La Justicia de La Plata confirmó una cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó mantener las obligaciones actuales de AySA.
La Justicia bonaerense le puso un freno al avance de la privatización de AySA, al confirmar una medida cautelar que impide a la empresa reducir, modificar o limitar las obligaciones que tiene actualmente para garantizar el acceso al agua potable, la salud pública y el cuidado del ambiente.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que rechazó la apelación presentada contra la cautelar y, al mismo tiempo, dispuso que la causa continúe su trámite ante la Justicia federal.
Un fiscal de menores apeló la suspensión de la Ley Penal Juvenil en Buenos Aires, mientras crecen las críticas al fallo que frenó su aplicación.
El magistrado Raúl Dalto había apelado la suspensión impuesta por el máximo tribunal bonaerense, pero no obtuvo respuesta y decidió dar un paso al costado.
El planteo había sido presentado por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y cuestiona las condiciones del nuevo contrato de concesión que el gobierno nacional vinculó con el proceso de privatización. La resolución busca evitar que, durante esa transición, se modifiquen los estándares y obligaciones vigentes.
En concreto, la medida cautelar establece que AySA debe abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificar, reducir, limitar, suspender o alterar las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de agua potable, la salud pública y el ambiente.
AySA debe abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificar, reducir, limitar, suspender o alterar las obligaciones relacionadas con la prestación del servicio de agua potable
El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez y confirma la resolución que había dictado previamente el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata.
El planteo judicial adquirió especial relevancia porque el gobierno nacional avanza con la privatización de la empresa. El proceso contempla la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El Ejecutivo había establecido que la presentación de ofertas para quedarse con el paquete accionario se realizará hasta el 15 de septiembre a las 9.59, mientras que la apertura de las propuestas está prevista para las 10 de ese mismo día.
De esta manera, la resolución judicial no implica por sí misma la anulación del proceso de privatización, sino que mantiene vigente la cautelar mientras la discusión judicial continúa y establece que el expediente deberá ser analizado por el fuero federal.
