Cinco mujeres detenidas denunciaron haber sido sometidas por parte de agentes penitenciarios en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena.
Cinco mujeres detenidas denunciaron haber sido sometidas a torturas, abusos sexuales, golpizas y otros castigos por parte de agentes penitenciarios en una cárcel de Magdalena luego de un operativo. Luego de las agresiones, las víctimas se manifestaron y fueron violentamente reprimidas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó testimonios, lesiones y pruebas sobre lo ocurrido.
Los episodios comenzaron el pasado 3 de junio tras una pelea entre dos internas en la Unidad Penitenciaria 51. Un grupo de agentes ingresó a un pabellón, arrojó gas pimienta y encerró a las mujeres en sus celdas. Luego intentaron obligarlas a desnudarse delante de efectivos masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y, ante la negativa, las sacaron por la fuerza para trasladarlas a distintos sectores del penal.
La iniciativa ingresada en la Legislatura sobre privatización de cárceles plantea concesiones mixtas con auditorías y nuevas funciones en penales bonaerenses.
La denuncia fue presentada por una mujer de 31 años y afirmó que su expareja ingresó a su casa sin permiso y la atacó. También relató episodios de amenazas.
Las víctimas identificaron entre las responsables a la jefa de la unidad, la subjefa, otra agente identificada y varios integrantes del GIE. Varias mujeres fueron golpeadas, esposadas, sometidas a asfixia con gas pimienta y privadas de agua, alimentos y acceso a sanitarios durante largas horas, según indicó Andar Agencia de Noticias.
Una de las denunciantes aseguró que fue llevada a una celda donde le aplicaron la práctica conocida como submarino húmedo. Según su relato, la obligaban a besar las botas de la jefa del penal mientras recibía golpes, escupitajos y amenazas. También declaró haber sufrido abusos sexuales por parte de distintos agentes y que posteriormente fue obligada a firmar documentación bajo intimidación.
Otra detenida contó que fue trasladada hasta un aula, donde fue arrodillada, golpeada y abusada sexualmente. Luego quedó atada de pies y manos sobre un colchón impregnado con gas pimienta. Según declaró, una enfermera se negó a revisarla pese a las lesiones visibles. Al ser trasladada a otra unidad encontró sus pertenencias destruidas y mezcladas con residuos.
Las otras mujeres entrevistadas describieron episodios similares. Una de ellas relató que fue arrastrada de los pelos, golpeada y mantenida durante más de 15 horas en ropa interior, sin acceso a agua ni alimentos. Otra denunció que permaneció inmovilizada durante horas con esposas en manos y pies mientras inhalaba gas pimienta de manera permanente, situación que le provocó dificultades respiratorias y dolor físico persistente.
La CPM indicó que todas las víctimas presentaban versiones coincidentes sobre la participación de los agentes y el carácter de los hechos denunciados. Además, cuestionó informes médicos realizados después de los episodios, ya que una profesional dejó constancia de que una de las mujeres no presentaba lesiones recientes pese a las marcas observadas posteriormente por equipos del organismo.
La situación volvió a agravarse dos días después de los hechos. Las mujeres alojadas en la unidad realizaron una protesta para denunciar lo ocurrido y reclamar por las condiciones de detención. La manifestación fue reprimida y una interna sufrió una lesión en un ojo. Cuando equipos de la CPM regresaron al penal encontraron a dos detenidas convulsionando y a más de veinte afectadas por la represión y el temor a nuevas represalias.
La denuncia fue presentada ante la fiscalía de turno a cargo de Álvaro Garganta y luego ampliada con nuevos testimonios. El organismo solicitó que las declaraciones sean tomadas bajo protocolos específicos para casos de tortura, violencia sexual y apremios ilegales, sin presencia de personal policial y con resguardo para las denunciantes.
Tras la presentación, las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Auditoría de Asuntos Internos desafectaron a los agentes señalados e iniciaron actuaciones para determinar responsabilidades. También intervino el juez de Ejecución José Villafañe, quien visitó la unidad y entrevistó a las detenidas.
Pese a las pruebas incorporadas en la causa, el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, rechazó la presentación de la CPM como particular damnificado institucional por considerarla prematura. El organismo apeló la decisión y sostuvo que la resolución limita su intervención como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la provincia de Buenos Aires.