La norma promulgada por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, permite registrar a deudores desde el primer incumplimiento.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, promulgó la Ley 15.520, que actualiza el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). El objetivo es fortalecer el derecho de las mujeres y los niños al cumplimiento de la cuota alimentaria.
La norma permitirá inscribir a deudores alimentarios desde el primer incumplimiento, sea por alimentos provisorios o definitivos. Hasta ahora, el registro solo admitía a quienes acumulaban tres cuotas consecutivas o cinco alternadas.
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La nueva legislación también establece sanciones para los responsables solidarios del pago, como empleadores o acreedores intimados judicialmente. Ellos también podrán ser inscriptos en el RDAM. Además, se modifican penas como la suspensión de habilitaciones comerciales o industriales, aunque se prevé la posibilidad de otorgar permisos provisorios si no hay otra fuente de ingresos.
Otra de las incorporaciones relevantes es la imposibilidad de registrarse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos si se figura como deudor alimentario. La iniciativa tiene antecedentes en la Ley 15.513, sancionada en 2024.
La ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, destacó que la ley “garantiza equidad y fortalece derechos”. Kicillof afirmó que se trata de un avance logrado con el esfuerzo de todos los poderes del Estado para abordar esta problemática.
El gobierno de la Provincia analiza la posibilidad de restringir el uso de motocicletas con acompañantes en determinados horarios y zonas, como parte de una estrategia contra delitos cometidos bajo la modalidad de “motochorros”. La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Según explicó el funcionario en una conferencia realizada en La Plata, la iniciativa solo se aplicará si es solicitada por los intendentes. La normativa vigente habilita al Ministerio de seguridad a disponer este tipo de restricciones, en el marco de la ley conocida como “Antimotochorros”, sancionada en 2009.
La legislación permite que los municipios delimiten zonas y franjas horarias para prohibir el traslado de dos personas en una moto. También contempla la obligatoriedad de portar la patente visible en el casco y el chaleco del conductor.
La propuesta será presentada ante la Mesa de Coordinación Política de Seguridad, que se reúne mensualmente en cada distrito. Si bien el foco está puesto en el Conurbano, la medida podría implementarse en cualquiera de los 135 municipios.