La CPM detectó a seis mujeres detenidas en la comisaría Tercera de La Plata. La Justicia ordenó su traslado y obras para mejorar las condiciones de detención.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que seis mujeres permanecían detenidas en la comisaría Tercera de La Plata, pese a que la dependencia tenía una clausura administrativa y judicial que prohibía alojar personas privadas de la libertad. Tras una inspección, el organismo presentó un habeas corpus colectivo y la Justicia ordenó trasladarlas a establecimientos habilitados.
El relevamiento se realizó en el marco de las tareas de monitoreo que la CPM lleva adelante como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Durante la recorrida, el equipo constató que las mujeres estaban alojadas en condiciones que describió como inhumanas y sin acceso a derechos básicos.
Un auto volcó en Melchor Romero y terminó en un zanjón. Los cinco ocupantes sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn.
Delincuentes forzaron rejas y puertas de una iglesia de La Plata y se llevaron canillas, dos termotanques eléctricos, platos y cubiertos, entre otros elementos.
Según el informe, las detenidas se encontraban hacinadas en celdas pequeñas y sucias, con insectos, restos de materia fecal de roedores y olor a orina. Los calabozos de la comisaría ubicada en Los Hornos no tenían ventanas y la iluminación permanecía encendida durante las 24 horas.
La situación también alcanzaba a los sanitarios. Los baños estaban tapados y cerca de desbordarse, por lo que las mujeres debían orinar en botellas. Además, no contaban con agua caliente para higienizarse y, de acuerdo con lo informado por la CPM, tenían dificultades para acceder a la atención médica y psicológica.
A partir de la presentación, el Juzgado de Ejecución Penal de La Plata dispuso mantener la prohibición de alojar personas detenidas en la comisaría Tercera y ordenó el traslado inmediato de las mujeres a dependencias habilitadas y con condiciones dignas de alojamiento.
La resolución también estableció que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad bonaerenses realicen tareas de mantenimiento y limpieza en las celdas, reparen los sanitarios, desobstruyan los desagües cloacales y lleven adelante trabajos de fumigación y desinfección. Además, dispuso instalar un termotanque para garantizar el suministro de agua caliente.
El fallo también ordenó asegurar la atención médica y psicológica inmediata de las detenidas. En sus fundamentos, el juez señaló que las condiciones de alojamiento deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contar con una infraestructura digna y humanitaria.
El caso se suma a una problemática que la CPM viene registrando en las dependencias policiales bonaerenses. Según los datos abiertos del organismo correspondientes a 2025, el 33% de las comisarías de la provincia estaban clausuradas por disposición judicial o administrativa y, aun así, alojaban al 12% de las personas detenidas en dependencias policiales.
La denuncia por lo ocurrido en Los Hornos volvió a poner bajo la lupa el cumplimiento de las clausuras y las condiciones en las que permanecen las personas detenidas en las comisarías de la provincia.
