Es por una causa de delitos sexuales que lleva más de 11 años en la Justicia. Una de las detenidas es dirigente de UPCN.
Dos empleados del Senado bonaerense fueron detenidos en las últimas horas, en el marco de una causa por delitos sexuales iniciada en la década pasada. El expediente se instruye en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. Una de las detenidas está vinculada al gremio UPCN.
La primera denuncia del caso fue registrada en 2014. La impulsó una joven militante que aseguró haber sido abusada. Luego, en 2019, el expediente sumó dos nuevos casos. Ya en 2025, se incorporaron otros dos episodios denunciados. En total, serían cinco las víctimas, aunque no todas decidieron seguir adelante con el proceso, por temor o por las complejas derivaciones que el caso implica. Sus identidades, por ahora, se mantienen estrictamente reservadas.
Un hombre acusado de abuso sexual en Lobos fue absuelto por un jurado ciudadano en La Plata. Estuvo detenido tres años con prisión preventiva.
Está imputado por "abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado". Además, se le atribuye promoción y facilitamiento de la corrupción de menores.
La hipótesis fiscal describe un patrón. Las denunciantes habrían sido captadas mediante “tareas de militancia”, con promesas de acompañamiento político, contención y, sobre todo, oportunidades laborales dentro del Estado. Una vez lograda la confianza, en algunos casos se habrían obtenido empleos en el Senado bonaerense o en otras reparticiones públicas. Pero esos puestos tenían una contracara: la obligación de entregar parte importante del salario bajo el argumento de “sostener tareas militantes”.
Parte de los abusos denunciados habrían ocurrido dentro del propio Senado provincial. Puntualmente, en la oficina “007”, una dependencia bajo la órbita de la Presidencia del cuerpo. Si esa hipótesis se termina comprobando, la causa no solo involucra delitos aberrantes sino también el uso de instalaciones oficiales del Estado para consumarlos.
Los dos acusados principales son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Ambos integran la planta permanente del Senado bonaerense. En el caso de Rodríguez, su nombre aparece mencionado con especial peso en el expediente: fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito en el que habría captado a una de las víctimas. Silva Muñoz, en tanto, además de su cargo legislativo integra la Secretaría de Género de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional provincia de Buenos Aires.
La defensa de ambos fue asumida por el abogado Gastón Nicocia, quien solicitó la eximición de prisión. Mientras tanto, fuentes vinculadas a la causa remarcan otro elemento alarmante: hay presuntas víctimas que hoy siguen dependiendo laboralmente de Rodríguez, lo que suma presión, temor y condicionamientos evidentes. Así lo expresaron los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, representantes de al menos tres denunciantes, quienes confirmaron esa situación en diálogo con este medio.
De acuerdo a la investigación judicial, los acusados no actuaban de manera improvisada. Una vez incorporadas al entorno político, las jóvenes eran invitadas –o presionadas– a sumarse a una presunta organización denominada “La Orden de la Luz”, que funcionaría con dinámicas que la fiscalía investiga bajo la sospecha de estructura sectaria.
Las comunicaciones internas del grupo se realizaban a través de una casilla de correo Gmail. Pero no eran mensajes corrientes: estaban redactados en un lenguaje encriptado o codificado, cargado de claves y referencias que, según fuentes del expediente, “dan la sensación de comunicaciones similares a las utilizadas en circuitos narcos”. Esa particularidad encendió otra alarma: el tipo de intercambio y las formas de organización hablan de una estructura planificada, no de improvisación.
Los investigadores analizan esa casilla electrónica, los vínculos entre los miembros del grupo y la lógica de funcionamiento interna. Lo que se investiga no es solo el delito sexual, sino también la posible existencia de una red criminal que utilizaba militancia, estructura estatal y promesas laborales como herramientas de captación.
El rol gremial también aparece. La pertenencia de Silva Muñoz a la Secretaría de Género de UPCN Provincia contrasta con el contenido de las denuncias en su contra. Para la Justicia, esa posición pudo haber funcionado como legitimación, respaldo simbólico y, eventualmente, como herramienta de poder sobre mujeres en situación de vulnerabilidad.
La investigación está en manos de la fiscal Betina Lacki, una funcionaria judicial con trayectoria fuerte en La Plata. No es un dato menor. Lacki fue quien logró llevar a juicio y conseguir condenas contra los integrantes de la llamada “Banda de los jueces”, una organización criminal que involucró a magistrados, policías y empresarios en un entramado de corrupción judicial sin precedentes recientes en la ciudad. También fue quien impulsó la elevación a juicio de la causa conocida como “Chocolate”, en la que se investigó el funcionamiento de una millonaria estructura de recaudación ilegal dentro de la Legislatura bonaerense mediante contratos falsos y desvío de fondos públicos.
Ese antecedente explica algo más: la fiscalía que hoy investiga estos posibles abusos sexuales y prácticas sectarias no es ajena al poder político bonaerense ni a la Legislatura. Ya demostró estar dispuesta a avanzar sobre terrenos sensibles. Y eso, inevitablemente, tensiona aún más el clima interno del Senado.
La causa está en plena etapa de avance. Se analizan testimonios, comunicaciones electrónicas, vínculos laborales, trayectorias dentro del Senado, dinámicas de captación y posibles responsabilidades individuales y orgánicas. No se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de denuncia.
Lo cierto es que el caso ya puso bajo sospecha el funcionamiento de una zona oscura del poder: una intersección entre política, sindicalismo, militancia, aparato estatal, relaciones de poder desiguales, presunta estructura sectaria y delitos sexuales.