La investigación apunta al destino de los dólares aportados por inversores para construir edificios en La Plata. Entre los damnificados figura Pedro Troglio.
La Justicia de La Plata avanzó en la investigación por presunta administración fraudulenta en la desarrolladora inmobiliaria ABES y citó a declaración indagatoria al abogado Diego Elias Lacki, señalado por su presunta intervención en el manejo de los fondos aportados por inversores para la construcción de edificios que no llegaron a terminarse.
La resolución del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, describe un esquema que habría involucrado a distintos fideicomisos inmobiliarios administrados por ABES Desarrolladora de Negocios SRL. Según la hipótesis de la acusación, parte del dinero entregado por los inversores habría sido destinado a gastos de la propia empresa, de otras sociedades vinculadas o de otros emprendimientos, en lugar de aplicarse a las obras para las que había sido aportado.
Entre las personas damnificadas que aparecen en el expediente se encuentra Pedro Troglio, exfutbolista y entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. El documento fiscal también menciona a su pareja, Alejandra Soledad Alonso, quien invirtió en uno de los emprendimientos de la firma. Ambos son asistidos por los letrados Alfredo Gascón y Miguel Molina.
La investigación comprende varios fideicomisos inmobiliarios, entre ellos Abes Thymos, Abes Dezzeo, Abes Vita, Abes Lucero y Abes Alquimia. En esos proyectos, los inversores entregaron dinero —en algunos casos, sumas de cientos de miles de dólares— con la expectativa de recibir departamentos, cocheras o una renta hasta la finalización de las obras.
La fiscalía sostiene que los fondos no siempre habrían sido utilizados para el destino previsto en los contratos. Entre las maniobras descriptas aparecen la imputación de ingresos a gastos operativos de la sociedad fiduciaria, el uso de recursos para afrontar obligaciones de otros emprendimientos, la asignación de unidades funcionales para compensar deudas y operaciones de dinero que no habrían quedado registradas en las planillas contables analizadas.
La hipótesis investigativa es que ese manejo habría perjudicado a los fiduciantes, que no recibieron las unidades comprometidas, y habría generado un beneficio patrimonial indebido para los responsables de la administración y para terceros.
El expediente incorpora fotografías e informes sobre el estado de las construcciones. En uno de los casos, el de Abes Vita, los investigadores consignaron que el terreno se encontraba cerrado y sin que se hubiera iniciado la obra prometida. Para otros emprendimientos, se documentaron edificios cuya construcción permanecía inconclusa.
El nombre de Pedro Troglio aparece vinculado a más de una operación inmobiliaria investigada. Según la resolución, el exfutbolista declaró como víctima en el expediente y su testimonio fue considerado junto con el de su pareja, Alejandra Alonso.
En relación con el fideicomiso Abes Dezzeo, Alonso denunció haber aportado 64.092 dólares para adquirir un departamento de un dormitorio en un edificio proyectado en calle 55, entre 4 y 5, de La Plata. La obra tenía una fecha estimada de finalización para el segundo trimestre de 2025, pero no fue concluida en los términos acordados.
La mujer declaró que la operación había sido gestionada por Troglio con Diego Lacki, quien, según el relato incorporado a la causa, se presentaba como dueño de la empresa y ofrecía inversiones en departamentos en construcción.
La resolución también individualiza un aporte de Troglio de 93.650 dólares para obtener una unidad funcional en el fideicomiso Abes Lucero, en un edificio proyectado en calle 59, entre 10 y 11. En ese emprendimiento, la fiscalía describe presuntos desvíos de fondos y compensaciones de obligaciones contraídas por otros fideicomisos o por la sociedad fiduciaria.
Los investigadores reunieron, además, testimonios de otros inversores que afirmaron haber entregado dólares en efectivo en las oficinas de ABES, firmado contratos de adhesión y recibido comunicaciones periódicas sobre supuestos avances de las obras que finalmente no se terminaron.
La resolución reconstruye la participación que habrían tenido distintos integrantes de la estructura empresarial. Según la acusación, Diego Lacki contaba con facultades para administrar y disponer de bienes de ABES y de los fideicomisos en los que la empresa intervenía como fiduciaria.
Entre los elementos valorados figura un poder especial amplio de administración y disposición otorgado en julio de 2020 por Gustavo Tejada Ibáñez, entonces socio gerente de ABES. Ese instrumento habilitaba a Lacki, Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque a realizar distintas operaciones sobre bienes de la sociedad y de los fideicomisos vinculados.
La fiscalía también tuvo en cuenta testimonios de inversores que identificaron a Lacki como una de las personas que ofrecían las inversiones, negociaban las condiciones y mantenían contacto con los aportantes. En algunos casos se incorporaron mensajes, audios y documentación contractual para respaldar esos relatos.
En cuanto a Macarena Núñez, el expediente señala que había sido designada socia gerente de la sociedad y que intervino en la firma de contratos y en la recepción de pagos. Respecto de Juan Ignacio Eulloque, la acusación describe tareas como apoderado de la empresa, con intervención en operaciones en efectivo, suscripción de contratos y envío de comunicaciones sobre el avance de las obras.
La fiscalía considera que esas funciones habrían contribuido a la operatoria investigada. La determinación de las responsabilidades individuales deberá establecerse en el curso del proceso penal.
El documento advierte que la imputación se formula con el grado de provisionalidad propio de esta etapa y que podría ampliarse a partir de nuevas medidas de prueba, tanto por otros hechos como por la eventual intervención de más personas.
La causa reúne denuncias y actuaciones vinculadas con distintos fideicomisos, además de documentación societaria, contratos, registros contables, informes sobre los inmuebles y testimonios de inversores.
El punto central de la investigación es determinar qué ocurrió con el dinero aportado para cada desarrollo, cómo se registraron los movimientos entre los emprendimientos y quiénes tuvieron responsabilidad en las decisiones que dejaron las obras sin terminar.
Por ahora, la resolución fiscal expone la hipótesis acusatoria y los elementos reunidos para sostenerla. La imputación no equivale a una condena ni implica que la responsabilidad penal de los señalados esté definitivamente establecida.
