Con la vuelta de la actividad judicial en La Plata luego de la feria de verano, comienza a funcionar el nuevo esquema que principalmente apunta a las fiscalías de juicio de todo el Departamento Judicial, tal como anticipó en exclusivo 0221.com.ar a fines de 2024. Un organigrama para el próximo quinquenio.
La Fiscalía General platense implementó una profunda reestructuración para mejorar la eficiencia del sistema judicial penal en la capital provincial. La medida responde a una serie de problemas estructurales que impactan negativamente en la administración de justicia: agendas colapsadas, falta de fiscales, recursos humanos insuficientes y una estructura organizativa que no se adaptó a las demandas actuales.
El contexto que motivó esta resolución es crítico. Las agendas de debate judicial estaban saturadas hasta 2028, producto de la acumulación de causas, las demoras en los juicios y la falta de personal, según se desprende de la resolución judicial a la que accedió este medio. La pandemia agravó este escenario, así como la aprobación de nuevas leyes sin la asignación correspondiente de recursos. Además, la estructura organizativa del Ministerio Público Fiscal no se había modificado en más de 25 años, a pesar del aumento exponencial en los índices delictivos.
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La Fiscalía General platense implementó una profunda reestructuración para mejorar la eficiencia del sistema.
Asignación específica de fiscales y rotación periódica en La Plata
Uno de los ejes principales de la reorganización es la asignación de fiscales a órganos jurisdiccionales específicos. Este sistema establece que los agentes fiscales trabajen en un Tribunal Oral en lo Criminal o un Juzgado Correccional durante un período inicial de dos años, renovable por un año más. Se estima que la especialización en un tribunal permite una mejor coordinación de las agendas, reduciendo la superposición de audiencias y acelerando el desarrollo de los casos.
La redistribución de tareas en la etapa de juicio también busca aliviar la sobrecarga de audiencias y garantizar el cumplimiento de los compromisos procesales. Esta medida es crucial, considerando las dificultades que enfrentaba el sistema para cumplir con los plazos acordados. Además, se mantienen las funciones de las Unidades Funcionales especializadas, como las dedicadas a flagrancia, estupefacientes y delitos culposos, asegurando que no se alteren sus tareas específicas.
Priorización de procesos abreviados y resoluciones alternativas
Otro punto central de la resolución es la priorización de los juicios abreviados, promoviendo su concreción antes o durante la audiencia prevista por el artículo 338 del Código Procesal Penal (CPP). La dilación de estos procedimientos ha contribuido significativamente al colapso del sistema, ya que genera fechas de juicio que luego no se utilizan y bloquean la posibilidad de resolver otras causas.
Para evitar este tipo de problemas, se instruyó a los fiscales a recopilar todos los elementos necesarios para la resolución de las causas durante la etapa de instrucción, evitando prácticas que retrasen innecesariamente los procesos. También se fomenta la aplicación de alternativas como fórmulas conciliatorias, suspensión del juicio a prueba y procedimientos abreviados. Estas herramientas son clave para reducir la cantidad de casos que llegan a juicio oral y agilizar la resolución de conflictos.
La estipulación probatoria también juega un papel relevante en la reorganización, permitiendo a las partes acordar sobre hechos y pruebas para acortar los tiempos del proceso judicial. De esta forma, se busca hacer efectivo el principio de celeridad en la administración de justicia.
Expedientes y Tribunales La Plata
Licencias y excepciones: ajustes para garantizar la continuidad
Otro aspecto relevante de la reorganización es la regulación de las licencias durante las ferias judiciales. Los fiscales, funcionarios y empleados asignados a la etapa de juicio deberán tomar sus licencias en estos periodos, pero se designarán agentes fiscales de guardia para atender los asuntos urgentes.
Asimismo, la resolución establece excepciones en casos específicos que requieren continuidad, como la causa Nº 7.700 (en la que está procesado el exjuez de Casación Martín Ordoqui) y sus acumuladas, así como los juicios por jurados en los que ya se haya celebrado la primera audiencia. Estas medidas buscan garantizar la atención adecuada de los casos más complejos y evitar interrupciones en los procesos.
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Un cambio impostergable
La reorganización de la Fiscalía General de La Plata representa un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial penal. Si bien los desafíos son enormes, las medidas implementadas buscan atacar las causas estructurales del colapso del sistema: desde la falta de personal y recursos hasta las demoras en los juicios y la saturación de las agendas. Hay 11 cargos de fiscales vacantes en el Departamento Judicial de La Plata.
Con esta asignación de los recursos disponibles, la promoción de alternativas para la resolución de conflictos y la priorización de los procesos abreviados, se espera que el sistema judicial pueda responder de manera más ágil y eficiente a las demandas de la sociedad. Este cambio no solo beneficia a los actores directos del sistema penal, sino también a la comunidad en general, que espera una justicia más rápida y efectiva.
Respaldo legal
La reorganización de la Fiscalía General de La Plata está respaldada por diversos artículos de la ley 14.442, que otorgan facultades a los fiscales de cámara para llevar a cabo las modificaciones necesarias en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Entre los artículos más relevantes se destacan:
- Artículo 28, incisos 4, 5 y 9: permiten organizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal Departamental y coordinar la labor de los agentes fiscales y funcionarios
- Artículos 67 y 68: establecen que la Fiscalía de Cámaras debe funcionar como una estructura flexible y dinámica, adaptándose a las necesidades de cada departamento judicial
- Resolución 492 de la Procuración General: autoriza al Fiscal General a implementar cambios organizativos y administrativos necesarios para garantizar un servicio de justicia eficiente
Estas bases legales refuerzan la legitimidad de las medidas adoptadas, asegurando que estén alineadas con los principios que rigen el sistema judicial.