumplimiento de los deberes de cuidado, en el marco de la causa penal que ya se encuentra en pleno trámite. En ese expediente ya fue imputada Roxana Aloise, una de las herederas del inmueble, quien, según documentación aportada por la sucesión, tenía a su nombre el contrato de alquiler del depósito.
“El objetivo ahora es establecer con precisión quién tenía el control operativo del lugar, quién lo habilitó para seguir funcionando y en qué condiciones estaba la instalación eléctrica, que todo indica habría sido determinante”, explicó una fuente del caso.
El caso también destapó un entramado familiar y empresarial con varias aristas. El inmueble donde funcionaba el depósito pertenece a la sucesión del empresario Vicente Aloise, fallecido en 2021. Desde entonces, su esposa Elida Betty Gabutti y sus hijos Oscar Alberto, Roxana y María Alejandra Carmen Aloise figuran como herederos. Cada uno opera distintas firmas comerciales con apellido común, pero gestión independiente.
En declaraciones públicas, Oscar Aloise se despegó de cualquier vinculación con el espacio siniestrado y aseguró que su firma —Aloise Tecnología en el Hogar— no tiene relación con Al Tecno S.A., manejada por Roxana, ni con Casa Aloise, a cargo de María Alejandra. “La cadena Aloise no tiene nada que ver con ese depósito”, afirmó, para intentar despejar versiones cruzadas sobre las responsabilidades en el uso del inmueble.
Aun así, en la causa judicial se investiga si hubo vínculos operativos o comerciales entre las distintas empresas, y si el predio era utilizado por una sola o por varias de manera simultánea. También se intenta establecer si, pese a la clausura formal del predio, hubo movimientos de mercadería, personal o vehículos en los días previos al incendio.
La clave en los próximos días será definir si el siniestro se trató de un hecho estrictamente accidental, o si existieron condiciones de negligencia punible que puedan derivar en imputaciones concretas. Por ahora, la única imputada es Roxana Aloise, pero hay notificaciones que permiten suponer que el fiscal evalúa avanzar hacia una eventual formulación de cargos.
Entre los elementos que se están analizando figuran los contratos de locación, registros comerciales, informes técnicos municipales y el resultado de las pericias sobre el cableado eléctrico y dispositivos hallados en la oficina donde se habría originado el fuego.
En tanto, las autoridades locales ya anticiparon que evaluarán las responsabilidades administrativas por el incumplimiento de la clausura. Trascendió que el predio había sido inspeccionado apenas días antes del siniestro, y que la habilitación estaba en trámite pero sin aprobación final.
Además, algunos vecinos de la zona aseguran que el depósito era utilizado activamente incluso después de la clausura, con movimientos de carga y descarga de mercadería en horarios nocturnos, aunque no hay registros fehacientes que respalden esa versión.
Para esta semana están previstas nuevas diligencias clave: la inspección ocular del inmueble con participación de peritos de parte y nuevos estudios sobre los dispositivos eléctricos hallados en el foco del incendio. También se aguarda un informe detallado de los bomberos que podría cerrar la primera etapa técnica de la investigación.
En paralelo, el fiscal convocará a nuevos testigos vinculados a la administración del depósito, a fin de reconstruir la cadena de responsabilidades sobre el funcionamiento del lugar y su estado antes del siniestro.
La causa penal se encuentra caratulada como “Averiguación de causales de incendio”, pero podría mutar en las próximas semanas si se detectan responsabilidades específicas. No se descarta que el expediente derive también en una denuncia por estrago culposo, una figura que contempla penas de hasta cinco años de prisión si se demuestra que el hecho fue consecuencia de una omisión grave o imprudencia evitable.
La ciudad de La Plata sigue conmovida por las imágenes del incendio, que generó un colapso en el tránsito del centro durante más de 12 horas, obligó a evacuar edificios aledaños y dejó en evidencia las debilidades en materia de control urbano, seguridad eléctrica y habilitaciones comerciales.
Lo que comenzó como un siniestro puntual podría convertirse en una causa judicial de alto voltaje, con impacto político, empresarial y administrativo. El foco ya no está solo en las llamas que arrasaron el depósito, sino en las decisiones que permitieron que estuviera funcionando cuando, por ley, debía estar clausurado.