Buscan conocer las consecuencias económicas y previsionales que tendrá el traspaso de trabajadores de colegios privados al IPS durante las próximas décadas.
El traspaso de docentes extraprogramáticos y personal no docente de colegios privados al régimen previsional bonaerense sumó un nuevo capítulo. Un pedido de informes busca conocer cuántos trabajadores serán alcanzados por la medida y cuál será su impacto sobre las cuentas del IPS durante los próximos años.
La iniciativa plantea conocer la cantidad de trabajadores que dejarán de realizar sus aportes a la ANSES para incorporarse al sistema provincial, con datos discriminados entre docentes extraprogramáticos y personal no docente, además de su distribución por región educativa y distrito.
El pedido también apunta a determinar si se realizaron estudios técnicos antes de avanzar con el cambio y reclama conocer las proyecciones de ingresos adicionales que recibirá el IPS por aportes personales y contribuciones patronales durante los próximos 10, 20 y 30 años.
A su vez, busca establecer cuál será el impacto que tendrá la incorporación de estos trabajadores sobre las futuras jubilaciones y pensiones, el déficit financiero y actuarial del organismo previsional y el costo que deberá afrontar la Provincia en las próximas décadas.
La iniciativa fue presentada por el senador bonaerense de Hechos – UCR Identidad, Marcelo "Chuby" Leguizamón, quien advirtió que una decisión de estas características debe contar con estudios técnicos que permitan evaluar la sustentabilidad del sistema previsional en el tiempo.
El conflicto se originó a partir de una modificación incluida en la Ley de Presupuesto 2026, que estableció que los docentes extraprogramáticos y el personal no docente de los colegios privados pasarán a aportar al IPS en lugar de hacerlo al sistema nacional administrado por ANSES.
Leguizamón también pidió conocer la edad promedio de los trabajadores alcanzados, la cantidad estimada de futuras jubilaciones y pensiones que generará el cambio y si el IPS elaboró distintos escenarios de proyección que contemplen variables como la evolución salarial, la expectativa de vida y la relación entre aportantes activos y beneficiarios.
La medida fue cuestionada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA), que acudió a la Justicia para solicitar que se declare la inconstitucionalidad del cambio. La entidad sostiene que las instituciones continúan alcanzadas por normas nacionales y que no existe una disposición que las libere expresamente de realizar aportes al sistema nacional.
Según estimaciones del sector, el traspaso podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre personal auxiliar, empleados no docentes y docentes que dictan actividades por fuera de la planta funcional obligatoria. Además, advierten que la modificación podría incrementar los costos laborales de las instituciones y afectar el salario de bolsillo de los trabajadores.
La controversia también llegó a la Corte Suprema, luego de que el Gobierno nacional promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la normativa bonaerense. En ese marco, el pedido de informes busca obtener información sobre las consecuencias económicas y previsionales de una medida que podría modificar durante las próximas décadas el funcionamiento de ambos sistemas.
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