La empresaria Roxana Aloise será juzgada por los delitos de estrago culposo y desobediencia por el incendio del 16 de julio de 2025 en el depósito de Aloise.
La causa penal por el voraz incendio y derrumbe del depósito de Aloise Tecno, propiedad de Roxana Aloise, ocurrido el 16 de julio de 2025 en la esquina de Diagonal 77 y 48, tuvo como último paso la elevación a juicio oral en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky.
La resolución llegó a principios de julio luego de que el fiscal lo requiriera, al considerar agotada la etapa de investigación y reunidos los elementos suficientes para sostener la acusación. La empresaria solo espera la fecha del debate oral, imputada por los delitos de estrago culposo y desobediencia, acusación que se sustenta en una extensa producción probatoria reunida durante la instrucción.
La madrugada del 16 de julio de 2025 quedará marcada en la historia de La Plata por las escenas del incendio consumiendo el depósito de electrodomésticos.
Entre las pruebas valoradas por el juez figuran el peritaje de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina (PFA), que ubicó el origen del incendio en una contingencia eléctrica registrada en la planta baja del depósito; los informes de la Municipalidad de La Plata, que acreditaron que el inmueble no contaba con habilitación comercial y que había sido clausurado semanas antes del siniestro; las actuaciones del Juzgado de Faltas; las inspecciones realizadas tras el derrumbe; registros fílmicos y numerosas declaraciones testimoniales.
El fiscal Fernando Padován pidió la elevación a juicio oral y realizó un extenso repaso de la evidencia acumulada durante la investigación. Como se dijo, uno de los elementos centrales es el informe técnico de la PFA, que determinó que el fuego se habría iniciado antes de las 4.16 de la madrugada en la planta baja, destinada a oficinas. Según los peritos, la hipótesis compatible con la evidencia es una contingencia eléctrica generada en la reactancia de un plafón de iluminación, que derivó en un incendio generalizado que afectó toda la estructura y provocó el colapso de los pisos superiores, tal como este medio anticipó.
También fueron incorporadas las grabaciones de cámaras de monitoreo urbano y privadas, los registros de alarmas, fotografías, inspecciones policiales y pericias realizadas durante los días posteriores al siniestro. La fiscalía destacó especialmente que los registros fílmicos descartaron la intervención de terceros ajenos al establecimiento.
Entre los testimonios valorados aparecen los de vecinos que observaron movimientos en el depósito minutos antes del incendio. Uno de ellos declaró haber visto una camioneta estacionada marcha atrás y personas cargando o descargando mercadería poco antes de que comenzaran las explosiones. Otro testigo presencial relató que observó cómo se incendiaban electrodomésticos y que debió alertar a vecinos y bomberos cuando el fuego recién comenzaba.
También tuvieron especial relevancia los testimonios de dos ex empleados de la empresa, quienes aseguraron que, pese a la clausura preventiva, el depósito continuó funcionando por decisión de la firma. Esas declaraciones fueron consideradas por la fiscalía como un elemento central para sostener la acusación por el delito de desobediencia.
En la investigación también fue incorporada la declaración de Martina Piccoli, quien residía en una vivienda lindera al depósito al momento del incendio y logró escapar instantes antes del derrumbe. Su madre, Claudia Verónica Salvi, es una de las principales damnificadas del caso y está representada tanto en la causa penal como en la demanda civil por el abogado y docente de la UNLP Diego Dousdebes.
Fue precisamente Dousdebes quien impulsó activamente la investigación desde la querella. A lo largo de la instrucción presentó tres pedidos de citación a indagatoria contra Roxana Aloise, incorporó prueba y solicitó medidas de investigación que terminaron siendo receptadas por la fiscalía. Finalmente, la empresaria fue indagada y optó por hacer uso de su derecho a guardar silencio.
En paralelo, continúa tramitando la causa civil por daños y perjuicios, iniciada por los vecinos afectados por el incendio. En ese expediente ya se dictó una inhibición general de bienes contra Roxana Aloise para preservar el patrimonio frente a una eventual condena indemnizatoria, lo cual mantiene paralizados los trabajos en el predio incendiado.
