La pelea de facciones de la UOCRA en La Plata derivó en una causa por tentativa de homicidio que transita una etapa de definiciones antes de llegar a juicio.
A un año de la violenta emboscada en el Hospital San Roque de Gonnet, que expuso la trama más cruda de la interna de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata, el expediente judicial vuelve a cobrar centralidad con un nuevo capítulo: la disputa por las condiciones de detención de los acusados.
Mientras algunos imputados lograron excarcelaciones extraordinarias, otros continúan detenidos sin siquiera acceder al arresto domiciliario. La Cámara Penal revocó beneficios otorgados en primera instancia y ahora será el Tribunal de Casación Penal bonaerense el que tenga la última palabra.
En 2017 el exjefe de la UOCRA local, Juan Pablo "Pata" Medina, fue detenido por graves delitos. El gremio sigue intervenido desde entonces y la causa, abierta.
El caso, que conmocionó a la ciudad el 25 de marzo de 2025, combina violencia barrabrava, disputas sindicales y una investigación judicial que avanza hacia el juicio oral. Con más de una decena de acusados y una calificación legal grave —tentativa de homicidio—, el proceso se encamina a una instancia decisiva, atravesado por tensiones entre la Fiscalía y las defensas.
La principal novedad judicial en la antesala del aniversario es la ofensiva de las defensas contra la resolución de la Cámara Penal de La Plata, que revocó los arrestos domiciliarios concedidos a varios imputados. El fiscal de juicio, Juan Pablo Caniggia, había apelado esas morigeraciones y obtuvo un fallo favorable. Frente a ese escenario, los abogados defensores presentaron recursos de queja ante Casación, denunciando una supuesta violación del principio de igualdad ante la ley.
De acuerdo con el letrado Germán Oviedo, defensor de uno de los acusados, el eje del conflicto es claro: hay imputados con la misma acusación que están en libertad plena bajo excarcelación extraordinaria, mientras otros ni siquiera acceden al arresto domiciliario. Según explicó, las condiciones son idénticas en términos jurídicos, pero las respuestas judiciales no.
El argumento central de la defensa apunta a una supuesta selectividad en las decisiones, puesto que mientras algunos acusados permanecen en libertad con restricciones mínimas, otros —particularmente vinculados a Iván Tobar, uno de los dirigentes que se disputa la conducción del gremio— continúan privados de su libertad en condiciones más gravosas. Oviedo fue incluso más allá y cuestionó lo que definió como un "derecho penal de apellido", en contraposición al principio de juzgar hechos y no personas. Esa línea argumental será ahora evaluada por Casación, en una resolución que podría impactar directamente en cómo llegarán los imputados al juicio oral.
El trasfondo de esta disputa judicial remite a una de las escenas más violentas que se recuerden en la historia reciente de la ciudad. El 25 de marzo de 2025, en plena luz del día, el centro de salud Gonnet se transformó en un campo de batalla. Un grupo de al menos veinte personas, en su mayoría identificados como barras de Estudiantes y ligados al sector de la UOCRA que conduce Tobar, irrumpió armado con machetes, palos y armas de fuego contra otro grupo vinculado a la barra de Gimnasia y alineado con el sector de la familia del excacique sindical Juan Pablo "Pata" Medina.
Las víctimas estaban en el hospital esperando noticias de un herido cuando fueron sorprendidas por el ataque. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad y en decenas de testimonios que describieron corridas, gritos, disparos y personas heridas en medio de un hospital público.
La Fiscalía sostuvo desde el inicio que no se trató de un enfrentamiento espontáneo, sino de una emboscada planificada. La hipótesis de un "plan criminal coordinado" fue clave para sostener la imputación por tentativa de homicidio.
El expediente incluye a un grupo numeroso de imputados, muchos de ellos con vínculos directos con las facciones enfrentadas dentro del gremio. Se trata de Santiago Tobar, Emiliano D'Amico, Luis Nievas, Rodrigo Tobar, Brian Gamarra, Exequiel David Ávila, Fabricio Agustín Borgert, Maximiliano Ezequiel Ramos, Jonatan Osvaldo Ruiz, Nicolás Agustín Tobar, Oscar "Osty" Monzón, Facundo Leandro Zacarías, Nelson Rolando Bordón, Mauro Yoel Perrilli, Juan Carlos Carrazán y Lucas Cardellini. A ellos se suma Víctor Alexis Ybarra, quien fue procesado pero excarcelado tras considerarse que su participación en el ataque fue marginal. Continúa imputado, aunque en libertad.
En es contexto y aunque permanece detenido en el fuero federal a raíz de otra causa, Tobar —referente de la Agrupación Blanca y Azul en la UOCRA— quedó desvinculado del hecho. Su figura, sin embargo, sobrevuela el proceso como la de un jefe que, aunque formalmente afuera, sigue proyectando influencia.
Lo ocurrido en Gonnet fue apenas la cara visible de una disputa mucho más profunda. Detrás de la violencia aparecen intereses vinculados al control de la obra pública, la administración de cooperativas y el manejo territorial en distintos barrios. La interna de la UOCRA en la región enfrenta desde hace años a distintos sectores con base en estructuras que combinan sindicalismo, barrasbravas y vínculos políticos: de un lado, el armado vinculado a la Agrupación Blanca y Azul; del otro, los seguidores históricos de la familia Medina. En ese esquema, los episodios de violencia funcionan como mecanismos de disputa de poder.
La interna de la UOCRA en la región enfrenta desde hace años a distintos sectores con base en estructuras que combinan sindicalismo, barrasbravas y vínculos políticos: de un lado, el armado vinculado a la Agrupación Blanca y Azul; del otro, los seguidores históricos de la familia Medina
El hospital, en ese contexto, fue el escenario circunstancial de una confrontación que excede largamente ese episodio puntual.
La causa fue elevada a juicio y quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1, que ya realizó audiencias preliminares para ordenar el debate. El expediente cuenta con un volumen probatorio significativo: videos, pericias telefónicas, testimonios de víctimas, informes médicos y registros del lugar del hecho. La instrucción logró sostenerse en todas las instancias de revisión, lo que fortaleció la acusación.
El fiscal de juicio ya presentó su ofrecimiento de pruebas, mientras que las defensas se encuentran en la misma etapa. El próximo paso será que el tribunal dicte la resolución que fije la fecha de inicio del proceso, que se anticipa extenso y complejo. En paralelo, la discusión por las condiciones de detención sigue abierta y podría modificar el escenario del debate: no es lo mismo un juicio con imputados detenidos que con acusados en libertad.
A 12 meses del hecho, el caso entra en una etapa decisiva. La resolución de Casación sobre las detenciones será un primer indicio de cómo se posicionará la Justicia frente a los planteos de las defensas. Luego llegará el juicio oral, donde se pondrán en juego no solo las responsabilidades individuales, sino también la reconstrucción de una trama que mezcla violencia organizada, intereses económicos y estructuras de poder.
En los tribunales de La Plata hay una certeza compartida: el debate por los enfrentamientos en Gonnet no será un juicio más: en buena medida será un espejo de cómo operan las lógicas de poder en uno de los gremios más influyentes de la región y también una prueba para la Justicia, que deberá demostrar si está en condiciones de dar una respuesta contundente frente a hechos de violencia que, por su gravedad, marcaron a toda una ciudad.