El Ministerio de Justicia y DD.HH. bonaerense propuso una serie de acciones para evitar que se repita otro episodio similar a la Masacre en Magdalena del 2005.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó en la jornada del martes un acta de compromiso de solución amistosa por la trágica Masacre en Magdalena con el objetivo de bajar la sobrepoblación en las cárceles y regular la actuación penitenciaria para que no haya más muertes por las malas condiciones de detención.
Se trata del litigio internacional abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2005 en el Pabellón 16 de la Unidad 28 de la ciudad de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el que fallecieron 33 personas privadas de la libertad.
La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires emitió una resolución con una nueva mirada sobre el incendio bautizado como la "Masacre en Magdalena".
"Por instrucción del gobernador Axel Kicillof hemos podido avanzar con este acta acuerdo de solución amistosa, que tiene como objetivo asumir una serie de compromisos por parte de la Provincia para iniciar el proceso de reparación de derechos y arbitrar las medidas necesarias para evitar que una situación de esas características se repita en el futuro", destacó el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena.
Entre las acciones que se acordaron se destaca la confección de un protocolo de investigación de muertes en contexto de encierro; la capacitación a agentes judiciales en materia de revisión de medidas cautelares y evaluación de medidas de ejecución de pena; la consolidación e institucionalización de los protocolos contra incendios; y la incorporación del caso "Magdalena" a la currícula de la escuela de cadetes del SPB; entre otras.
Además del ministro, participaron de la firma del acta los subsecretarios de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Derechos Humanos, Matías Moreno; y el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, el Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Carral; el subsecretario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Leandro Gáspari; la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; y Sofía Caravelos, en representación del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
De acuerdo a la versión reconstruida por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), todo comenzó con una discusión entre dos presos durante la noche del 15 de octubre de 2005. En el marco de la pelea, quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense ingresaron al módulo para reprimir el conflicto y realizaron al menos 21 disparos con munición de goma dentro del espacio cerrado, lo que llevó a un interno a iniciar un fuego a modo de protesta.
Al comenzar el incendio los penitenciarios decidieron trabar la puerta, convirtiendo el pabellón en llamas en una trampa mortal. De las 35 personas que se encontraban dentro del pabellón al momento del incendio, solo dos sobrevivieron por las tareas de rescate realizadas por otros internos de la misma Unidad.
En febrero de 2018, casi 13 años después de aquella fatídica noche, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 5 de La Plata condenó al director del penal de ese momento, al jefe de turno y responsable del operativo represivo, y a un agente penitenciario.
Sin embargo, hace poco más de un mes, a 19 años del hecho, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dispuso que el Tribunal de Casación revise la absolución de un penitenciario en 2018 en el juicio oral.
Se trata de Juan Emiliano Santamaría, quien era el encargado de los módulos 15 y 16 del Complejo Penitenciario de Magdalena y había sido juzgado por el delito de "abandono de persona seguido de muerte y lesiones", aunque resultó absuelto.