La Justicia de La Plata ordenó detener a los imputados por los hechos denunciados en la Unidad N°51. Serán indagados por el fiscal Álvaro Garganta.
Quince personas fueron detenidas durante la madrugada de este martes en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el marco de la investigación que se lleva a cabo en La Plata y busca esclarecer las graves denuncias de torturas y abusos sexuales ocurridas en junio pasado en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena.
Los procedimientos fueron ordenados por el titular del Juzgado de Garantías N°4, Juan Pablo Masi, y se concretaron a partir del trabajo coordinado entre la Justicia, la fiscalía que conduce la investigación, el SPB y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
La medida representa un nuevo y significativo avance en un expediente que comenzó a partir de los testimonios de mujeres privadas de la libertad que denunciaron haber sido sometidas a golpes, tormentos, abusos sexuales, gas pimienta, desnudez forzada, amenazas y distintos mecanismos de humillación y castigo dentro de la cárcel de Magdalena.
La causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de la capital bonaerense, quien en las próximas horas comenzará a recibir las declaraciones indagatorias de los acusados. La investigación judicial apunta a determinar qué ocurrió durante el operativo desplegado en la unidad penitenciaria y, especialmente, cuál fue el grado de responsabilidad que tuvo cada una de las personas involucradas.
De acuerdo con la imputación, las personas detenidas son Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.
La nómina alcanza a personas que cumplían distintas funciones dentro del sistema penitenciario. Según surge de la investigación, entre los involucrados aparecen autoridades de la unidad, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal vinculado al área de sanidad. La acusación contempla diferentes grados de intervención y señala a los imputados como autores y/o partícipes necesarios de los delitos investigados.
El expediente tiene como eje la presunta comisión del delito de tortura, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones. La calificación legal, sin embargo, deberá ser analizada y eventualmente precisada durante el avance de la investigación, mientras que las indagatorias serán una instancia clave para que cada uno de los acusados conozca formalmente los hechos que se le atribuyen y pueda ejercer su derecho de defensa.
Los hechos investigados ocurrieron el 3 de junio de 2026, después de una pelea entre dos internas alojadas en la Unidad N°51. Según las denuncias que dieron origen al expediente, un grupo de agentes ingresó a uno de los pabellones, utilizó gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas. Luego, varias detenidas habrían sido retiradas por la fuerza y trasladadas hacia distintos sectores del penal. Los testimonios incorporados a la causa describieron una secuencia de violencia que habría incluido golpes, amenazas, utilización indiscriminada de gas pimienta, privación de agua, alimentos y acceso a los sanitarios y diferentes formas de humillación.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, relevó los testimonios de las víctimas y documentó lesiones y otros elementos que fueron incorporados a la investigación.
La denuncia también puso bajo la lupa la actuación de integrantes del GIE y de personal de distintas áreas de la cárcel. Uno de los aspectos más sensibles del expediente está relacionado con las denuncias de abuso sexual. Dos de las mujeres entrevistadas por los organismos que intervinieron en la causa describieron agresiones sexuales durante los procedimientos.
Una de las denunciantes relató que fue llevada a una celda donde, según su declaración, sufrió una práctica conocida como submarino húmedo. También aseguró que fue obligada a besar las botas de una autoridad penitenciaria mientras recibía golpes, escupitajos y amenazas. En su testimonio afirmó además haber sido víctima de abusos sexuales por parte de distintos agentes y haber sido obligada posteriormente a firmar documentación bajo intimidación.
Otra detenida relató que fue trasladada a un aula, donde habría sido arrodillada, golpeada y abusada sexualmente. Luego, según su declaración, quedó atada de pies y manos sobre un colchón impregnado con gas pimienta. En ese marco, además, una integrante del área de enfermería se habría negado a revisarla pese a las lesiones que presentaba.
Otros testimonios describieron situaciones igualmente graves. Una de las mujeres sostuvo que fue arrastrada de los pelos, golpeada y mantenida durante más de 15 horas en ropa interior, sin agua ni alimentos. Y otra, finalmente, denunció que permaneció durante horas inmovilizada con esposas en manos y pies mientras estaba expuesta al gas pimienta, una situación que le habría provocado dificultades respiratorias y dolores físicos persistentes.
La investigación deberá determinar ahora qué participación concreta tuvo cada una de las quince personas detenidas y si todos los episodios denunciados pueden ser atribuidos a los imputados.
La situación dentro de la Unidad N°51 no terminó con el operativo del 3 de junio: 2 días después, las detenidas realizaron una protesta para denunciar los episodios y reclamar por sus condiciones de alojamiento, pero esa manifestación también fue reprimida.
Una de las internas sufrió una lesión en un ojo y, cuando integrantes de la CPM regresaron al establecimiento, encontraron a dos detenidas convulsionando y a más de veinte mujeres afectadas por la represión y por el temor a sufrir nuevas represalias. El organismo advirtió además sobre inconsistencias en algunos informes médicos realizados después de los episodios y, en particular, cuestionó que una profesional hubiera dejado asentado que una de las mujeres no presentaba lesiones recientes, pese a que posteriormente integrantes del organismo observaron marcas en su cuerpo.
Los relatos coincidentes de las víctimas y los elementos reunidos desde entonces fueron determinantes para que la investigación avanzara hacia una instancia de mayor gravedad procesal.
La investigación había tenido un primer avance importante en junio, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense dispuso la separación preventiva de diez agentes del SPB señalados por los hechos. Entre ellos había autoridades jerárquicas de la Unidad, responsables de distintas áreas, integrantes del GIE y una trabajadora del área de enfermería.
Ahora, con las nuevas detenciones, la investigación dio un paso más: ya no se trata solamente de medidas administrativas o preventivas dentro del SPB, sino de personas que quedaron formalmente a disposición de la Justicia en una causa penal por delitos de extrema gravedad.
En paralelo, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal reconoció a la CPM como particular damnificado institucional, después de revocar una resolución de primera instancia. Los jueces Fernando Mateos y Juan Benavides consideraron que la gravedad de los hechos justificaba la participación del organismo desde las primeras etapas de la investigación. Ese antecedente fue relevante para el avance del expediente y para el seguimiento institucional de las condiciones en las que se encuentran las denunciantes.
Con las quince detenciones concretadas, el fiscal Garganta tendrá por delante una etapa decisiva: los acusados serán indagados en las próximas horas y deberán responder por los hechos que la fiscalía les atribuye. A partir de esas declaraciones y de las pruebas que ya forman parte del expediente, el Ministerio Público Fiscal (MPF) deberá definir los próximos pasos procesales.
La investigación deberá establecer también la responsabilidad individual de cada imputado, reconstruir la secuencia de los procedimientos realizados en la Unidad N°51 y determinar quiénes participaron directamente de las agresiones y quiénes pudieron haber tenido una intervención necesaria para que los hechos se produjeran o se mantuvieran.
El expediente, además, deberá avanzar sobre eventuales responsabilidades de quienes tenían funciones de mando y de aquellos que, desde áreas como sanidad, pudieron haber intervenido antes, durante o después de los episodios denunciados.
En el SPB y el citado Ministerio señalaron, en un comunicado oficial, que las medidas fueron adoptadas con el objetivo de asegurar prueba y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas en los hechos ocurridos en la Unidad 51. Las autoridades provinciales reafirmaron además su compromiso con el esclarecimiento de lo ocurrido y con el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales, al tiempo que remarcaron la necesidad de preservar el prestigio institucional.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió puertas adentro de la cárcel de Magdalena, quiénes participaron y hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades. Las quince detenciones concretadas en las últimas horas abren una nueva etapa en una investigación que comenzó con los relatos de cinco mujeres privadas de la libertad y que, en pocas semanas, pasó a poner bajo la lupa penal a autoridades, integrantes de grupos especiales y personal penitenciario.
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