El bloque de La Libertad Avanza quiere saber cuánto pagó la Municipalidad de La Plata y en dónde se van a usar los vehículos para controlar el estacionamiento.
El bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) presentó en el Concejo Deliberante de La Plata un pedido para que el Municipio informe si efectivamente se adquirieron, y en qué condiciones, tres autos "cazainfractores" destinados al control del Estacionamiento Medido en las calles de la ciudad.
En el proyecto de resolución que ingresó este miércoles, los ediles Guillermo Bardón, Florencia Defeo, Belén Muñoz y Florencia Barcia reclaman precisiones al Departamento Ejecutivo sobre la compra por la licitación privada Nº 93 que autorizó el intendente Julio Alak por el Decreto Municipal Nº 2.270/2025. Allí se habilitaba la adquisición de tres vehículos livianos, del segmento A o "City Cars", destinados a las tareas de fiscalización por un presupuesto de más de 70 millones de pesos.
Los ediles de LLA piden precisiones sobre el vehículo que lee las patentes en La Plata para controlar si se pagó estacionamiento medido.
En el texto, el bloque solicita información detallada sobre la empresa adjudicataria, las condiciones de la oferta y el monto final que se pagó, las características técnicas de los vehículos, la imputación presupuestaria definitiva y la ejecución del gasto, así como el área a la que serán asignados. También piden que se explique la justificación operativa de la compra en relación con el sistema de Estacionamiento Medido.
En los fundamentos, los ediles ponen el énfasis en el monto de la compra que, según el decreto firmado por Alak tiene un presupuesto estimado de $70.861.452,00 y está fundada "en la necesidad de mejorar la capacidad operativa de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia".
"La adquisición de vehículos con fondos públicos requiere no solo transparencia en el proceso licitatorio, sino también claridad en su destino operativo, su impacto territorial y su articulación con los sistemas de control existentes", señalan.
"Corresponde que se solicite información precisa, actualizada y verificable sobre el cumplimiento del Decreto N° 2.270/2025, en ejercicio de su rol de control político, administrativo y presupuestario, y en defensa del uso responsable de los recursos públicos", concluyen.