La tragedia comenzó en vísperas del Día de la Madre y se desató en el Pabellón 16 de la cárcel de Magdalena, tras un fallido intento de represión del SPB.
Se cumplen dos décadas de uno de los hechos más trágicos y dolorosos en la historia del sistema penitenciario bonaerense conocido como la Masacre en Magdalena: el incendio en la Unidad Penal N°28 de esa localidad lindera a La Plata, ocurrido en la madrugada del 16 de octubre de 2005 y que se cobró la vida de 33 internos.
La tragedia, que comenzó la noche anterior, en vísperas del Día de la Madre, se desató en el Pabellón 16 cuando un intento de represión por parte del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tras una pelea entre detenidos derivó en el incendio del sector.
Dos policías terminaron en el Hospital Alejandro Korn tras chocar entre sí. Perseguían una moto robada, el delincuente escapó y lo buscan en La Plata.
El conductor de un Ford Fiesta sufrió un fuerte accidente de tránsito en pleno centro de La Plata. El hombre fue atendido por una ambulancia del SAME.
Según se probó en la causa judicial, los presos prendieron fuego a colchones, hechos de un material altamente tóxico y no ignífugo, como "escudos" ante el avance de los guardias, que habrían disparado municiones antitumulto.
La masacre no fue solo resultado del fuego y el humo asfixiante: las graves fallas de infraestructura, la falta de un sistema antincendios adecuado y operativo (no había presión de agua ni matafuegos cargados) y, fundamentalmente, la desidia y la acción criminal de agentes penitenciarios que cerraron la puerta del pabellón, impidiendo la salida de las víctimas, fueron determinantes. La mayoría de los fallecidos eran jóvenes y estaban alojados bajo prisión preventiva, sin condena firme.
A pesar del tiempo transcurrido, la masacre de Magdalena sigue siendo un símbolo de la violencia institucional y la precariedad de las condiciones de encierro. La lucha de los familiares de las víctimas y de organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue clave para que el caso llegara a juicio.
Tras un largo proceso judicial, en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de La Plata condenó a dos oficiales penitenciarios a penas de 25 y 10 años de prisión por "homicidio simple" en 33 casos y a un exjefe del penal a 5 años por "incendio culposo agravado", por no mantener en condiciones el pabellón. Las condenas marcaron un precedente, aunque el camino hacia la justicia plena y la rendición de cuentas por parte de las más altas esferas políticas y penitenciarias no ha cesado.
A dos décadas de la masacre, organizaciones y familiares recuerdan a las 33 víctimas y continúan alertando sobre las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y tortura que, según denuncian, persisten en muchas unidades penales y comisarías bonaerenses, recordando que el riesgo de que una tragedia similar se repita sigue latente. El aniversario se convierte así en un renovado llamado a la memoria, la verdad y la justicia.
Los condenados son el exdirector de la Unidad, Daniel Oscar Tejeda; el entonces jefe de guardia Raimundo Héctor Fernández y el oficial a cargo, Rubén Alejandro Montes de Oca.
Por su parte, fueron absueltos en primera instancia Cristian Alberto Núñez, Carlos Augusto Bustos, Mauricio Alejandro Giannobile, Jorge Luis Martí, Gualberto Darío Molina, Maximiliano Morcella, Gonzalo Rafael Pérez, María del Rosario Roma (luego condenada en Casación), Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Juan Emiliano Santamaría, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Eduardo Gabriel Villarreal y Juan Eduardo Zaccheo.
Raimundo Héctor Fernández fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de "homicidio simple" y "tentativa de homicidio simple cometidos con dolo eventual" contra los 33 detenidos que murieron esa noche. Pero la Sala I de Casación bonaerense (con votos de los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral) reencuadró el caso como "abandono de persona seguida de muerte" y aplicó una pena sustancialmente menor: 15 años.
En la misma resolución anuló la absolución de María del Rosario Roma por el delito de "abandono de persona seguida de muerte" y ordenó a los jueces a cargo del debate oral que apliquen la condena. Por los mismos delitos, Rubén Alejandro Montes de Oca, quien estaba encargado de la apertura y el cierre de las puertas, fue condenado a 10 años de prisión. Además, el Tribunal condenó a Tejeda a la pena de 5 años de prisión por el delito de estrago culposo. Esas condenas fueron ratificadas en Casación y la Provincia firmó un acuerdo de solución amistosa por el caso en estrados internacionales.