sábado 08 de junio de 2024

La Justicia rechazó un amparo contra la suba del impuesto inmobiliario rural en la provincia

La Justicia bonaerense decidió rechazar una medida cautelar presentada por un productor de La Plata contra ARBA, por el Impuesto Inmobiliario Rural.

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La Justicia rechazó una medida cautelar presentada por un productor agropecuario contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para no pagar el incremento del inmobiliario rural. Una jueza de La Plata desestimó la solicitud entendiendo que el organismo liquidó el impuesto de manera correcta.

El productor agropecuario platense Raúl Alberto Remorini fue quien solicitó la medida y la magistrada en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, María Ventura Martínez, quien tomó la decisión. Se trató de la segunda presentación en lo que va del año, contra ese tributo, que es rechazada. La primera fue de un productor ganadero de la localidad de San Vicente, que buscaba también darle marcha atrás al aumento a través de una acción declarativa de certeza porque entendía que era "ilegitimo y confiscatorio".

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El reclamo de Remorini manifestaba que la agencia no respetaba el tope de 200% de incremento respecto del impuesto de 2023. Además, decía que tampoco respetaba el principio de legalidad en materia tributaria al delegar en ARBA el incremento del impuesto.

Cabe recordar que en diciembre de 2023, en la Legislatura se dispuso el tope del 200% del aumento del tributo inmobiliario rural pero según denunciaron muchos productores, la primera cuota del 2024 llegó con boletas con hasta un 500% de aumento.

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Varios productores se manifestaron por los aumentos cobrados en el impuesto inmobiliario rural de ARBA.

Varios productores se manifestaron por los aumentos cobrados en el impuesto inmobiliario rural de ARBA.

Sin embargo, luego de evaluar los diferentes argumentos de las partes involucradas, para rechazarla, la jueza consideró que la interposición de esta medida cautelar no tenía a lugar porque no se acreditó la verosimilitud del derecho, porque el límite de imposición proveniente del consenso (alícuota del 3%) no estaba operativo y “el impuesto fue correctamente liquidado, como informa ARBA”.

Por otra parte, tampoco se demostró peligro en la demora, el otro componente que tiene que existir para que el acusante pueda tener el visto bueno de la justicia.

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