La Cámara de Apelaciones de La Plata dictó la excarcelación bajo promesa de buena conducta, pero con una serie requisitos. Fue detenido el 11 de septiembre.
Franco Robledo (26), quien el pasado 11 de septiembre fue detenido y procesado por el presunto robo de un calzoncillo usado, fue excarcelado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata bajo promesa de buena conducta (caución juratoria) y llegará a juicio oral en libertad, según confirmaron fuentes judiciales a 0221.com.ar.
El expediente llegó a esa instancia por el impulso de la defensa particular a cargo del abogado Ignacio Fernández Camillo, quien realizó una batería de planteos en diferentes organismos para lograr la libertad de su asistido.
El acusado de robar esa prenda íntima realizó un insólito pedido al magistrado que tiene la causa. Un expediente que no deja de generar asombro en La Plata.
El juez señaló que tiene una pena en expectativa superior a los 10 años de prisión por el hecho ocurrido en 11 de septiembre en una vivienda de La Plata.
Tras analizar todo el expediente los camaristas Ernesto Ferreyra y Miriam Ermili dispusieron la libertad. El voto principal fue de Ferreyra quien sostuvo: "Ante dicho cuadro de situación considero que los aspectos referidos en la instancia de origen no logran motivar adecuadamente la existencia de riesgos procesales cuya magnitud torne necesaria la imposición de la medida de coerción de máxima intensidad en un supuesto -como el que aquí nos ocupa-, donde de recaer sentencia condenatoria, la eventual pena a imponer no puede descartarse que resulte de ejecución condicional".
Durante el proceso se estableció que el acusado no tiene antecedentes computables, posee arraigo familiar y trabajo. La pena en expectativa llega hasta 10 años de prisión, pero tiene un mínimo de tres años de condena que podría ser de ejecución condicional.
Además, los camaristas impusieron a Robledo una serie de reglas de conducta. Deberá presentarse todos los meses ante el Tribunal Oral Criminal I de La Plata (allí está radicado el expediente de cara al debate oral) y tampoco podrá acercarse al denunciante del caso y "otras condiciones y/u obligaciones especiales que el órgano jurisdiccional estime necesarias aplicar en el caso para tutelar los fines del proceso".
El expediente judicial en el que se debate el presunto robo de un calzoncillo bóxer usado sigue generando fojas para el asombro y gastos al golpeado erario bonaerense. El acusado, solicitó una nueva medida de prueba que puede resultar "dirimente", según se detalla en la documentación judicial a la que accedió 0221.com.ar. Mediante su abogado requirió que se practique la madre de todas las pruebas: un estudio genético sobre la prenda de ropa interior.
"Vengo a requerir el cotejo de ADN de la prenda íntima secuestrada en la presente con la extracción de ADN de mi defendido; a fin de ser una prueba dirimente respecto a lo consignado en la presente investigación", se detalla en el escrito judicial. La solicitud debe ser resuelta en el TOC) I de la capital bonaerense.
El 4 de octubre pasado, el juez Hernán Decastelli rechazó los planteos de la defensa que apuntan a que el acusado recupere la libertad o mejore sus condiciones de detención mediante un arresto domiciliario, de cara al juicio oral.
La defensa planteó que la detención se trata de un "absurdo jurídico". Entiende que no existen elementos de prueba que corroboren la hipótesis de la acusación. Ella indica que el acusado ingresó a una vivienda, forzó una cerradura, rompió un vidrio, se apoderó de dos relojes, 20 mil pesos, una calza deportiva, una musculosa y un calzoncillo bóxer.
Sin embargo, en el acta policial de detención solo figura que llevaba un calzoncillo en el bolsillo. No tenía dinero, relojes ni otra prenda de las mencionadas como sustraídas de la propiedad. Solo le incautaron un bóxer marca UOMO que la víctima del robo reconoce como propia, pero el acusado señala que es de él. Todo será materia de debate en el amplio plenario del juicio oral.
Robledo está acusado de "robo doblemente agravado por su comisión por escalamiento y efracción (…), por lo que se espera, en caso de condena, una pena máxima de más de 10 años de prisión", fundamentó el juez Decastelli. El magistrado considera, por el momento, que la defensa no aportó ninguna prueba que pruebe su versión. Por ese motivo, le da entidad a la hipótesis acusatoria y mantiene la prisión preventiva del acusado, quien no tiene antecedentes penales.
Cabe aclarar que, al momento de su captura, Robledo cumplía reglas de conducta en el marco de una probation, figura que ya fue explicada en ediciones anteriores.
Por su parte, el defensor Fernández Camillo recordó que su asistido (en el marco de otra causa) estuvo dos años detenido y resultó absuelto. "El Estado le debe dos años de libertad", señaló en la audiencia que dio motivo a la resolución del rechazo tanto de la excarcelación como del arresto domiciliario.
El acusado requirió la devolución de la prenda íntima, ya que asegura, es de su propiedad. "Vengo a requerir la devolución del efecto secuestrado, calzoncillo propiedad de mi defendido, puesto que como aseguro en la audiencia, es de su propiedad", se detalla en el escrito presentado por el defensor particular.
Tal como viene informando 0221.com.ar, la causa se abrió el pasado 11 de septiembre y desde ese día el acusado permanece detenido. La Policía lo demoró cuando caminaba por 72 entre 4 y 5 con la prenda interior a modo de "gorro". Los efectivos lo apresaron al considerar que el calzoncillo tipo bóxer era robado.
Para la defensa se trata de otro caso del mentado "olfato policial", en el que se apresa a personas en la vía pública solo por su aspecto físico o incluso, por hechos menores, como los que se denominan delitos de "bagatela". El acusado asevera que llevaba el calzoncillo en la cabeza para cubrirse del frío, pero en el acta policial se detalla que le guardaba en un bolsillo. Además, un testigo dijo haberlo visto caminando por los techos de una casa.
Todo indica que el caso llegará a juicio oral en el marco de un proceso de flagrancia. En esta causa ya intervinieron dos fiscales, un juez de Garantías, dos camaristas, un defensor oficial, un juez de tribunal oral, policías y personal penitenciario que debe cuidar al acusado. Todo por un calzoncillo usado cuya propiedad es controvertida.