"El problema no es solo la cantidad de detenidos, sino que las causas no llegan a juicio por falta de infraestructura y de magistrados. Eso genera una enorme cantidad de prisiones preventivas extendidas", explicó un funcionario judicial presente en la reunión.
Reunión con la Suprema Corte y primeras señales de cambio
Según pudo reconstruir este medio, los funcionarios de la Suprema Corte valoraron ciertos avances administrativos logrados en los últimos meses. A partir del 1° de febrero de 2025, cada fiscal de juicio quedó asignado a un tribunal oral o juzgado correccional, con el objetivo de ordenar las agendas y acelerar el inicio de los debates. Esta reestructuración, implementada sin aumento presupuestario, busca mejorar la eficiencia del sistema y reducir la mora procesal.
Una fuente judicial explicó que la Corte "vio algunas modificaciones positivas, ya que se adelantaron fechas de juicios en función de la nueva asignación de fiscales a cada unidad judicial”, aunque advirtió que “aún falta evaluar si ese cambio se traduce en resultados concretos".
El panorama estructural, sin embargo, sigue siendo preocupante. En el fuero Penal de La Plata hay tribunales que funcionan con menos jueces, edificios con avanzado deterioro edilicio, mantenimiento deficiente y una sola sala adecuada para testigos, pese a la existencia de cinco tribunales orales criminales y varios juzgados correccionales. "Es un sistema que se sostiene por la vocación del personal, no por los recursos del Estado", resumió un magistrado.
El encuentro estuvo marcado por la exposición de los funcionarios de la "Comisión Verbitsky", creada para monitorear el cumplimiento de la histórica sentencia dictada el 3 de mayo de 2005 por la Corte Suprema de la Nación, que ordenó al Estado bonaerense garantizar condiciones dignas de detención y evitar que la prisión preventiva funcione como una pena anticipada.
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La Suprema Corte bonaerense sigue de cerca el cumplimiento del histórico "fallo Verbitsky" en relación a las personas detenidas
El fallo Verbitsky y la Suprema Corte
En mayo de 2022, la Suprema Corte bonaerense dictó una resolución clave (causa P. 83.909, "Verbitsky Horacio s/ hábeas corpus"), firmada por los jueces Hilda Kogan, Daniel Soria, Sergio Torres y Luis Genoud, que relanzó el programa de seguimiento del cumplimiento de aquella sentencia nacional. El documento estableció un Plan de Cumplimiento Secuencial (PCS), que incluyó un conjunto de medidas obligatorias para los jueces, fiscales y el Poder Ejecutivo.
Entre las disposiciones más relevantes, la SCBA resolvió que los magistrados deben revisar periódicamente las prisiones preventivas, ponderar la aplicación del monitoreo electrónico y promover medidas alternativas al encierro cuando las circunstancias lo permitan. Además, prohibió expresamente el alojamiento de menores, mujeres embarazadas o enfermos en comisarías, y ordenó al Poder Ejecutivo fijar un cupo máximo y decreciente de detenidos en dependencias policiales.
"La prisión preventiva no puede funcionar como una pena anticipada", recordó la Corte en esa resolución, que además dispuso la creación de un Observatorio Participativo dentro del Tribunal para monitorear los indicadores de detención y habitabilidad carcelaria. El fallo también exhortó a la Legislatura bonaerense a revisar la legislación procesal penal, en particular los criterios de excarcelación y morigeración, para adecuarlos a los estándares internacionales de derechos humanos.
En paralelo, el máximo tribunal provincial requirió al Poder Ejecutivo bonaerense informes bimestrales sobre el avance del plan de construcción de alcaidías y la mejora edilicia de las unidades penitenciarias, con el fin de reducir el uso de comisarías como lugares de detención.
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"La prisión preventiva no puede funcionar como una pena anticipada", recordó la Corte
El colapso judicial platense y las cifras del encierro
En la reunión con la Corte, los magistrados locales describieron un panorama de demora estructural en la celebración de juicios orales, con agendas que superan los dos años de espera promedio. La sobrecarga de trabajo, la falta de personal y el deterioro edilicio agravan la situación. "Hay causas con personas detenidas hace cuatro o cinco años esperando un juicio que nunca llega", admitió uno de los jueces.
La Corte bonaerense, en su resolución de 2022, reconoció la existencia de un "estado de cosas inconstitucional" derivado de la sobrepoblación carcelaria y exhortó a los tres poderes del Estado a revertirlo. "Ni un solo factor ni una sola autoridad congregan la capacidad de respuesta frente a este problema; la solución requiere acciones conjuntas, realistas y sostenidas", señalaron los jueces en aquel fallo histórico.
El documento también subrayó que la cantidad de personas detenidas en la provincia representa una tasa de encarcelamiento superior en un 50% a la media nacional, y advirtió que las condiciones de hacinamiento "contribuyen más a la reproducción del delito que a la reinserción social".
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La "Comisión Verbitsky" funciona dentro de la Secretaría Penal de la Suprema Corte bonaerense
La "Comisión Verbitsky" y el monitoreo constante
La "Comisión Verbitsky" funciona dentro de la Secretaría Penal de la Suprema Corte bonaerense y tiene la misión de monitorear el cumplimiento de los parámetros fijados por la Corte Suprema de la Nación en materia de prisión preventiva, condiciones de habitabilidad y respeto de los derechos humanos en los lugares de detención.
Desde su reconfiguración en 2022, la comisión mantiene un seguimiento permanente sobre los departamentos judiciales con mayor conflictividad penal, entre ellos La Plata, San Martín, Lomas de Zamora y Quilmes, que concentran la mayoría de los habeas corpus colectivos presentados por defensores públicos.
Durante la última visita a La Plata, los funcionarios de la comisión exhibieron gráficos que mostraron una reducción de las personas alojadas en comisarías, pero también advirtieron que faltan cupos en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que no se ha logrado construir el número de alcaidías previsto en el plan de infraestructura judicial.
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La Plata, San Martín, Lomas de Zamora y Quilmes concentran la mayoría de los habeas corpus colectivos
El desafío: un sistema judicial sobrecargado y sin recursos
Los jueces del fuero Penal platense coincidieron en que el principal desafío del sistema es acelerar los juicios orales y mejorar las condiciones edilicias y de trabajo. En algunos tribunales, las audiencias deben reprogramarse por falta de salas o por el deterioro de los equipos técnicos de audio y video. En otros, la falta de personal impide sostener una agenda continua.
A este escenario se suma la vacancia de cargos judiciales: varios tribunales orales funcionan con jueces subrogantes, lo que genera demoras adicionales.
El panorama, reconocen en la Corte, es estructural y no se resolverá en el corto plazo. Pero los funcionarios judiciales confían en que las reformas implementadas -como la asignación directa de fiscales a tribunales y el control permanente del PCS- permitirán ordenar gradualmente el servicio de justicia.
Hacia una justicia más ágil y humanizada
El colapso del sistema penal bonaerense exige reformas estructurales y coordinación entre los tres poderes del Estado. Mientras tanto, el fuero Penal de La Plata continúa operando al límite de su capacidad. Las estadísticas oficiales y las advertencias de la Corte demuestran que el problema excede a los tribunales: es una cuestión de política judicial, penitenciaria y legislativa.
A más de veinte años del primer fallo "Verbitsky", la deuda sigue abierta. Y aunque la Corte bonaerense intenta avanzar con medidas concretas, el sistema penal platense sigue reflejando -en cifras, expedientes y rostros- una crisis que no se soluciona con más encierro, sino con más justicia, más magistrados y un análisis más profundo en el dicado o confirmaciones de prisiones preventivas.